EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEFICIENTE, CORRUPTO Y DÉBIL PROVOCA MUERTES

IMPUNIDAD EN EL TRANSPORTE: 344 personas murieron en casi 8 años

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

344 personas murieron y más de 5 mil resultaron lesionadas en casi ocho años

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), detallan que entre 2009 y 2016, 344 personas murieron en accidentes de tránsito en buses urbanos y extraurbanos, mientras que 5 mil 127 resultaron lesionadas. Pese a las múltiples tragedias ocurridas en el país, el sistema que regula el transporte continúa deficiente, corrupto y débil, aunado a una legislación que genera dudas para quién legisla el Congreso de la República, ¿para los empresarios, o los usuarios?

Los informes del INE y AUTUE detallan la cantidad de personas muertas en los buses urbanos y extraurbanos entre 2009 y 2016. Los percances se originaron por colisiones, choques, vuelcos y caídas. (Lea el recuadro Muertes en accidentes de tránsito).

Los heridos ascienden a más de 5 mil en los últimos ocho años, y a criterio de Edgar Guerra, defensor del Usuario del transporte urbano y extraurbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), es preocupante la situación de algunos pasajeros, pues sufren paraplejias o discapacidades, mientras que las aseguradoras y los transportistas no siempre agilizan las diligencias para resarcirlos. (Lea el recuadro Lesionados en hechos de tránsito).

MILES DE BUSES CIRCULAN CON ESCASA VERIFICACIÓN

A pesar de la cantidad de muertes que ocurren anualmente en los buses del transporte público, las instituciones que deberían regular el tránsito continúan operando de forma deficiente y débil.

Un ejemplo es la Dirección General de Transporte (DGT), que tiene registrados 22 mil buses, pero solo cuenta con 20 inspectores que verifican los documentos y el estado físico de esos automotores.

Ana Luisa Olmedo, portavoz de la DGT, explicó que en 2015 realizaron 540 operativos y 689 revisiones a los buses, y en 2016 se reportan alrededor de 123 operativos y 185 verificaciones.

En tanto, de acuerdo con datos oficiales, el presupuesto asignado para la DGT es de Q12 millones.

Por otro lado, Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad capitalina, informó que solo en el departamento de Guatemala circulan 3 mil 221 buses, entre ellos 2 mil 776 unidades rojas y 445 del Transurbano.

“Estos buses los regula la Superintendencia de Transporte Público (STP) que fue creada en 2009 y empezó sus funciones a mediados de 2010; son aproximadamente 100 elementos los que regulan los buses”, indicó Sandoval.

El entrevistado detalló que el personal de la STP supervisa el cumplimiento de las rutas y recorridos, el estado de la unidad de transporte, cobros excesivos de tarifas y otras anomalías, explicó el portavoz.

En la capital, según Sandoval, hay 109 rutas del transporte urbano y a la fecha han emitido unas 105 mil multas administrativas que oscilan entre Q250 y Q50 mil.

De acuerdo con los datos oficiales, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) asignó un subsidio de Q35 millones al transporte urbano de la ciudad de Guatemala.

EN MAL ESTADO Y CON LEGISLACIÓN CUESTIONABLE

La mayoría de buses que circulan en el país son unidades en mal estado que provocan accidentes de tránsito. A esto se suma la irresponsabilidad de conductores que manejan bajo excesiva velocidad o ebrios, según los análisis de la Defensoría del Usuario de la PDH.

A criterio de Guerra, defensor del usuario de la PDH, resulta preocupante que los congresistas legislen con otros intereses que no son precisamente para beneficiar a los pasajeros, sino a empresarios o gente vinculada a campañas políticas.

“Hay políticos que son transportistas y transportistas que son políticos, la situación está mal porque hay conflictos de intereses y no se enfocan en función del bienestar de la sociedad en su conjunto, sino de manera sectorial. Otra cosa es que hay presunción de financiamiento de campañas electorales, en donde se comprometen muchas veces los acarreos electoreros de votantes en los autobuses extraurbanos y urbanos, con la condición de lograr una legislación y acciones a favor de ese gremio”, lamentó Guerra.

De acuerdo con el profesional, muestra de ello son las modificaciones al Reglamento de Tránsito en 2013, que detalla claramente cómo se benefició a los empresarios del transporte. (Ver recuadro Legislación cuestionable).

“Esta situación está claramente en el Reglamento del Transporte Extraurbano, donde hubo unas modificaciones, principalmente en detrimento de los guatemaltecos. El Gobierno Patriota hizo una de las peores modificaciones en cuanto a la antigüedad de los autobuses, en donde se indica que los buses pasan de tener diez años de antigüedad a veinticinco. Vemos que el pueblo de Guatemala sigue pagando con su vida y su salud estas decisiones de políticos irresponsables”, afirmó el defensor del usuario.

Guerra agregó: “También de una manera extraña se exoneró del pago de multas acumuladas que sobrepasaba los Q30 millones al sector de transportistas, también se legisla de manera contraria a los montos que demandarían las sanciones, se disminuyeron de Q10 mil a Q30 mil la multa máxima”, detalló.

Aunado a esta situación, según la PDH, existen otras anomalías, por ejemplo, cuando ocurre un accidente de tránsito, quien es detenido es el piloto de la unidad y no el propietario, que muchas veces es la persona responsable de no dar mantenimiento a los buses.

CULPAN A LA DGT Y AL EXCESO DE VELOCIDAD

La Hora consultó a empresarios del transporte y a uno de los representantes de la comisión Legislativa del Transporte del Congreso, quienes argumentaron que los accidentes son provocados por la falta de control de la DGT y del exceso de velocidad.

