El secretario de Justicia Merrick Garland eliminó el jueves una política del gobierno del expresidente Donald Trump que prohibía a los jueces de inmigración posponer temporalmente casos de deportación de inmigrantes que aguardaban una visa o tarjetas de residencia.
Garland anuló una decisión del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions de que los jueces no podían dejar tales casos en pausa, una práctica a la que se le llama cierre administrativo.
Los jueces de inmigración, que son empleados del Departamento de Justicia, señalan que dicha práctica les permite manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles enfocarse en casos que están listos para ir a la corte y evitar convocar a inmigrantes y abogados a audiencias innecesarias. Esto es fundamental en un sistema sobrecargado, en el que las personas tienen que esperar años para ser convocadas a una audiencia.
“Nos ayuda a despejar nuestros expedientes para que lidiemos con los casos que realmente están listos para las audiencias”, dijo la juez de inmigración Dana Leigh Marks, presidenta emérita y vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
Para muchos inmigrantes, el cierre administrativo era un salvavidas que les protegía de la deportación mientras aguardaban noticias de otras agencias sobre sus solicitudes para obtener estatus legal, tales como tarjetas de residencia u otras visas. Los detractores de la práctica señalaban que con frecuencia los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo de lo debido, en una especie de purgatorio jurídico.
La decisión es una de varias medidas recientes que ha tomado el gobierno del presidente Joe Biden para revertir las acciones de Trump en materia migratoria. El mes pasado, Garland puso fin a dos políticas que les dificultaban a inmigrantes que huyen de la violencia el cumplir los requisitos para recibir asilo.
En la decisión sobre los jueces de inmigración, Garland escribió que tres tribunales de apelación ya habían rechazado la política de Sessions implementada en 2018, fallando que los jueces de inmigración tienen la autoridad para decidir cómo quieren manejar sus casos. El Departamento de Justicia, que está a cargo de las cortes migratorias, está elaborando nuevas normas respecto al cierre administrativo y por el momento permitirá la práctica, escribió Garland.
El número de casos pendientes ante los tribunales de inmigración se disparó durante el gobierno de Trump, en parte debido a que cientos de miles de casos que habían sido postergados fueron reinscritos en el calendario para darles audiencias tras la decisión de Sessions.
Desde el año fiscal de 2018, el número de casos pendientes en las cortes de inmigración ha aumentado 74% a 1,3 millones, según datos de la Transactional Records Access Clearinghouse en la Universidad de Syracuse.
Gene Hamilton, un arquitecto clave de muchas de las políticas migratorias de Trump y que se desempeñó dentro del Departamento de Justicia, dice creer que la decisión de Garland les permitirá a los inmigrantes permanecer indefinidamente en el país a pesar de enfrentar la deportación.
Pero los jueces de inmigración señalaron que únicamente pueden utilizar la práctica en un número limitado de casos y que ella hace que los tribunales sean más eficientes, no lo contrario. Sin ella, algunos inmigrantes terminan solicitando asilo o presentando apelaciones con el simple objetivo de ganar más tiempo en lo que esperan respuesta a sus solicitudes de tarjetas de residencia, dijo Marks.
“Eso abarrota el sistema con documentos y audiencias innecesarias”, subrayó.
La medida también les devuelve autonomía a los jueces de inmigración sobre la manera en que llevan sus expedientes, dijo Jeremy McKinney, presidente electo de la Asociación de Abogados Estadounidenses de Inmigración. Los jueces migratorios tuvieron repetidos enfrentamientos con el gobierno de Trump, criticando las medidas que dijeron limitaban su independencia.
“Decir que los jueces de inmigración nunca tuvieron esta autoridad era simplemente ridículo”, declaró McKinney.
