El tribunal penal del Vaticano acusó hoy de extorsión, abuso de autoridad y fraude a diez personas -incluido un cardenal- y cuatro empresas, por sus vínculos con una inversión de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en un negocio inmobiliario en Londres por valor de 350 millones de euros.
El juez presidente del tribunal, Giuseppe Pignatone, decretó que el juicio comience el 27 de julio, precisó el Vaticano en un comunicado.
Los acusados incluyen cinco exfuncionarios de la Santa Sede, entre ellos un cardenal y dos funcionarios de la Secretaría de Estado, así como los empresarios italianos que manejaron la inversión en Londres. A ellos se suma un experto italiano en inteligencia acusado de malversación de fondos.
Los fiscales acusan a los sospechosos de quedarse con millones de euros del Vaticano en honorarios y pérdidas relacionadas con otros negocios financieros. Todos los sospechosos han negado los cargos.
Uno de los sospechosos principales, Gianluigi Torzi, está acusado de extorsionar al Vaticano por 15 millones de euros para entregar la propiedad del inmueble en Londres a fines de 2018. La Santa Sede había contratado a Torzi para ayudarla a adquirir la plena propiedad del edificio a otro gerente financiero acusado que había manejado la inversión inicial.
La fiscalía alega que Torzi a último momento insertó en el contrato una cláusula que le daba pleno derecho a voto en la transacción. Pero la jerarquía vaticana firmó el contrato, aprobado tanto por el número dos, cardenal Pietro Parolin y su adjunto. Ninguno de los dos está acusado.
Los fiscales han presentado pruebas de que aceptaron el negocio porque fueron embaucados por un abogado italiano, otro de los acusados el sábado.
Torzi ha rechazado los cargos y ha declarado que se deben a un malentendido. Se encuentra en Londres mientras se procesa un pedido de extradición italiano.
Otro de los acusados es un otrora poderoso exfuncionario, el cardenal Angelo Becciu, que ayudó a montar la inversión original cuando era jefe de despacho de la Secretaría de Estado.
Becciu era jefe de la oficina vaticana encargada de canonizar santos hasta que Francisco lo destituyó el año pasado debido a otra cuestión: la donación de 100.000 euros de la Secretaría de Estado a una obra de caridad regentada por su hermano.
Vatican News, el portal noticioso interno, dijo que Becciu originalmente no había sido parte de la investigación de Londres, pero que fue incluido después de que pareciera que estaba detrás de la propuesta de compra del edificio. Los fiscales también lo acusan de interferir en la investigación.
En un comunicado emitido el sábado por sus abogados, Becciu insistió en la «absoluta falsedad» de las acusaciones en su contra y denunció en la prensa italiana lo que calificó como una «inigualable picota mediática» contra él.
«Soy víctima de un complot urdido en mi contra y llevo mucho tiempo esperando conocer las acusaciones en mi contra, permitirme negarlas prontamente y demostrarle al mundo mi absoluta inocencia», dijo.
Becciu ha negado haber cometido delito en la inversión en Londres, mientras que ha confesado que hizo la donación, pero que el beneficiario no era su hermano sino la obra de beneficencia.
