Un centenar de fiscales y policías en actividad y retirados ha pedido al presidente Joe Biden que dé prioridad a la reforma de la justicia penal y cumpla su promesa de campaña de crear una comisión para evaluar cómo se encausan los casos criminales en Estados Unidos.
El grupo, que incluye a secretarios de Justicia estatales, jefes de policía y exfuncionarios de la justicia federal, envió una carta al gobierno en la que pidió convocar a una comisión sobre la justicia en el siglo XXI antes de fin de año. Grupos progresistas han presionado al gobierno y el Departamento de Justicia para que reformen la justicia penal en todos sus aspectos, desde la tarea policial hasta las cárceles.
El programa de Biden en materia de justicia penal incluía el plan de crear una comisión para examinar la discreción de la fiscalía, lo cual significa que la decisión de cuándo acusar a alguien y de qué crímenes, que varía ampliamente entre las jurisdicciones, puede significar condenas más largas, libertad condicional o vigilada y obligar a alguna gente a aceptar acuerdos de declararse culpable a cambio de una sentencia menor.
Los autores de la carta esperan que el gobierno y su comisión realicen un estudio amplio de los criterios de la fiscalía.
El gobierno de Biden ha realizado numerosas reuniones para discutir y aplicar medidas para enfrentar la creciente violencia armada en el país, ya ha debatido usar fondos de la ayuda de COVID para la policía. Otras reuniones han tratado la reforma de las cárceles o la pena de muerte. El secretario de Justicia, Merrick Garland, visitó recientemente a un grupo comunitario en Chicago que discute cómo reducir la violencia local.
Sin embargo, los fiscales y policías firmantes de la carta del martes observan que buena parte de la discusión sobre la reforma judicial no toma en cuenta la importancia de los fiscales en el sistema y se concentra en asuntos tales como eliminar la fianza monetaria y negarse a encausar los delitos menores como medios para enfrentar la desigualdad racial, la pobreza persistente y el exceso de encarcelamiento.
