La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo ayer que sostuvo una larga reunión con el presidente, Nayib Bukele, en la que le señaló la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas de El Salvador y establecer un organismo para combatir la corrupción.
«Mi mensaje para el presidente Bukele a nombre del presidente (Joe) Biden y del secretario de Estado (Antony) Blinken fue muy sencillo: Estados Unidos valora esta relación y nosotros necesitamos al socio más fuerte, más limpio y democrático en El Salvador», dijo Nuland a un grupo de periodistas.
La funcionaria llegó a El Salvador dentro de una gira por Paraguay y Panamá para reunirse con Bukele y otros líderes políticos con el fin de hablar sobre migración, democracia y metas regionales.
Además se reunió con miembros de la sociedad civil y el sector privado para analizar el papel fundamental que tienen estos grupos para generar «un entorno en el que puedan prosperar todos los salvadoreños».
Nuland dijo que en la reunión con el presidente salvadoreño hablaron de lo que está caminado bien «dentro de nuestra relación», pero «también hablamos francamente de la necesidad esencial de fortalecer las instituciones democráticas, y la necesidad de preservar, promover y defender todos los principios democráticos que nos hacen quienes somos».
Agregó que, en la reunión en Casa Presidencial, también se abordó la necesidad de contar con un sistema judicial independiente, un fiscal general y unos jueces que sean elegidos a través de un proceso transparente, y «la necesidad de establecer un ente fiscalizador de la corrupción que sea independiente, que sea sucesor de la CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador)».
La funcionaria estadounidense felicitó a El Salvador por el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus y anunció que en las próximas semanas estará llegando al país «una sustancial donación de vacunas de los Estados Unidos».
Nuland reveló que con Bukele establecieron un «plan de trabajo muy ambicioso» que será desarrollado en las próximas semanas y meses, con el que se busca «llevar nuestra relación al siguiente nivel para el beneficio de nuestros pueblos».
El gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional han criticado duramente al gobierno de Bukele por la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
El 1 de mayo, después de instalarse, los diputados convocaron a la primera sesión plenaria y destituyeron a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. Esa misma noche eligieron y juramentaron a los sucesores, entre ellos el abogado López Jerez como presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional.
El enviado especial de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, criticó fuertemente la decisión y recomendó restaurar la situación anterior.
En respuesta a las destituciones, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) retiró su asistencia a instituciones públicas como la Corte Suprema y la Fiscalía General, y señaló que esa ayuda se entregaría a organizaciones de la sociedad civil.
La vista de la delegación de alto nivel del gobierno estadounidense, que encabeza Nuland, coincidió con la reelección de Óscar López Jerez en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
López Jerez, un abogado presuntamente alineado al mandatario, fue electo el 1 de mayo al puesto de presidente de la Corte y de la Sala de lo Constitucional, y ahora su mandato concluirá el 30 de junio de 2024.
La Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, también eligió a otros cinco magistrados de la Corte Suprema para sustituir a los abogados que el 30 de junio cumplían su periodo de nueve años en el máximo tribunal de justicia de El Salvador.
El gobierno de Bukele también ha sido criticado por la aprobación de una nueva ley de Salud especial que da inmunidad a personas o entidades del sector público de salud ante demandas judiciales o administrativas por servicios en tratamientos médicos por COVID-19, y que abre la puerta a la impunidad en supuestos actos de corrupción.
Nuland también confirmó que en los próximos días se publicará la «lista Engel» que incluye funcionarios e individuos vinculados a actos de corrupción en los tres países del llamado Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), y dijo que tienen la esperanza que «la tomarán seriamente, investigarán los casos y tomarán los pasos necesarios para eliminar la corrupción en sus países».
En cuanto al uso del bitcoin como una criptomoneda de curso legal, dijo que lo habló con Bukele y «lo que sea que decida hacer El Salvador, lo importante es que se garantice que sea bien regulado, le instó a garantizar que el uso de la criptomoneda sea bien regulado, transparente, responsable y que se protejan de los actores malignos».
