El gobierno de Estados Unidos dictó sanciones contra cuatro funcionarios y allegados al presidente nicaragüense Daniel Ortega, se informó este miércoles en Washington.
Las sanciones fueron aprobadas por el Departamento del Tesoro en contra de la hija del mandatario, Camila Ortega Murillo; el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista en el Parlamento; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y el general Julio Rodríguez, jefe del Instituto de Previsión Militar del Ejército.
En un comunicado se indicó que estas personas «apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia ha abusado de los derechos humanos de los civiles, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha intentado silenciar a los medios de comunicación independientes». Con estos nombres suman 31 allegados a Ortega sancionados por Estados Unidos desde 2017.
Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses de esas personas en Estados Unidos quedan «bloqueadas», así como las entidades donde estas personas posean el 50% o más de propiedad, se indicó.
The U.S. calls for the immediate release of Nicaraguan opposition leaders Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro, and others. Our sanctions on members of the regime hold accountable those who carry out attacks on the Nicaraguan people.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2021
Las medidas se dan a conocer tras el arresto de los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, estos dos últimos detenidos por la policía el martes, acusados de realizar actos que «menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación e incitar a la injerencia extranjera», entre otros cargos.
«Las acciones del presidente Ortega están perjudicando a los nicaragüenses y llevando al país a una mayor tiranía», dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. «Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la supresión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos», agregó.
El gobierno de Ortega reaccionó a través de la vicepresidenta, primera dama y vocera oficial, Rosario Murillo, quien las calificó de «ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales».
«Nuestro gobierno denuncia al gobierno imperialista y colonialista de los Estados Unidos de Norteamérica, que acaba de pronunciarse como ha sido y es su estilo de injerencia e interferencia en los asuntos internos de nuestros países, y acaba de pronunciarse dictando medidas, otra vez, medidas ilegales arbitrarios coercitivas y unilaterales contra ciudadanos nicaragüenses cuyo único delito es representar muy en alto la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo», dijo Murillo a medios oficialistas.
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La oposición asegura que Ortega, de 75 años, quiere eliminar del proceso electoral a los candidatos opositores, pues teme no poder lograr su tercera reelección presidencial, para lo que sería su cuarto mandato consecutivo, en los comicios del 7 de noviembre de 2021.
En tanto, un vocero de la secretaría general de Naciones Unidas expresó su preocupación por los recientes arrestos y por la invalidación de las candidaturas de los líderes de la oposición. «Estos acontecimientos pueden socavar gravemente la confianza de la población en el proceso democrático de cara a las elecciones generales», advirtió.
Más tarde, la gestión de Joe Biden volvió a pronunciarse a través del vocero del Departamento de Estado, Ned Price: «Hacemos un llamado al presidente Daniel Ortega y al gobierno de Nicaragua para que liberen de inmediato a los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido arrestados desde la semana pasada».
El gobierno de Ortega asegura que Cristiana Chamorro cometió el delito de lavado de dinero y que los otros tres precandidatos detenidos «atentaron contra la soberanía nacional» por haber solicitado sanciones de Estados Unidos y otros países como parte de un «plan golpista para desestabilizar» a su gobierno y que comenzó con las protestas sociales de 2018.
