El presidente de México anunció ayer que planea que la Guardia Nacional sea parte del Ejército, eliminando la tenue pretensión de una fuerza controlada por civiles que se utilizó para obtener la aprobación de su creación hace dos años.
El presidente Andrés Manuel López Obrador disolvió la antigua Policía Federal poco después de asumir el cargo a finales de 2018, alegando que la fuerza era corrupta. La sustituyó por la Guardia Nacional bajo el control nominal de la Secretaría de Seguridad Pública, de carácter civil.
La idea era que la guardia de 100.000 miembros podría permitir que los militares se retiraran gradualmente de las tareas de aplicación de la ley, pero la gran mayoría de los reclutas, los oficiales y el entrenamiento siempre provenían del Ejército, a menudo en calidad de préstamo.
López Obrador dijo el martes que planeaba proponer una enmienda constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de Defensa, a fin de garantizar que administraciones posteriores no recorten su presupuesto.
La última fuerza policial nacional creada en México —la Gendarmería creada por el predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto— sufrió exactamente ese destino, pero la participación del Ejército en la policía civil ha suscitado las quejas de la oposición y de grupos defensores de los derechos humanos, los cuales afirman que la única manera de acabar con los elevados niveles de violencia que persisten en México es limpiar y reforzar las fuerzas policiales civiles, a menudo corruptas, mal financiadas y mal entrenadas.
Los críticos afirman además que la participación del Ejército en numerosos abusos de derechos humanos demuestra que no está capacitado ni es apto para hacer cumplir la ley.
López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en la economía y la policía de México. Ha puesto al Ejército a cargo de los puertos marítimos y las inspecciones aduaneras, y le ha dado a la Marina la propiedad parcial del enlace ferroviario y portuario multimodal en todo el istmo sur del país.
En diciembre, el presidente le dio al Ejército el control operativo y las ganancias de otro de sus proyectos favoritos, el Tren Maya, en la península de Yucatán. El Ejército utilizaría las ganancias para financiar las pensiones militares, aunque no está claro que el proyecto vaya a generar utilidades.
Los ingenieros militares ya están a cargo de construir muchos de los proyectos de infraestructura de México.
Si bien los generales desempeñaron papeles de liderazgo en la revolución de 1910-17 y en los gobiernos posrevolucionarios en las décadas de 1920 y 1930, desde la década de 1940 el Ejército se ha mantenido rigurosamente al margen de la política y la economía en general, no sólo en México sino en la mayor parte de América Latina.
A cambio, una larga sucesión de presidentes mexicanos hizo que el Ejército quedara fuera del alcance del escrutinio externo. Por tradición, nunca ha habido un civil que sea secretario de Defensa, y el presidente no nombra directamente a la persona para ese puesto, sino que elige de una lista de generales aceptables presentada por el Ejército.
López Obrador es un gran admirador de los militares y dice que las fuerzas armadas son instituciones patrióticas y honestas. No quiere que sus proyectos favoritos sean privatizados por gobiernos posteriores, y ve a los militares —que tradicionalmente han gozado de respeto y autonomía—, como un lugar seguro para ellos.
