El gobierno de Joe Biden le encargó discretamente a seis grupos humanitarios que recomienden cuáles migrantes deben ser autorizados a quedarse en Estados Unidos en lugar de ser expulsados rápidamente bajo los poderes federales relacionados con la pandemia, que impiden que las personas soliciten asilo.
Los grupos determinarán quiénes son más vulnerables en México y su criterio no ha sido dado a conocer. Se produce en momentos en que grandes números de personas cruzan la frontera sur y el gobierno enfrenta crecientes presiones para levantar los poderes de salud pública instituidos por el entonces presidente Donald Trump y que Biden ha mantenido durante la pandemia de COVID-19.
Varios miembros de los grupos hablaron con The Associated Press sobre los criterios que usan y dieron detalles del sistema que no habían sido reportados previamente. El gobierno busca admitir en el país a unos 250 solicitantes de asilo por día, que sean remitidos por los propios grupos y que hayan acordado usar el sistema hasta el 31 de julio. Para entonces, el agrupamiento espera que el gobierno de Biden haya eliminado las reglas de salud pública, aunque el gobierno no se ha comprometido a ello.
Hasta ahora, casi 800 solicitantes de asilo han sido admitidos desde el 3 de mayo y miembros de los grupos dijeron que existe más demanda de la que pueden satisfacer.
Los grupos no han sido identificados públicamente, a excepción de International Rescue Committee, una organización global de ayuda. Los otros son Save the Children, con sede en Londres; HIAS y KIds in Need of Defense, con sede en Estados Unidos; y dos organizaciones con sede en México: Asylum Access y el Institute for Women in Migration, de acuerdo con dos personas que hablaron a condición de no ser identificadas porque no estaban autorizadas a revelar la información.
Asylum Access, que provee servicios para personas que solicitan asilo en México, opinó que el papel de la organización es mínimo. Sus esfuerzos comenzaron en El Paso, Texas, y se están expandiendo a Nogales, Arizona.
Un mecanismo similar pero separado encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles comenzó a finales de marzo y permite el ingreso de 35 familias al día a Estados Unidos en diversos lugares de la frontera. No tiene fecha para finalizar.
Los dos mecanismos son descritos por organizaciones participantes como una transición imperfecta de la llamada autoridad del Título 42, que lleva el nombre de una oscura ley de salud de 1944 usada por Trump en marzo de 2020 para justificar el fin del asilo en la frontera con México.
Con las tasas de vacunación de coronavirus al alza, Biden está encontrando cada vez más difícil justificar las expulsiones por razones de salud pública y tanto la agencia de la ONU para los refugiados como miembros de su propio partido le han pedido cada vez más que suspenda los poderes excepcionales.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en una declaración que sus gestiones incluyen «una estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México» para identificar a las personas vulnerables a criterio del gobierno y que tiene la palabra final sobre quién entrará a Estados Unidos. Dijo que su trabajo con los grupos es fluido y que no los ha identificado públicamente para evitar su exposición.
Algunos miembros de los grupos temen que salir a la luz pública provoque que sus oficinas en México y su personal limitado se vean abrumados por solicitantes de asilo y se vean expuestos a amenazas y ataques físicos de extorsionistas y otros delincuentes.
Los críticos del nuevo proceso de selección dicen que se ha dado demasiado poder a un pequeño número de organizaciones y que la gestión está envuelta en el secreto, sin una explicación clara de cómo fueron escogidos los grupos. Dicen además que no hay garantías de que los más vulnerables o merecedores de asilo entre los migrantes serán escogidos.
El consorcio de grupos fue escogido luego de que el gobierno estadounidense le pidió a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los nombres de organizaciones con más experiencia y capacidad en México, dijo Sibylla Brodzinsky, vocera de la oficina de la ONU.
«Tenemos una larga relación con ellos y son socios confiables», dijo.
