Activistas de izquierda y parientes de personas muertas durante la campaña antidrogas del presidente filipino Rodrigo Duterte destacaron el inicio de su último año en funciones hoy con una ruidosa protesta y «cuenta regresiva hacia la justicia».
La policía antimotines impidió que unos 150 manifestantes con banderas se acercaran al palacio presidencial en Manila. Los manifestantes se dispersaron pacíficamente al cabo de una hora y no hubo arrestos a pesar de la veda sobre las aglomeraciones debido al COVID-19.
«Contamos los 365 días que restan en su reino del terror», dijo el dirigente de la protesta Renato Reyes. «Queremos destacarlo como una cuenta regresiva hacia la justicia y la rendición de cuentas».
Los manifestantes llevaban carteles con la leyenda, «Paren la matanza, juicio a Duterte». Algunos portaban un ataúd y otros alzaban retratos de personas, en su mayoría jóvenes, que según ellos eran víctimas de matanzas extrajudiciales en la campaña antidrogas.
Desde que Duterte asumió en junio de 2016, su campaña antidrogas ha matado a miles de personas, en su mayoría sospechosos de delitos menores. Grupos promotores de los derechos humanos y diversas personas lo han denunciado ante la Corte Penal Internacional.
«Mi súplica a la CPI es, por favor, no nos abandonen», dijo Emily Soriano, cuyo hijo de 5 años murió en la represión. «La CPI es la única que puede obligar a Duterte a rendir cuentas por todo lo que hizo aquí en Filipinas en su guerra contra la droga».
La fiscal principal saliente de la CPI dijo días atrás que, de acuerdo con un estudio preliminar, existen razones para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión. La fiscal pidió autorización para iniciar una investigación formal, y los jueces tienen plazo de 120 días para decidir.
Duterte, un exalcalde de 76 años que se hizo célebre con su manera brutal de atacar el delito, niega haber condonado la muerte de gran cantidad de sospechosos, pero ha amenazado públicamente de muerte a los narcotraficantes. Dice que los sospechosos fueron abatidos por resistir violentamente el arresto, pero los grupos de derechos humanos han denunciado casos en que la policía mató a sospechosos desarmados y luego alteró la escena del crimen para que pareciera que éstos los recibieron a tiros.
Duterte ha dicho que jamás cooperará con una investigación de la CPI.
