La Fiscalía de Nicaragua acusó ayer a la periodista Cristiana Chamorro de lavado de dinero y otros delitos, y solicitó que se le inhabilite para ejercer cargos públicos, lo cual le impediría postularse a la Presidencia en las elecciones del 7 de noviembre.
El Ministerio Público informó en un comunicado su decisión en contra Chamorro, de 67 años, horas después de que la periodista solicitara a una alianza opositora la inscribiera como precandidata presidencial. La decisión final sobre si procede la inhabilitación deberá tomarla ahora el tribunal electoral.
La hija de la expresidenta Violeta Chamorro, que se perfilaba como la favorita para competir con el presidente Daniel Ortega en las elecciones, calificó la acusación como una «monstruosidad» y una maniobra para «impedir que haya elecciones libres en Nicaragua».
En una primera reacción al anuncio oficial, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó y condenó «este nuevo atropello de la dictadura» contra Chamorro y cuestionó al Ministerio Público por ser un «instrumento de persecución política para lesionar sus derechos civiles y políticos».
El comunicado de la Fiscalía señaló que Chamorro es acusada por los delitos de «gestión abusiva, falsedad ideológica, en concurso real con lavado de dinero», por lo cual solicita restricción migratoria para que no pueda salir del país y la «inhabilitación para cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos».
Cristiana Chamorro dirigió hasta enero pasado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que cerró operaciones al mes siguiente. Según el gobierno, en las operaciones financieras de esa ONG detectaron «irregularidades», por lo cual otras cinco personas vinculadas a la entidad están bajo investigación.
Chamorro acudió por la mañana del martes a la sede de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL) para solicitar inscribirse como precandidata a la Presidencia por esa agrupación. Allí declaró a periodistas que, pese a la investigación en su contra, seguiría insistiendo en su postulación.
Lamentó que el gobierno de Ortega haya hecho «contrarreformas» electorales y designado a magistrados del tribunal electoral «totalmente afines a la dictadura», mientras «incrementa la represión» contra los opositores.
Como parte de las investigaciones del caso, en los últimos días fueron citados a declarar una veintena de periodistas y dueños de medios de comunicación independientes, así como el escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, que se presentó ayer.
El laureado novelista de 78 años fue citado en su calidad de representante legal de la Fundación Luisa Mercado, una ONG dedicada a la promoción cultural. Al salir aseguró a periodistas que esa entidad ha trabajado «con absoluta transparencia y dentro del marco de la ley».
«Nicaragua vive tiempos políticos muy turbulentos en el marco electoral, y me parece que (el caso de Chamorro) está relacionado a eso», comentó Sergio Ramírez.
El autor de «Castigo Divino» fue vicepresidente de Nicaragua durante el primer gobierno de Daniel Ortega (1985-1990). A mediados de la década de 1990 abandonó el partido Frente Sandinista por disentir del liderazgo de Ortega, fue candidato presidencial por un movimiento disidente y posteriormente se alejó de la política.
Ortega, quien retornó al poder en 2007, busca a sus 75 años de edad su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo en medio de una grave crisis que se inició con el estallido de una revuelta social en 2018.
