Un equipo de expertos de la ONU avanzaron este miércoles con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre su plan de crear un organismo para combatir la corrupción y la impunidad en el país.
«Hemos tenido la oportunidad de sostener una reunión con la señora presidenta que ha reiterado su fuerte apoyo a esta iniciativa», dijo el funcionario de asuntos políticos de la ONU, Andrés Salazar.
La creación de la llamada Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es una promesa de campaña de Castro y sería similar a una que funcionó en Guatemala, con aval de la ONU, entre 2007 y 2019.
Salazar indicó que el «grupo de expertos» que llegó el domingo a Tegucigalpa brindará «asistencia técnica» para «el futuro establecimiento de un mecanismo internacional independiente, imparcial y autónomo contra la impunidad y la corrupción» en el país.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 12, 2023
La gestión va en línea con un «memorando de entendimiento firmado en diciembre por el gobierno [hondureño] y las Naciones Unidas», agregó.
Explicó que el equipo de expertos evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades existentes para la lucha «contra la corrupción y la impunidad y su enjuiciamiento».
Asimismo, «contribuirá a la asesoría técnica e identificará las reformas necesarias» que «son cruciales» para el posible establecimiento del mecanismo.
Aclaró que el equipo «analizará las condiciones mínimas para su establecimiento» y que el trabajo técnico «se desarrollará involucrando a una amplia variedad de actores».
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«El mecanismo daría inicio solamente cuando se acuerden por escrito la existencia de garantías y requisitos mínimos para su funcionamiento», en línea con «el trabajo que realizarán los expertos», dijo Salazar.
Además, se requiere que «un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas haya otorgado un mandato y el acuerdo bilateral a ser negociado entre a ONU y el gobierno entre en vigor», enfatizó.
Pero este acuerdo debe pasar por la aprobación del Congreso hondureño compuesto por 128 diputados, la mayoría opositores.
Una anterior comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estuvo vigente entre 2016 y 2020, acusó a varios de los diputados por presunta corrupción, por lo que fue cancelado por el Congreso.
