La fiscalía peruana renunció el martes a un pedido para encarcelar de forma preventiva a la excandidata derechista Keiko Fujimori por comunicarse con testigos durante un juicio que se le sigue por presunto lavado de activos ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
La fiscal Teresa Tapia le dijo a un juez de segunda instancia en Lima que desistían «del recurso de apelación» luego que otro magistrado declaró improcedente el pedido de prisión preventiva en junio porque la fiscalía no avisó a Fujimori que estaba incumpliendo las reglas de conducta que permitieron liberarla en 2020 y postular a la presidencia de Perú.
Advertir a un acusado de que incumple normas de conducta, en este caso conversar con testigos, es requisito clave antes de enviarlo otra vez a prisión preventiva, dictaminaron los jueces peruanos. En años anteriores Fujimori ha estado en total 13 meses encarcelada cumpliendo prisiones preventivas.
«Sí debió corresponder un apercibimiento (una advertencia) a la acusada a efectos de que cumpla con las reglas de conducta», admitió la fiscal Tapia. Por eso su oficina renunció a la apelación.
El juicio contra Fujimori sigue vigente. La excandidata presidencial está acusada desde marzo de liderar una organización criminal que lavó dinero de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos millonarios que aportaron en secreto a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las cuáles perdió. Fujimori volvió a ser derrotada en 2021 por el ahora presidente Pedro Castillo.
En la actualidad Fujimori, de 46 años y madre de dos niñas, es jefa de un partido de oposición llamado Fuerza Popular. Tiene 24 legisladores en el Congreso unicameral peruano de 130 miembros.
