Tres meses después del inicio del juicio un tribunal hondureño declaró hoy culpable al empresario Roberto David Castillo Mejía como coautor del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres.
“El tribunal que conoce la causa por unanimidad de votos dio a conocer un fallo condenatorio», declaró la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.
Las partes fueron convocadas para el 3 de agosto para una audiencia en la que la Fiscalía y la defensa solicitarán las penas para el condenado.
Según el Código Penal de Honduras, el delito de asesinato es castigado con una pena de 25 a 30 años de prisión. Por el momento, Castillo Mejía continuará recluido en un batallón de las Fuerzas Armadas.
Por el crimen fueron condenados en 2018 siete autores materiales -entre ellos un exmilitar- que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión. La sentencia fue apelada y debe ser analizada por la Sala de lo Constitucional, que determinará si se anula o se deja firme.
Castillo Mejía era el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca al cual Cáceres se oponía y según la fiscalía fue lo que detonó el crimen de la ambientalista.
Cáceres fue ultimada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa del municipio La Esperanza en el departamento de Intibucá. En el hecho resultó herido un amigo de la ambientalista, el activista mexicano Gustavo Castro Soto.
La Fiscalía sostiene que Castillo Mejía aportó logística y recursos y se coludió con el resto de los condenados para matar a la ambientalista.
Los acusadores privados, por su lado, consideran que además de Castillo Mejía también hubo participación de la familia Atala Zablah como directivos de la empresa DESA.
“El fallo determina que debe revertirse la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque está vinculado a estos hechos de violencia. Este fallo es el inicio o la prolongación de la demanda de justicia integral que debe alcanzar a los autores intelectuales del crimen que es la familia Atala Zablah”, expresó Víctor Fernández, abogado acusador privado.
Agregó que “los responsables de la ejecución del crimen de Berta Cáceres son los ejecutivos de la empresa DESA, se confirmó en dos fallos».
Por su parte, la defensa alegó en el juicio que Cáceres y Castillo Mejía sostenían una relación de amistad y que los mensajes telefónicos presentados en el juicio fueron manipulados por peritos de la Fiscalía para inculpar a su representado.
De igual forma, afirman que existieron presiones nacionales e internacionales para que se condenara a Castillo Mejía.
Por ello tras conocerse el fallo aseguraron que presentarán un recurso de apelación.
“Queda todavía un recurso extraordinario como es la casación. Nosotros seguimos creyendo en lo que es el sistema de administración de justicia y en algún momento se va a conseguir lo que se ha estado pidiendo, que es justicia”, declaró Juan Carlos Sánchez, abogado defensor de Castillo Mejía.
