Las fuerzas de seguridad de Venezuela perpetraron menos asesinatos extrajudiciales desde junio de 2020 hasta abril pasado, reveló el lunes un reporte de las Naciones Unidas, pero las acusó de mantener un patrón continuo de tortura o trato cruel a individuos, además de desapariciones forzadas y detenciones en aislamiento.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cesar el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, a desarmar a grupos civiles armados progubernamentales y a garantizar investigaciones efectivas e independientes sobre todas las muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
«La rendición de cuentas sigue siendo fundamental para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho», señaló el reporte, que abarca desde el 1 de junio de 2020 al 30 de abril. «La protección y la expansión del espacio cívico son vitales para fortalecer la democracia, fomentar el diálogo inclusivo y abordar las causas profundas de los desafíos actuales».
En respuesta, el gobierno de Maduro emitió un comunicado en el que rechazó el «contenido falaz» del reporte. Acusó a la agencia de la ONU de basar su estudio en un «puñado de supuestas denuncias de violación de derechos humanos» con el objetivo de desestabilizar a Venezuela.
«Este informe es el resultado de una Resolución impulsada por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, que se complotaron para satisfacer la política de ‘cambio de régimen’ impulsada por los Estados Unidos» contra Venezuela, indicó la cancillería venezolana en el escrito.
La agencia de la ONU documentó 17 asesinatos supuestamente vinculados con las fuerzas de seguridad, de los cuales 16 ocurrieron durante operativos de seguridad en zonas de alto índice de violencia y delincuencia, y uno más durante una protesta. El documento no proporcionó cifras de asesinatos extrajudiciales en años previos.
En la mayoría de los casos, señaló el reporte, los perpetradores irrumpieron en las casas de las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes o menores de edad en comunidades pobres.
Testigos describieron que los elementos de las fuerzas de seguridad los amenazaron de muerte, golpearon o arrastraron del pelo. Según el reporte, los agentes supuestamente manipularon evidencias o retiraron los cadáveres de las residencias de las víctimas.
«Estos sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades, ya que infunden miedo en la población, generan desconfianza en las fuerzas del orden público, marginan aún más a las comunidades pobres y provocan desplazamientos», señaló el reporte.
Documenta también nueve casos de individuos cuyo paradero era desconocido para sus familiares y abogados al momento de su detención. La agencia asegura haber recibido reportes de personas que fueron golpeadas, electrocutadas, violadas o amenazadas con ser violadas por los agentes.
La dependencia señaló que no está al tanto de las acciones implementadas por la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, que forma parte de la Defensoría del Pueblo y la cual es encabezada por funcionarios allegados al gobierno. Los detractores aseguran que la Defensoría del Pueblo se hace de la vista gorda cuando se reportan denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El reporte reconoce la reforma policial que ordenó Maduro en abril pasado y la implementación de capacitación a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y uso de la fuerza. La reforma, que Maduro señaló que quería implementar en un lapso de seis meses, crea una oportunidad para fortalecer la supervisión e investigación de las fuerzas de seguridad, indicó la agencia de la ONU. Sin embargo, las reformas propuestas no siempre se concretan en Venezuela.
El reporte acusa al gobierno de Maduro de seguir restringiendo la libertad de expresión, incluso obstaculizando el trabajo de organizaciones civiles y medios de comunicación a través de acciones regulatorias y administrativas, incluyendo procesos penales.
La agencia registró casi 100 incidentes relacionados con activistas por los derechos humanos, periodistas y líderes sindicales, entre los que se incluyen dos asesinatos y otros seis actos violentos.
Javier Tarazona, director del grupo sin fines de lucro por los derechos humanos FundaRedes, fue arrestado el viernes después de reportar ante las autoridades que estaba siendo acosado por funcionarios de inteligencia nacional. Otros dos activistas de la organización también fueron detenidos.
El reporte de la ONU destacó que las sanciones se suman a los problemas en Venezuela, que está sumida en una profunda crisis política, social y económica atribuida al desplome de los precios del crudo y a dos décadas de malas gestiones de gobiernos socialistas. El país lleva años en recesión. Millones de personas viven en condiciones de pobreza debido al alto precio de los alimentos, los bajos salarios y la hiperinflación.
Durante el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos impuso fuertes sanciones con el objetivo de aislar a Maduro. Dichas restricciones le han dificultado a Venezuela el desarrollo y la venta o transporte de crudo, columna vertebral de su economía. La Unión Europea también ha impuesto sanciones.
