El presidente Nicolás Maduro declaró ayer que está listo para un dialogo con todos los sectores de la oposición en Venezuela, pero insistió que previamente sus adversarios deben aceptar varias condiciones, entre ellas una renuncia expresa a la violencia.
«Estamos listos para ir a México a sentarnos en una mesa de diálogo», con una «agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para llegar a acuerdos parciales por la paz y la soberanía de Venezuela», dijo Maduro en un acto de gobierno televisado, sin mencionar una fecha tentativa para esas reuniones en la capital mexicana.
El mandatario destacó la labor de Noruega, que sirve de enlace entre los sectores en pugna en el país, e insistió que estaría dispuesto a entablar conversaciones con sectores de la oposición, entre ellos el encabezado por Juan Guaidó, siempre y cuando estos cumplan varios requisitos, entre los que se incluye reconocer su legitimidad como presidente.
Maduro además exige que se reconozca a la nueva Asamblea Nacional, de mayoría oficialista; impulsar la cancelación de las sanciones internacionales impuestas para forzarlo a dejar el poder, y que de inmediato se devuelvan todos los recursos financieros que le han sido «confiscados» a Venezuela.
El mandatario socialista también ha dicho que todas las eventuales reuniones deben ser abiertas al público y a la prensa.
Maduro sostiene que no está de acuerdo en «que alguna gente se diga que quiere participar en el diálogo y esté preparando golpe de Estado, financiamiento a delincuentes, ataques terroristas» y «asesinato de líderes de nuestro país».
El mandatario acusó la semana pasada a Guaidó, al exdiputado Freddy Guevara y a Leopoldo López, fundador del Partido Voluntad Popular, entre otros dirigentes opositores, de formar parte de un supuesto complot en el que una de las mayores bandas delictivas de Venezuela estaría a cargo de generar violencia para asesinarlo a él y desestabilizar al gobierno.
Miembros de la banda de «El Koki» -desarticulada entre el 7 y 9 de julio tras un sangriento enfrentamiento entre delincuentes y más de 2.400 funcionarios de seguridad desplegados en el oeste de Caracas- supuestamente iban a abrir fuego contra un desfile militar el 5 de julio, al que se tenía previsto que Maduro asistiera. El ataque se realizaría desde lo más alto de las barriadas de la avenida llamada Cota 905, una zona montañosa tamizada de casuchas construidas en su mayoría con materiales de desechos, donde operaban desde hace años.
Guevara, por su parte, fue aprehendido el 12 de julio por orden de la Fiscalía General, imputado de los presuntos «delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria».
Maduro ha dicho que la Fiscalía «ha encontrado que buena parte» de las balaceras, registradas en los últimos meses desde sectores donde operaba la banda, «se prepararon con tiempo, se financiaron» y fueron dirigidas por López desde Madrid.
Los adversarios del mandatario han rechazado las acusaciones, afirmando que son «una excusa» del gobierno para arremeter contra sus adversarios políticos, y sostienen además que las bandas criminales en Venezuela se han fortalecido debido al fracaso de las políticas de seguridad pública del gobierno, entre las que se incluyó el retiro de las fuerzas policiales en sectores peligrosos para promover el desarme voluntario de los delincuentes.
Guaidó, que en el pasado se había mostrado desconfiado a iniciar un acercamiento con Maduro, el 11 de mayo pareció ceder y tomó la iniciativa de invocar el diálogo.
El líder opositor propuso entonces un «Acuerdo de Salvación Nacional», que implicaría negociaciones con el gobierno y sus aliados locales, organizaciones de oposición y la comunidad internacional.
Guaidó — en contraste con la exigencia de Maduro sobre las sanciones— planteó la conveniencia de levantarlas gradualmente como incentivo para llegar a un acuerdo.
Guaidó, en su condición de presidente de la pasada Asamblea Nacional, se declaró presidente interino de Venezuela en enero de 2019, argumentando que Maduro fue reelecto casi ocho meses antes en unos comicios fraudulentos. Varias decenas de países, entre ellos Estados Unidos, desconocen a Maduro como gobernante legítimo del país sudamericano.
Iniciativas previas de llegar a un acuerdo se fueron descarrilando una tras otra, entre ellas una promovida por Noruega. Esas negociaciones se truncaron en agosto de 2019, luego que Maduro ordenó el retiro de sus delegados en rechazo al endurecimiento de las sanciones que entonces le impuso Washington.
