El Presidente de Túnez propuso que centenares de magnates sospechosos de desfalco lleguen a un acuerdo con el Estado para financiar hospitales, proyectos de construcción y escuelas públicas en regiones pobres para evitarse prisión.
El presidente Kais Saied se adjudicó nuevos poderes políticos esta semana y está tratando de combatir la corrupción y la evasión fiscal que han plagado la economía por mucho tiempo, notablemente en el lucrativo sector del fosfato y el comercio de alimentos.
Saied busca además busca contrarrestar acusaciones de que su decisión sorpresiva de destituir al primer ministro y suspender el parlamento representa un golpe de estado. El miércoles insistió en la naturaleza «provisional» de la medida y en su adherencia a las libertades y derechos garantizados en la constitución, creada después que protestas masivas derrocaron una dictadura en el 2011. El país es considerado el único éxito democrático derivado de los alzamientos d la Primavera Árabe ese año.
Saied se reunió con el líder de la organización de empleadores de Túnez, Samir Majoul, y propuso un inusual acuerdo con algunas de las 460 figuras empresariales sospechosas de desfalcar miles de millones de dólares en los años antes de la revolución del 2011.
Para evitar acciones legales, Saied propuso llegar a un arreglo con los magnates bajo el cual éstos financiarían proyectos de desarrollo en regiones pobres para «devolver el dinero robado al pruebo tunecino».
Los proyectos pudieran incluir la construcción de hospitales, escuelas y caminos y los empresarios serían responsables por su mantenimiento durante 10 años, dijo Saied.
Los nombres de los magnates aparecen en un reporte elaborado por una comisión investigadora tras el derrocamiento del autócrata Zine El Abidine Ben Ali en el 2011. Se sospecha defraudaron al estado por alrededor de 13.500 millones de dinares (casi 5.000 millones de dólares).
