México aceptó ser la sede para el nuevo proceso de diálogo que llevarán adelante el gobierno y la oposición venezolana bajo la mediación de Noruega, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin dar detalles, López Obrador dijo en su conferencia matutina que aceptó que México sea la sede para el nuevo intento de diálogo, el tercero en cuatro años, que sostendrán los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó.
«Aceptamos porque buscamos que haya diálogo y acuerdos entre las partes», indicó el gobernante mexicano, que se abstuvo de precisar el lugar donde se realizarán las conversaciones.
La fecha pautada por los mediadores noruegos para el inicio de las conversaciones está prevista para el 13 de agosto, pero es posible que se demore unos días dependiendo de las decisiones de la delegación del gobierno venezolano, dijo a The Associated Press una fuente cercana a las conversaciones que pidió no ser citada.
Sobre el lugar donde se realizarán los diálogos aún no hay precisiones, pero una de las opciones que se maneja con mayor insistencia es la Ciudad de México.
En representación del gobierno venezolano se prevé que acuda el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado central de Miranda, Héctor Rodríguez; mientras que por la oposición asistirán el exalcalde Gerardo Blyde, como jefe de la delegación, más tres miembros de las principales fuerzas opositoras entre ellos Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos; Luis Aquiles Moreno, dirigente de Acción Democrática, y un miembro de la organización Un Nuevo Tiempo.
A diferencia del fracasado proceso de diálogo de 2019, que contó solo con el apoyo de Noruega, en esta oportunidad se espera que participen representantes de Rusia y Argentina acompañando a la delegación del gobierno venezolano, mientras que por el lado de la oposición los acompañarían representantes de Holanda y Francia.
El gobierno de Estados Unidos, que ha reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, alienta el proceso de diálogo para crear las condiciones que posibiliten elecciones democráticas transparentes. Para la administración del presidente Joe Biden se trata de una salida negociada a la crisis de la nación venezolana.
«Deberían incluir la participación de todos los actores venezolanos, permitir la liberación incondicional de las personas injustamente detenidas por razones políticas, tener una duración de tiempo específica», expresó un portavoz del Departamento de Estado que pidió no ser identificado siguiendo la política del gobierno. «Y permitir que los venezolanos se expresen libremente en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales que sean libres y justas y sean realizadas en un proceso transparente, inclusivo y creíble», agregó.
En un primer encuentro entre las partes se espera concretar un acuerdo parcial o memorando sobre los términos de la negociación y los plazos del proceso, precisó la fuente.
Desde el mes pasado Maduro anunció que estaba listo para ir a un diálogo con la oposición en México, pero exigió a sus adversarios renunciar expresamente a la violencia para avanzar en el proceso. Sobre la agenda que llevaría la delegación oficialista el mandatario adelantó que se buscarían «acuerdos parciales por la paz y la soberanía» y que se levanten las sanciones que mantiene Washington y la Unión Europea contra su gobierno.
«La emergencia es insostenible y nuestra gente clama por una solución», dijo Guaidó el jueves en su cuenta de Twitter al expresar su respaldo a que se logre un acuerdo con «condiciones para elecciones libres y justas y garantías para todos».
En relación con la agenda que llevará la oposición, la AP conoció que los delegados propondrán el «acuerdo de salvación nacional» impulsado por Guaidó, la definición de un cronograma electoral, un plan masivo de importación de vacunas contra el COVID-19, «elecciones libres y transparentes» y el «levantamiento de sanciones contra el gobierno a cambio de garantías y condiciones».
El nuevo intento de diálogo se vio afectado por la detención a mediados del mes pasado de Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular y estrecho colaborador de Guaidó, quien estaba participando en el proceso acercamiento con el gobierno. El arresto de Guevara, de 35 años, fue considerado por algunos analistas como un intento de algunos sectores del gobierno de boicotear el diálogo y presionar a la oposición para salir del proceso.
Guevara había pasado casi tres años refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas y en septiembre del año pasado abandonó la sede diplomática y retomó el activismo político. El dirigente opositor fue señalado por la fiscalía general de estar vinculado con «grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano».
A pesar de condenar la detención de Guevara, la administración de Joe Biden aceptó levantar una sanción contra el gobierno de Maduro para permitir a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado de petróleo que es utilizado para cocinar. La medida fue considerada un «gesto de buena fe» para promover el diálogo.
Los delegados del gobierno de Maduro y la oposición realizaron en 2019 una serie de reuniones en Oslo y la isla caribeña de Barbados bajo la mediación de Noruega, pero el proceso no prosperó por diferencias entre las partes.
En esa oportunidad el mandatario ordenó el retiro de su delegación luego de que la Casa Blanca endureció las sanciones al congelar todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y prohibir a los estadounidenses hacer negocios con Caracas.
Entre 2017 y 2018 representantes de gobierno y la oposición venezolana también desarrollaron una serie de conversaciones en República Dominicana bajo la mediación de la comunidad internacional, que también fracasaron.
