Desde su celda en una cárcel de La Paz donde está detenida hace cuatro meses, la expresidenta interina Jeanine Áñez pidió una audiencia con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para obtener su libertad y defenderse de las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que le atribuye el Ministerio Público de Bolivia.
«Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia para que mi hija, Carolina Ribera Áñez, participe en representación mía, toda vez que me encuentro privada de libertad en ciudad de La Paz, por una decisión política del actual presidente de Estado, Luis Arce», dice la exmandataria en una carta que replicó en sus redes sociales y en la que reclama un «debido proceso».
Áñez argumenta que no le han probado hasta ahora las acusaciones que en su opinión tienen móviles políticos. El Ministerio Público acopia pruebas y tiene seis meses para respaldar la acusación para el inicio de un posible juicio. Áñez es investigada por hechos antes de su asunción por lo que no tendrá un juicio como exmandataria.
La misiva surge en momentos de fuertes pugnas entre el gobierno, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera el expresidente Evo Morales con la minoritaria oposición política sobre la crisis que precipitó la renuncia de éste en noviembre de 2019 tras un mes de protestas desde las elecciones denunciadas de fraudulentas y en las que el político buscaba un cuarto mandato consecutivo.
Opositores y activistas alegan que fue una protesta ciudadana contra el fraude, mientras que el gobierno y Morales argumentan que se trató de un golpe de Estado en supuesta complicidad con el gobierno argentino del entonces presidente Mauricio Macri, quien ha rechazado las sospechas. En esas protestas de opositores y partidarios de Morales murieron 37 personas.
Desde que Arce llegó al gobierno hace ocho meses, más de medio centenar de opositores, exautoridades, policías y miliares son investigados o han sido detenidos por su vinculación con los hechos.
La exmandataria y la oposición denuncian persecución judicial en supuesta complicidad con jueces y magistrados. Las autoridades alegan que buscan justicia por las víctimas, mientras diversas organizaciones internacionales llamaron la atención sobre una falta de independencia de la judicatura boliviana.
En los próximos días se espera un informe independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esos sucesos.
