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Volver? niñez y adolescencia repatriadas

Volver? niñez y adolescencia repatriadas

Durante el conflicto armado interno, muchas comunidades fueron desarraigadas y obligadas a migrar, lo que dio como resultado que miles de familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes buscaran refugio en otros paí­ses.

Juan Manuel Castillo
lanana2@itelgua.com

Con el objetivo de propiciar el retorno de las comunidades desplazadas durante los años del enfrentamiento bélico, en 1994 en Oslo, Noruega, el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, firmaron el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado. Dicho documento establece que:

“La población desarraigada tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco”. El acuerdo garantizaba a los desplazados condiciones mí­nimas para vivir en suelo nacional.

Según el Cuaderno de Trabajo sobre Migración, publicado por la Organización Internacional del Migrante, OIM, titulado: La OIM y el proceso de repatriados y refugiados de Guatemala, entre enero de 1987 y junio de 1999, un total de 26 mil 165 niños, niñas y adolescentes, comprendidos entre los 0 y 19 años, retornaron al paí­s.

Thomas Garcí­a, integrante de la Coordinadora Nacional de Desplazados de Guatemala, CONEG, recuerda que entre 1996 y 1999, alrededor de 35 mil personas retornaron de México a Guatemala. Sin embargo, adultos, niños, niñas y adolescentes viajaron sin ser ciudadanos guatemaltecos, por lo que el Gobierno creó varios decretos Ley de Documentación Temporal con el propósito de garantizar la identidad de esta población desarraigada.

“En base a esa ley se pudo documentar a todas las personas, principalmente a los infantes y adolescentes, la cual tiene un reconocimiento internacional por parte de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que dotó a los desplazados de una credencial para que fueran identificados como refugiados”, explica Garcí­a.

Esto resultó indispensable debido a que tanto la Convención Sobre los Derechos del Niño, como Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, establecen que todo niño, niña y adolescente tienen derecho a tener una nacionalidad.

El Estado guatemalteco por su Constitución doctrinal debe respetar el derecho a la identidad en niños, niñas y adolescentes, por lo que no debe haber ningún inconveniente para que esta población pueda obtener la ciudadaní­a, expresa Jorge Ramí­rez, coordinador técnico de la Fundación Guillermo Toriello, institución que facilitó el retorno de familias de excombatientes de la URNG, refugiadas en México

Un caso reciente

El 31 de marzo del año en curso, 34 familias retornaron de Bolivia, tras 24 años de residir fuera del territorio guatemalteco, esto a pesar de que el proceso de repatriación de personas refugiadas a consecuencia de la guerra interna, habí­a concluido en 1999.

Para que las familias radicadas en Bolivia pudiesen retornar, era necesario que tuviesen la documentación necesaria. “Los niños, niñas y adolescentes nacidos en Bolivia, fueron documentados a través de la embajada de Guatemala en Perú, la cual les otorgó una partida de nacimiento, donde obtuvieron la ciudadaní­a guatemalteca, por lo que retornaron al paí­s en calidad de ciudadanos”, relata Pablo Garcí­a, coordinador del Centro de Atención al Migrante, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dicha iniciativa persiguió el mismo fin que la Ley Temporal de Documentación utilizada para niños, niñas y adolescentes retornados de México, la cual le permite a esta población tener la nacionalidad guatemalteca para que puedan ser incluidos en censos y en la creación de polí­ticas públicas, explica Ramí­rez.

Volver dignamente

De acuerdo con Eduardo Aguirre, gerente de la Vicepresidencia de la República, el retorno de estas familias se empezó a gestionar hace tres años, y para propiciar el regreso fue necesaria la compra de la finca El Rosario, ubicada en la aldea La Ciénaga, Livingston, Izabal, la cual cuenta con servicios básicos como: vivienda, drenajes, energí­a eléctrica y una escuela.

“El Ministerio de Relaciones exteriores envió una delegación a Bolivia para realizar un censo y así­ establecer cuántas familias querí­an retornar, explica Aguirre, quien recuerda haber contabilizado a 86 niños, niñas y adolescentes comprendidos en las edades de 0 y 15 años en esa ocasión.

Aguirre comenta que para la niñez y adolescencia el cambio no fue fácil, pues muchos no estaban de acuerdo con el retorno, por lo que la decisión fue tomada por sus padres.

Rubén Zamora de la Defensorí­a de la Niñez y la Juventud de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, explica que los niños, niñas y adolescentes pasan por una etapa de choque cultural al llegar a Guatemala, pues se topan con un contexto que desconocen y se sienten más identificados con la cultura de su antiguo paí­s, por lo que no basta con que obtengan una ciudadaní­a, se les debe fomentar la identidad nacional.

Educación para la niñez y adolescencia retornada

Tal como lo establece la legislación nacional e internacional, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación y es obligación del Estado el proveer la misma de forma gratuita, por lo que la niñez y adolescencia retornada no debe ser la excepción.

Aguirre explica, que para garantizar este derecho fundamental a la población en edad escolar, el Ministerio de Educación envió un delegado a Bolivia, para que este realizara un diagnóstico del nivel educativo de la niñez y adolescencia que allá, con el objetivo de establecer el grado académico de esta población y así­ poder darle seguimiento a sus estudios ya en suelo nacional.

Los primeros pasos para que estas familias gocen de sus derechos como cualquier otro ciudadano se han dado, sólo resta esperar que el Estado cumpla con todos los ofrecimientos planteados, para que de esta forma, adultos, niños y adolescentes puedan construir una nueva identidad nacional.