¿Idoneidad o impunidad?

Basta con ver quiénes son los ponentes para entender que nada bueno puede haber tras la iniciativa presentada al Congreso para reformar los artículos de los Códigos Penal y Procesal Penal para modificaciones en el tema de la “idoneidad” de los testigos en los diferentes procesos que se tengan que seguir. Felipe Alejos y Juan Ramón Lau se han ganado a pulso el perfil que tienen ante la opinión pública y en este caso es evidente que argumentando la necesaria idoneidad de quienes ofrecen su testimonio en algún juicio, lo que realmente están buscando es impunidad que, en el caso de Alejos, le pueda beneficiar en el futuro porque no olvidemos que la investigación en su contra quedó engavetada por una resolución de la Corte Suprema de Justicia evidentemente negociada a cambio de una mayor asignación presupuestaria.

Por supuesto que cualquier testigo tiene que ser idóneo, pero la jugada está en que con esa iniciativa prácticamente se están eliminando los avances que hubo en materia de combate al crimen organizado con figuras como la del colaborador eficaz y los testigos protegidos. Hay modalidades de crimen en las que es indispensable contar con información proveniente de los mismos miembros de las mafias para lograr su desmantelamiento y el castigo de los delincuentes. Casos como el de La Línea son un ejemplo de cómo funciona la colaboración eficaz, puesto que sin la misma seguramente no se hubiera llegado a descubrir todo el entramado.

El colaborador eficaz o el testigo protegido es eficiente no sólo porque suelta la sopa, sino porque todas y cada una de las sindicaciones y todos y cada uno de sus testimonios, tienen que tener fundamento o respaldo en medios de prueba científicos que corroboren su dicho.

Si un diputado, por ejemplo, se dedica a negociar con empresarios para garantizarles beneficios fiscales pactados con corruptos funcionarios de la SAT, obviamente no hay forma de llegarle si no es porque alguno de los implicados esté dispuesto a declarar. Según la iniciativa presentada, ese implicado sería inhabilitado como testigo simplemente porque ya está sindicado, lo que haría que el diputado corrupto logre su absoluta impunidad porque nadie, fuera de los que participaron de la negociación, podrá aportar datos contundentes.

En otras palabras, es obvio el conflicto de interés que impide al diputado Alejos meterse a ser ponente en leyes que tienen exactamente que ver con sus vicisitudes en el campo penal, porque justamente todos los testimonios que excluyen son los que a él lo podrían llevar, sin un régimen de impunidad, a enfrentar el proceso.