El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, justificó este jueves ante delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el derecho del Estado a mantener una «guerra» que acumula 25.000 pandilleros detenidos en respuesta a una escalada homicida.
«Al Estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas (…)El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa», escribió Ulloa en Twitter, tras su encuentro con una misión del CICR.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le declaró la «guerra» a las pandillas que operan en su territorio, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades vincularon al accionar de estas agrupaciones.
Amparada en un régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo, la ofensiva de seguridad ha detenido sin orden judicial a pandilleros. «Más de 25.000 terroristas (pandilleros) capturados en solo 41 días. Seguimos guerra contra pandillas», consignó la noche del jueves en Twitter Bukele.
Las 6 condiciones para una guerra justa:
1 Autoridad legitima
2 Causa justa
3 Intención justa de parte del que inicia la guerra
4 Ultima ratio
5 Debe conducir a la paz
6 Proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleadosTodas se reunen en la guerra contra las pandillas https://t.co/pmvonaoPey
— Félix Ulloa (@fulloa51) May 5, 2022
El vicepresidente también explicó a la delegación del CICR, encabezada por David Quesne, la aplicación de «jus in bello» (el derecho en la guerra) bajo el estado de excepción. «Las seis condiciones para una guerra justa: autoridad legitima, causa justa, intención justa de parte del que inicia la guerra, ultima ratio [último recurso], debe conducir a la paz, y proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleados. Todas se reúnen en la guerra contra las pandillas», aclaró Ulloa.
Según la vicepresidencia, Ulloa, junto a los representantes del CICR, «acordaron la posibilidad de presentar al mundo esta experiencia [contra las pandillas] como un modelo internacional de solución ante conflictos sociales».
La medida ha sido criticada por grupos de oposición y algunas entidades humanitarias. Para Amnistía Internacional, la medida de Bukele desató una «tormenta perfecta de violaciones a los derechos humanos», con detenciones arbitrarias incluso de menores de entre 10 y 12 años, de poblaciones pobres.
Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a Bukele combatir el crimen protegiendo los derechos civiles. El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros. De estos, casi 41.000 están prisión, luego de la ofensiva del gobierno.
