Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y estrecho colaborador del gobierno socialista venezolano, denunció ayer que los cuerpos de seguridad frustraron un supuesto complot orquestado por Estados Unidos y Colombia para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro durante los festejos el 24 de junio, que conmemora los 200 años de la Batalla de Carabobo y el 5 de julio, Día de la Independencia.
En rueda de prensa Rodríguez acusó al líder opositor Juan Guaidó y sus aliados de ser parte de una supuesta trama en la que una de las mayores bandas delictivas de Venezuela estaría a cargo de generar violencia para desestabilizar al gobierno y asesinar Maduro.
Miembros de la banda de «El Koki» –desarticulada entre el 7 y 9 de julio tras un sangriento enfrentamiento entre delincuentes y más de 2.400 funcionarios de seguridad desplegados en el oeste de Caracas– supuestamente abrirían fuego contra un desfile militar el 5 de julio desde lo más alto de las barriadas de la avenida conocida como la Cota 905, una zona montañosa tamizada de casuchas construidas en su mayoría con materiales de desechos, donde operan desde hace años.
«En uno de los teléfonos de los delincuentes encontramos videos con tomas de la tarima del Paseo Monumental Los Próceres para ejecutar su plan magnicida el 5 de julio», destacó Rodríguez, quien entre otros señaló al exdiputado opositor Freddy Guevara, dirigente del partido de Guaidó, de ser uno de los responsables en el plan y fungir de enlace con los delincuentes.
Las acciones de los cuerpos de seguridad y el anuncio de las recompensas de hasta 500.000 dólares por los cabecillas de la banda de «El Koki» se produjeron semanas después de que miembros de grupo criminal dispararan ráfagas al aire y contra transeúntes y vehículos, en ocasiones en rechazo a cualquier acción policial contra otras organizaciones criminales y por la presencia de policías en el barrio donde operan.
Guevara fue aprehendido el lunes por orden de la Fiscalía General debido a su supuesta «vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano». La fiscalía indicó que a Guevara se le imputará los presuntos «delitos de terrorismo atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria». Las autoridades judiciales venezolanas anteriormente le abrieron un proceso a Guevara luego de las violentas protestas de 2017 que encabezó junto a decenas de otros legisladores opositores.
Rodríguez además señaló que cuatro drones «fueron desactivados por nuestros servicios de inteligencia» el 22 de junio en momentos que Maduro se encontraba en la inauguración de un nuevo monumento en el campo de Carabobo, dos días antes de los actos conmemorativos del segundo centenario de la batalla, que selló la independencia de Venezuela.
«Tenían un plan para asesinar al presidente de la república con drones», destacó el también exministro de Comunicación de Maduro.
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y considerado el segundo hombre más poderoso del oficialismo luego de Maduro, declaró en paralelo al respecto, que los cuerpos de inteligencia venezolanos manejaban información sobre un posible atentado que llevo «al presidente de la república (a) no estar presente en los actos» del 24 junio y 5 de julio.
«Hubo críticas de gente que esperaba que estuviera el presidente allí, sin conocer la información que nosotros estábamos manejando. Esto que ocurre en la Cota 905 no es un hecho aislado», agregó Cabello en una declaración difundida por la televisión estatal.
Los adversarios de Maduro han rechazado las acusaciones y sostienen que las bandas criminales en Venezuela se han fortalecido por el fracaso de políticas de seguridad pública del gobierno, entre las que se incluyó el retiro de las fuerzas policiales en sectores peligrosos para promover el desarme voluntario de los delincuentes.
El mandatario venezolano ha acusado en varias oportunidades a Colombia y en particular a Estados Unidos, con el que rompió relaciones en el 2019, de promover complots contra su gobierno, señalamientos que han rechazado las autoridades de ambos países.
