México confirmó ayer la identificación de un tercer estudiante de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace más de seis años en el estado mexicano de Guerrero, informaron autoridades y abogados de las familias.
Los análisis realizados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, demostraron que una vértebra hallada en una de las muchas búsquedas realizadas desde 2019 pertenecía a Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los alumnos de magisterio desaparecidos en 2014.
El fiscal Omar Gómez Trejo, de la Fiscalía General de la República, explicó el martes en un mensaje a medios que la vértebra «no presenta ninguna alteración térmica, es decir, una exposición alta a fuego» y que fue hallada en un lugar distinto a donde, según la administración anterior, los estudiantes fueron incinerados. Además, lamentó que la anterior procuraduría diera a Guerrero de la Cruz por identificado en 2015 sin contar con suficientes datos científicos para ello.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguró que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Sin embargo, esa versión, calificada entonces como «la verdad histórica», quedó descartada porque aunque en diciembre de 2014 se identificó al primer estudiante, Alexander Mora, a través de un hueso localizado en una bolsa que se halló junto al río, la actual fiscalía confirmó que ese hallazgo fue «un montaje».
Otra prueba que echó por tierra la «verdad histórica» fue que el hueso por el que se identificó a mediados de 2020 al segundo estudiante, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, se localizó en un lugar distinto del basurero, aunque del mismo municipio, llamado «La Carnicería», que es donde también se encontró la vértebra de Guerrero de la Cruz.
El fiscal Gómez Trejo agregó que en estos últimos análisis también se confirmó la identificación de Rodríguez Telumbre con un resto de su talón de Aquiles hallado en el mismo lugar.
Para Francisco Cox, experto independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acompaña las investigaciones, los nuevos datos no hacen sino confirmar que la anterior versión oficial «se intentó forzar».
«La identificación vuelve a evidenciar cómo se mintió a las familias y a México en el pasado», indicó el Centro Prodh, la ONG de derechos humanos que representa a las víctimas.
En la misma línea se pronunció Guillermo Fernández-Maldonado, de la oficina de Naciones Unidas en México, al afirmar que «la ‘verdad histórica’ del caso no tiene base científica y es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos».
Otro detalle en este sentido es que la exprocuradora general de la República, Areli Gómez, diera por identificado a Guerrero de la Cruz en septiembre de 2015 a través de un resto ubicado en la bolsa que se encontró junto al río, aunque los peritos forenses que acompañaban a las familias subrayaron que el tipo de test que se hizo en ese momento no tenía la suficiente certeza científica.
Por eso, se recomendó a la fiscalía que no diera por identificado a Guerrero de la Cruz, recordó el martes Gómez Trejo y «aún así las autoridades de la Procuraduría General de la República de aquel entonces decidieron salir a dar a conocer un resultado que resultaba dudoso».
Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018 las investigaciones se relanzaron pero pese a los avances y la nueva identificación, todavía es una incógnita qué pasó esa noche y cuál fue el destino de los jóvenes.
Se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos.
Uno de los avances más simbólicos fue la orden de captura de los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos, entre ellos policías federales y militares, dos fuerzas que hasta entonces habían sido intocables.
Pero parte de esas personas siguen prófugas, al igual que Tomás Zerón, exinvestigador jefe del caso durante la administración de Peña Nieto, considerado el principal responsable del encubrimiento de las desapariciones. La fiscalía mexicana ha emitido varias órdenes de aprehensión contra Zerón, a quien ubica en Israel.
El fiscal Gómez Trejo indicó que se han vuelto a enviar más restos a Innsbruck para intentar nuevas identificaciones pero recordó que muchos de esos fragmentos óseos no son susceptibles de análisis genéticos porque están muy deteriorados. De los más de 180 recuperados desde noviembre de 2019, solo se logró hacer pruebas de ADN a seis, dijo.
Para el Centro Prodh, el nuevo hallazgo «muestra que la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo».
Por eso, dado que México tiene más de 80.000 desaparecidos, urgieron a la creación de «mecanismos extraordinarios, masivos y con recursos para atender el rezago forense» que existe en el país.
