El hombre íntegro dispuesto a probar su inocencia

Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

El mismo día en que se produjeron las capturas en Guatemala por el caso de la Terminal de Contendores Quetzal, negocio resultante de un soborno pagado a Pérez y Baldetti por el empresario español Ángel Pérez-Maura, uno de los empresarios más poderosos de España, tanto así que la misma Interpol no ha querido colocar su nombre en el listado de los delincuentes que tienen orden de captura internacional ni la prensa de su país ha tocado el escandaloso tema, se difundió un video de quien fuera el interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, en el que se le ve indignado por la acusación, tanto como para detener el auto en que viajaba para grabar el mensaje que difundió en las redes sociales afirmando que no tenía nada que ocultar y que en ese momento se preparaba para volver a Guatemala a desvanecer los señalamientos en su contra.

La bravuconada duró poco, sin duda porque no sabía a esas alturas que la declaración de Juan Carlos Monzón lo hundía de manera rotunda e irrefutable y por ello creyó que con decir que no había sido él quien firmó el arrendamiento con TCQ quedaba exonerado de toda la porquería alrededor del caso. En vez de eso solicitó asilo afirmando que contra él hay una persecución política, tesis que comparte con el expresidente Otto Pérez Molina quien insiste en afirmar que la Comisión Internacional Contra la Impunidad es un instrumento de Estados Unidos para derrocarlo y hacerle daño.

Desde el punto de vista legal su solicitud de asilo se produce luego de una orden de captura por delitos comunes, lo cual hace inviable el trámite, pero desde el punto de vista político (otorgar el asilo termina siendo una decisión política), Estados Unidos es justamente el país que Pérez Molina señala como promotor de las investigaciones de la CICIG y sería un contrasentido que le pudieran otorgar el beneficio de la protección que está solicitando.

Por cierto que como parte del trámite del asilo, utilizaron la fanfarronería de Enrique Godoy, hombre de confianza del presidente Jimmy Morales, para llevarlo a decir, en su calidad de alto funcionario de gobierno, que la vida de Allan Marroquín corre peligro por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, afirmación inducida que el ingenuo, para decir lo menos, del comisionado presidencial para la infraestructura, no llegó a percibir cuando se dejó embaucar de una forma que dice mucho de su capacidad de percepción.

En cualquier país del mundo un funcionario al que se la va la boca hablando a troche y moche sin pensar en lo que dice, con una verborrea impresionante que le lleva a hacer afirmaciones gravísimas y falsas, se hubiera visto obligado a dimitir en el mismo momento en que se produce la filtración maliciosa de la conversación. Pero estamos en Guatemala donde todo se vale y se puede porque aquí no hay costumbre de honestidad ni, mucho menos, de rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos y por ello podemos ver que todos los proyectos de infraestructura de este gobierno seguirán en manos de ese funcionario público cuya mayor experiencia como ejecutor fue la del Campo Marte en el gobierno de su tío político Álvaro Arzú, mismo que también se apoyó en el bufete de Allan Marroquín para contrataciones entre el Estado o el municipio con empresas particulares.

Diario La Hora
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