Itiel Ordóñez, expresidente y miembro de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), dice que como empresarios cumplen con dar mantenimiento a los buses y que el fondo de los percances es otro.

“Todos los empresarios tenemos diferentes mecanismos en nuestros buses, le damos seguimiento diario a los vehículos, tenemos un mecánico que se dedica directamente a revisarlos y los pilotos tienen que reportar cualquier falla que tenga el vehículo, antes de sacarlo a las carreteras”, dijo Ordóñez.

El empresario agregó: “En estos accidentes que se han dado, se tiene que ir a fondo y es un problema jurídico, donde es fácil decir que el sistema de frenos nos falló, que el piloto no tuvo cuidado con el bus, pero si analizamos, la única responsable de estos accidentes es por la misma autorización de licencias montadas que ha dado la DGT y que obliga al empresario y al piloto a ponerse a competir en la carretera”, justifica.

Según el expresidente de Gretexpa, la DGT obliga a los empresarios a competir, debido al horario que asigna a cada bus para circular.

“Por ejemplo, si usted presta su servicio de Quetzaltenango a la capital y le autorizaron el horario a las tres de la tarde y resulta que hay un segundo o tercer horario, la DGT no toma los cuidados y los autoriza, estos transportistas salen con una diferencia de dos a tres minutos. A estas alturas es necesario hacer la reforma a la Ley del Transporte Extraurbano y hacer un nuevo reglamento y solicitar al Estado de urgencia nacional”, refirió.

Este vespertino intentó obtener una respuesta de Luis Gómez, de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

En tanto, Luis Contreras, de la Comisión de Transporte del Congreso, fue consultado sobre la legislación “cuestionable” emitida en los últimos años y las sospechas sobre que diputados son dueños de autobuses; el funcionario respondió que no existen intereses de esa índole, sin embargo, admitió que hace años fue propietario de transporte de carga.

“No lo creo, ni siquiera hay un 5 por ciento de diputados que están involucrados; tenían sus negocios mucho antes de ser diputados, pero es una parte muy mínima. Yo tuve transporte y conozco a fondo ese problema, no se lo digo sin desconocimiento, sé que el tema se puede resolver en una parte”, refirió Contreras.

Según el diputado, el exceso de velocidad en los buses es una de las principales causas de los accidente de tránsito, por ello, buscará la aprobación de una iniciativa de ley para regular la velocidad, según él.

¿QUÉ HACER?

El defensor del usuario ha reiterado la necesidad de fortalecer a la DGT y a las instituciones que velan por el tránsito. En el caso de la primera debería contar con más personal y evitar la corrupción a la que se puede prestar para no sancionar a quienes incumplan con los requisitos para circular.

Guerra también refiere que es necesario reformar las leyes vigentes, que “son obsoletas” para la realidad del país, y solo buscan beneficiar a los empresarios.

En tanto, detalla la importancia del combate a la corrupción en las instituciones estatales, pues es evidente que la pérdida de vidas humanas también está relacionada con este flagelo.


LEGISLACIÓN CUESTIONABLE

La Defensoría del Usuario de la PDH ve con preocupación las reformas al Reglamento de Tránsito del Transporte Extraurbano en 2013, pues considera que tiene indicios de beneficiar a empresarios.

Algunos artículos de la normativa refieren:
ARTÍCULO 17. Se reforma el Artículo 38, el cual queda así:
Artículo 38. CLASIFICACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PASAJEROS POR CARRETERA. La clasificación del servicio público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera es la siguiente: a) Servicio Exclusivo: El servicio exclusivo opera en viajes directos de origen a destino, sin paradas intermedias. Deberá prestarse en autobuses integrales con capacidad mayor de 35 pasajeros, hasta con veinticinco años de antigüedad en relación al modelo de fabricación de la unidad, dotados de asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, cortinas, televisión, servicio de cafetería, portaequipaje dentro del cuerpo del autobús y suspensión de aire.

ARTÍCULO 23. Se reforma el Artículo 55 el cual queda así:
Artículo 55. INFRACCIONES Y VALOR DE LAS SANCIONES. Los Porteadores que infrinjan las disposiciones prohibitivas o cometan omisiones reguladas en el presente Reglamento, serán sancionados de la manera siguiente: a) Por modificar los itinerarios autorizados.Q10,000.00. b) No cumplir con los horarios autorizados.Q10,000.00. c) Operar con documentos vencidos.Q10,000.00. d) Por hacer mal uso de los permisos para viajes expresos.Q2,500.00 e) Operar con documentos deteriorados.Q1,000.00. f) No portar distintivo de ruta.Q2,500.00. g) Por suspender el servicio sin contar con la autorización correspondientes, por más de ocho días.Q1,000.00. h) Por suspender el servicio sin causa justificada.Q5,000.00. i) Por circular sin tarjeta de operación original, o permiso temporal en original o fotocopia legalizada legible de estos documentos, estando el Porteador autorizado para prestar el Servicio de que se trate y por solicitud de línea nueva desestimada.Q1,000.00. j) Por incumplimiento en las tarifas autorizadas.Q10,000.00. k) Por no acreditar con los medios probatorios que fundamenten fehacientemente la oposición interpuesta.Q1,000.00. L) Por no portar la calcomanía regulada en el Artículo 20 de este Reglamento .Q5,000.00. m) Por no cumplir con el registro de los pilotos.Q5,000.00.