Un tribunal constitucional de Francia validó ayer la mayoría de los aspectos de una nueva ley que, a partir de la semana próxima, requerirá que las personas lleven un pase especial por el COVID-19 para acceder a cafés, restaurantes, viajes de larga distancia y, en algunos casos, hospitales. Pero anuló varias medidas por no satisfacer estándares constitucionales.
El Consejo Constitucional falló que el aislamiento automático por 10 días de personas infectadas con el virus, con permiso para salir solamente por dos horas diarias, contraviene las libertades en Francia. Tal privación de la libertad no es «necesaria, adaptada o proporcional», dice el fallo. Al parecer, el aislamiento voluntario actual por 10 días para las personas infectadas seguirá en vigor.
La corte anuló además la suspensión de los contratos a corto plazo de las personas sin un pase de salud, al tiempo que acepta la suspensión sin remuneración de trabajadores asalariados con contratos a largo plazo.
La ley fue acelerada en el parlamento la semana pasada ante el incremento de las infecciones con la variante delta del coronavirus, que representa ahora la mayoría de los casos en Francia.
Los sondeos indican que la mayoría de los franceses respaldan el pase de salud. Pero la medida tiene opositores fervientes, muchos de los cuales dicen que sus libertades serán comprometidas. Es emitido a las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus o que tienen prueba de una recuperación reciente de la enfermedad o una prueba diagnóstica negativa reciente.
A partir del lunes, se requerirá el pase en viajes de larga distancia por tren, avión o autobús, para entrar en restaurantes, cafeterías y asilos de ancianos, entre una lista detallada en la ley y aprobada en el fallo. La corte aprobó además obligar a los trabajadores de salud a vacunarse contra el virus para el 15 de septiembre. Y falló que requerir el pase para visitantes a hospitales y otros está justificado si «no crea un obstáculo para acceder a la atención médica».
