Dos manifestantes fueron asesinados a tiros ayer en la ciudad colombiana de Cali cuando vigilaban uno de varios bloqueos efectuados por inconformes para mostrar su descontento contra la creciente pobreza y desigualdad durante la pandemia.
Ambos asesinatos ocurrieron después de que el gobierno federal de Colombia enviara a centenares de efectivos militares para restaurar el orden en esa ciudad suroccidental, donde los enfrentamientos entre manifestantes y civiles opuestos a las protestas antigubernamentales y el cierre de caminos dejaron al menos cinco muertos la semana pasada.
Las autoridades municipales en Cali dijeron que las dos personas muertas el martes en la mañana fueron baleadas por un sujeto armado que huyó en motocicleta sin que fuera detenida. Por su parte, las autoridades se han reunido con jóvenes que en el último mes han bloqueado vías alrededor de la ciudad.
«Rechazamos tajantemente estos actos dolorosos» cuando están por comenzar las negociaciones, dijo el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería. «Seguiremos con nuestro trabajo en busca de ese diálogo en busca de la paz y reconciliación en la ciudad de Cali», agregó.
La semana pasada, el alcalde de Cali dijo que 13 personas fueron asesinadas el viernes durante las protestas que incluyeron actos de saqueo en un edificio de oficinas y enfrentamientos en los que civiles armados abrieron fuego contra manifestantes que intentaban tomar una estación de policía en un sector pudiente de la ciudad.
En los videos difundidos en redes sociales se ve a policías cerca de quienes abren fuego sin que hagan nada para impedir que disparen contra las multitudes.
Debido a la situación, el presidente Iván Duque visitó la ciudad de dos millones de habitantes y el fin de semana ordenó el despliegue de 1.100 efectivos para restaurar el orden y vigilar los caminos que conducen a Cali y fueron bloqueados por manifestantes en fecha reciente.
El domingo, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció porque los responsables de los crímenes perpetrados el viernes respondan ante la ley.
«Estos hechos son aún más preocupantes dados los avances que se habían logrado para resolver, a través del diálogo, el malestar social, tras el inicio de un paro nacional contra varias políticas sociales y económicas del gobierno», dijo Bachelet.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, van al menos 42 personas asesinadas en las protestas que comenzaron el 28 de abril debido a un plan fiscal que el gobierno canceló desde entonces.
En Cali, que ha sido en gran parte escenario de la violencia, las protestas estuvieron marcadas al principio por casos de abuso policial, pero en últimas fechas han incluido enfrentamientos entre civiles que apoyan y rechazan las protestas.
En la capital de Bogotá, los dirigentes de la protesta se han reunido con funcionarios para examinar las condiciones en las que ambas partes podrían comenzar a negociar cambios a las políticas sociales y económicas.
Sin embargo, las negociaciones se han visto obstaculizadas debido a las discusiones sobre los derechos de los manifestantes. Los dirigentes de la protestan solicitaron al gobierno que dé marcha atrás al despliegue de soldados en Cali y otras 12 ciudades donde se han registrado actos de violencia durante las protestas.
Por su parte, el gobierno ha solicitado a los dirigentes de las movilizaciones que no obstruyan vías y pidan a sus simpatizantes que levanten los bloqueos antes del inicio de las negociaciones.
