SEATTLE / AP
Después de casi cuatro años de litigio y demoras relacionadas con la pandemia, ha comenzado un juicio para determinar si el Grupo GEO debe pagar salario mínimo a los detenidos que cocinan, limpian y realizan otras tareas en su centro de detención para migrantes en el estado de Washington.
A los detenidos les suelen pagar 1 dólar al día cuando trabajan turnos para el Programa de Trabajo Voluntario en el centro de detención con ánimo de lucro Northwest, en Tacoma. El salario mínimo del estado actualmente es de 13,69 dólares la hora.
El fiscal general Bob Ferguson y algunos detenidos presentaron demandas separadas contra GEO en 2017 en las que argumentan que el contrato de la empresa con el gobierno federal la obliga a apegarse a las leyes estatales y locales — entre ellas la Ley de Salario Mínimo de Washington —, y que GEO, una de las operadoras privadas de centros de detención más grandes del país, se benefició injustamente al pagar tan poco.
El juez federal de distrito Robert Bryan, quien ha rechazado varios intentos de GEO de desestimar las demandas, consolidó los casos para el juicio, que preside desde Tacoma a través de Zoom debido a la pandemia. Para la tarde del martes, ya se había elegido un jurado de nueve personas. Se espera que las declaraciones iniciales sean el miércoles.
“Estos casos no se refieren a si la contratación del gobierno con entidades privadas para operar instalaciones de detención es una buena o mala política”, dijo la mañana del martes Bryan a los posibles miembros del jurado. “Estos casos tampoco son sobre la política inmigratoria de Estados Unidos o temas fronterizos”.
Sin embargo, hay trasfondos políticos en el caso. En 2014, en medio de una huelga de hambre de los detenidos, los activistas por los derechos de los inmigrantes trataron de convencer a la oficina del gobernador y al Departamento de Trabajo e Industrias del estado de que los detenidos debían recibir el salario mínimo por el trabajo realizado allí.
Después de revisar el asunto, los funcionarios de Trabajo determinaron que Washington no tenía jurisdicción sobre los detenidos del gobierno federal a efectos de cuestiones salariales, según los registros públicos obtenidos por GEO y presentados en el caso.
En 2017, en medio de una oleada de demandas por las políticas de inmigración del nuevo gobierno de Trump, el fiscal Ferguson llegó a una conclusión diferente, y alegó que GEO estaba explotando a los residentes de Washington.
Ferguson, un demócrata, demandó exitosamente al presidente Donald Trump ese año por las restricciones de viaje que afectaron a siete países mayoritariamente musulmanes, una de las más de 80 demandas que Ferguson presentó contra el gobierno.
El Departamento de Justicia de Trump intentó infructuosamente que la demanda contra GEO fuera desestimada, la cual describió como “un intento agresivo y legalmente injustificado del estado de Washington de interferir con la aplicación de la ley federal de inmigración”.
Recientemente, el estado ha adoptado una estrategia diferente para atacar a la instalación: el gobernador Jay Inslee promulgó una ley que aprobada por la legislatura con mayoría demócrata que prohibiría centros de detención con ánimo de lucro en el estado. GEO ha demandado para bloquearla.
GEO abrió el centro de detención en 2005 y lo ha ampliado dos veces. Aloja a personas acusadas de infracciones inmigratorias del fuero civil en espera de que se resuelvan sus casos. Actualmente tiene cupo para 1.575 detenidos, aunque debido a preocupaciones relacionadas con la pandemia la población era de unas 250 personas recientemente.
GEO insiste en que tiene inmunidad a las demandas en virtud de su relación con el gobierno federal. De cualquier forma, los detenidos no son “empleados” con derecho a salario mínimo, argumenta.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) requiere que las instalaciones de detención privadas operen programas laborales para los detenidos como una forma de disminuir su aburrimiento y mejorar su estado de ánimo, argumenta GEO. La empresa no tiene otra opción que ofrecer el programa incluso si las tareas que asigna son redundantes o si el detenido carece de habilidades, “ineficiencias que nunca se tolerarían en una relación empleado-empleador”, argumentó GEO en su resumen jurídico.
Además, la facturación es “astronómica”, alegaron los abogados de la empresa: “GEO no se beneficia (del Programa de Trabajo Voluntario), sino que tiene que cargar con su implementación y supervisión sin un rendimiento tangible”.
Sin embargo, el estado de Washington afirma que el gobierno federal requiere que los detenidos reciban “al menos” 1 dólar de salario al día; nada evita que la empresa pague más. Y, aunque la ley de salario mínimo del estado exenta a instalaciones de detenidos que son propiedad del gobierno, no hace excepción alguna con las privadas.
“Al depender del trabajo de los detenidos, GEO evitó el costo de contratar a trabajadores no detenidos e injustamente se quedó con los ahorros y ganancias resultantes”, escribió la fiscalía general en su resumen jurídico.
Además, GEO privó a los residentes locales de empleos que de otra forma hubieran tenido, agregó el estado.
El juicio podría durar varias semanas. Si el jurado encuentra que la ley de salario mínimo aplica a GEO, se llevará a cabo una segunda fase para determinar los daños.
