La compañía de Donald Trump y su veterano director financiero fueron acusados ayer por lo que los fiscales describieron como un ardid «audaz y extenso» para cometer fraude fiscal, en el que el ejecutivo presuntamente recibió más de 1,7 millones de dólares en compensaciones no reportadas, incluyendo el alquiler de un apartamento y pagos de vehículos y de matrícula escolar.
Trump mismo no está acusado, pero los fiscales señalaron que el exmandatario firmó algunos de los cheques que están en el centro del presunto ardid. Uno de los principales fiscales señaló que este ardid duró 15 años y fue «orquestado por los más altos ejecutivos» de la Organización Trump.
Es la primera causa penal surgida de la investigación de dos años de las autoridades de Nueva York sobre los negocios del expresidente.
De acuerdo con el auto de instrucción dado a conocer el jueves, desde el 2005 hasta este año, el director financiero Allen Weisselberg y la Organización Trump defraudaron a las autoridades fiscales al confabularse para pagarles a altos ejecutivos con beneficios complementarios y otros medios sin declararlo.
Tan sólo Weisselberg está acusado de defraudar al gobierno federal, al estado y a la ciudad más de 900.000 dólares en impuestos no pagados y en rembolsos fiscales indebidos.
El cargo más grave contra Weisselberg, hurto agravado, conlleva 15 años de prisión. Los cargos de fraude fiscal contra la compañía son sancionables con una multa por el doble de la cantidad de los impuestos no pagados, o 250.000 dólares, lo que sea mayor.
Weisselberg, de 73 años, tiene conocimiento íntimo de los tratos financieros de la Organización Trump tras casi cinco décadas de servicio en la compañía. Los cargos contra él podrían permitir a los fiscales presionarlo para que coopere en la investigación y cuente lo que sabe.
Tanto Weisselberg como los abogados de la Organización Trump se declararon inocentes. Weisselberg recibió la orden de entregar su pasaporte y fue dejado en libertad sin fianza. Salió de la corte sin hablar con los reporteros que esperaban afuera.
En un comunicado, Trump calificó el caso como una «cacería de brujas política de los demócratas de la izquierda radical». Los abogados de Weisselberg dijeron que su cliente «disputará estos cargos».
Encabezan el caso el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.
Vance ha estado investigando una amplia gama de asuntos en los que el exmandatario y la Organización Trump están implicados, como pagar a mujeres a nombre de Trump a cambio de su silencio y la probabilidad de que la compañía haya falseado el valor de sus activos para conseguir créditos o reducciones impositivas.
El asunto se desarrolla en momentos en que Trump menciona cada vez con más seriedad su posible regreso para buscar la presidencia en 2024. Ha incrementado sus presentaciones públicas, entre ellas sus primeros mítines políticos, desde que dejó la Casa Blanca.
