La Fiscalía de Nicaragua acusó por presunto lavado de dinero al periodista Carlos Fernando Chamorro y a su hermano, el detenido exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, mientras amplió los cargos contra Cristiana Chamorro, hermana de ambos y exaspirante a la presidencia que está bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio.
En un comunicado, el Ministerio Público informó ayer que prosigue la investigación contra la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG fundada por la exmandataria (1990-1997) al concluir su mandato presidencial y que cerró operaciones en febrero pasado. Tres de sus cuatro hijos son los acusados por las autoridades.
El informe señaló que a Cristiana Chamorro se le acusa actualmente también por «apropiación y retención indebida, y gestión abusiva», mismos cargos imputados a su hermano Pedro Joaquín, encarcelado el pasado 26 de junio como parte de una ola de arrestos de opositores en el país.
Mientras tanto, a Carlos Fernando Chamorro se le acusa por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, precisó el comunicado.
Carlos Fernando Chamorro, influyente periodista y director de tres medios de comunicación cuyas instalaciones fueron allanadas dos veces por la policía, se encuentra exiliado en Costa Rica desde el mes pasado.
El Ministerio Público anunció además que un juez local dictó prisión preventiva para dos exempleados administrativos de la Fundación, detenidos desde el pasado 27 de mayo, y que ordenó la captura de otros cinco extrabajadores de la Fundación Chamorro, tres de ellos imputados como supuestos «cooperadores necesarios» para el delito de lavado de dinero.
Pedro Joaquín, Cristiana y Carlos Fernando Chamorro Barrios son periodistas e hijos de la expresidenta Violeta Barrios, viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por sicarios del dictador Anastasio Somoza en 1978.
Violeta Chamorro gobernó Nicaragua tras derrotar en las urnas al primer gobierno sandinista (1979-1990) y a su candidato el presidente Daniel Ortega, quien retornó al poder en 2007, se reeligió en 2011 y 2016, y aspira a un cuarto mandato consecutivo junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las elecciones del 7 de noviembre se celebrarán en medio de una crisis política que se inició con una revuelta social en abril de 2018, donde 328 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas a manos de policías y paramilitares sandinistas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La crisis se agudizó con el arresto de 33 opositores en los últimos tres meses entre líderes políticos, exguerrilleros, estudiantes, empresarios y periodistas. Siete de los encarcelados aspiraban a competir contra Ortega en los comicios.
Según la oposición, existen más de 140 «presos políticos» en el país. Sin embargo, Ortega ha señalado que los detenidos son «criminales y terroristas» que quisieron «repetir el fallido golpe de Estado del 18 de abril».
