El director de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, ascendió ayer al grado de general, máximo cargo en la institución, y se comprometió a liderar una «transformación» de la institución con un enfoque por el respeto de los derechos humanos, cuando ésta enfrenta señalamientos de exceso del uso de la fuerza durante las recientes protestas antigubernamentales en las que han muerto más de 40 personas.
Durante la ceremonia, el general Vargas expresó su «rechazo permanente y público a cualquier actuación contraria a la ley de un policía que no respeta la ley» y aseguró que en adelante tendrán monitoreo, participación ciudadana y «mayor liderazgo de la institución en los procedimientos y para el respeto de los derechos humanos».
Su ascenso recibió críticas por parte de congresistas de oposición al gobierno, quienes se retiraron del Congreso durante la votación de la decisión el 8 de junio, la cual fue mayoritariamente a favor del ascenso.
«Considero que él tiene responsabilidad directa sobre miles de hechos que muestran violaciones de derechos humanos muy graves y que habría que determinar si constituyen crímenes de lesa humanidad. En dos informes que hemos enviado a la Corte Penal Internacional documentamos casos que nosotros consideramos que lo demuestran», dijo el miércoles a The Associated Press el senador de izquierda Iván Cepeda. «Debería haber una investigación exhaustiva, pero no una promoción», añadió.
El 28 de abril iniciaron las protestas en contra de una reforma fiscal que fue frustrada por la presión social y continuaron como reclamo de la desigualdad, la pobreza y la inseguridad en el país. Durante este tiempo las denuncias de presunto abuso policial no han cesado. La última ocurrió el 29 de junio, cuando un grupo de periodistas que informaban sobre las protestas fue atacado por policías en Suba, al sur de Bogotá. Tras la denuncia, la Policía suspendió a tres integrantes del escuadrón antimotines.
«Hechos lamentables como los observados ayer en Suba no solo se denuncian, se investigan, sino que se sancionan», dijo el presidente Iván Duque durante la ceremonia de ascenso. «Hoy reafirmamos todo el respaldo a la policía nacional y toda la exigencia en su comportamiento, toda la exigencia ética y moral», agregó.
Dentro de la Policía se han abierto 217 investigaciones disciplinarias a miembros de la institución, de las cuales 16 son por homicidio, 102 por abuso de autoridad y 3 por acoso sexual. Sin embargo, para organizaciones no gubernamentales las cifras podrían ser más altas. Human Rights Watch (HRW) documentó que los policías estarían detrás de la muerte de al menos 20 manifestantes, mientras que la ONG Temblores señala la presunta responsabilidad de policías en la muerte de 44 personas.
El gobierno y la policía aseguran que se trata de malos comportamientos de individuos que transgreden los protocolos, no de una orden ni de una política de Estado. «Esta es una policía… que ha buscado siempre el estricto apego a la constitución y la ley, como todas las instituciones humanas también son propensas a imperfecciones individuales de sus miembros», indicó el presidente Duque, quien anunció que propondrán una ley en el Congreso «antidisturbios y antivandalismo» para rechazar la violencia en las protestas.
El general Vargas también defendió la institución, a la cual se unió hace 36 años, asegurando que es «legítima, no solamente legal, tenemos el cariño de millones de colombianos… que el sacrificio de estos hombres y mujeres policías no sea desconocido para las futuras generaciones» y recordó que han muerto dos policías en las protestas y 13 han sido secuestrados.
La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Colombia en medio de un estallido social. El lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo a los «derechos de los manifestantes pacíficos» durante una llamada con su homólogo colombiano. Según la Casa Blanca, Biden también subrayó que «las fuerzas de seguridad deben estar sometidas a los mayores estándares de rendición de cuentas, y condenó los actos sin sentido de violencia y vandalismo».
Se espera que en los próximos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publique un informe con recomendaciones después de visitar y evaluar la situación de derechos humanos.
