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Polémica por iniciativa de castración química

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Polémica por iniciativa  de castración química

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Fernando García, diputado por el Partido Patriota, presentó recientemente una iniciativa de ley para castrar químicamente a quienes hayan sido culpables de agresión sexual. Sin embargo, activistas sociales señalan que sería más efectivo que se amplíe el éxito en las condenas de los procesos penales.

POR JODY GARCÍA
jgarcia@lahora.com.gt

La castración química es un proceso que se ha recomendado para reducir la libido y a reducir la actividad sexual, por lo general, para impedir que los violadores, pedófilos y otros delincuentes sexuales reincidan. Las tasas de reincidencia son muy altas entre los delincuentes sexuales una vez en libertad, por ello se ha buscado un método humano de tratarlos, distinto a una vida entera en prisión o la castración quirúrgica.

La castración química no es una castración quirúrgica (cuando se eliminan los testículos o los ovarios) ni es una forma de esterilización.

De acuerdo con esta teoría de la castración química, los violadores actúan bajo una fuerte influencia de alteración hormonal, la cual les impide abstenerse y, usualmente, los lleva a comportarse violentamente.

CONTROVERSIA

Pero pese a la iniciativa, y que los casos de violación sexual poseen altos números en Guatemala, y poca efectividad en las condenas en los procesos judiciales, activistas se han mostrado en contra de este procedimiento.

Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, querellante adhesiva en varios casos de violaciones sexuales, sobre todo en casos masivos, informa que la postura oficial de la organización que lidera es de no apoyar la iniciativa, porque atenta contra los derechos humanos de las personas. “Desde el ámbito de los derechos humanos, no es posible” señala.

Cruz señala que en la Ley contra el Femicidio existe un artículo concreto en donde se penaliza la castración de mujeres, y manifiesta que, por lo tanto, no puede existir una ley que sancione este hecho en un sexo y otra ley permitirla.

La representante de la Fundación argumenta también que la castración no es una solución porque “la violación no sólo es con el pene; hay violadores que incluso disfrutan violentando a la víctima, con otras partes del cuerpo, o introduciéndole otro tipo de instrumento en sus partes genitales”.

MENOS IMPUNIDAD

Sin embargo, a pesar de la “cólera” que producen las violaciones en serie, Norma Cruz señala que lo que solicitan como Fundación Sobrevivientes es que se aumenten las penas por violación, pues a pesar de la gravedad del delito, éstas son bajas y se les beneficia con redenciones.

La pena máxima por violación, señala Cruz, son doce años, y se les reduce a una tercera parte, lo que significa que solo cumplen con una condena de cuatro años.

Anteriormente, Fundación Sobrevivientes solicitó al Congreso que se estableciera que la pena mínima por este delito aumentara a diez años de prisión y la máxima subiera a 20; sin embargo, el Congreso de la Republica no aprobó esta reforma.

Cruz señala que si no se hace una reforma, que por lo menos que se asegure que el castigado cumpla con su condena completa por la violación de alguien.

“Algo muy importante es que tienen que guardar prisión preventiva; no pueden dejarlo libre hasta que quede firme la sentencia, que es lo que continuamente hacen los jueces”, afirma Cruz.

Ante esta decisión, la Fundación propone “poner a trabajar” a los sindicados: “hay una propuesta para que estos hagan escritorios,  sería excelente ponerlos a trabajar”, afirma.

PROCESO
Condena por 200 años


En el Tribunal Primero de Sentencia Penal de la jurisdicción de Villa Nueva, hoy se dictó sentencia en contra del violador en serie Tránsito Enrique López Pérez, agresor sexual de 11 mujeres, entre las cuales se encontraban menores de edad.

A López Pérez se le dictó una pena de 18 años  y 6 meses por cada una de las 11 agraviadas, lo cual suma 200 años de prisión.

No obstante, el Ministerio Público había solicitado que al sindicado se le imputaran 220 años de prisión, 20 por cada víctima.

Según investigaciones del MP, indican que las violaciones se dieron entre el 2010 y 2011, y que el sentenciado operaba en la zona 6 de Villa Nueva, a bordo de un vehículo Mitsubishi, modelo 2004, de vidrios polarizados.

ESTADÍSTICAS
12 mil casos


Según estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj), del Organismo Judicial, desde los años 2008 al 2011 se han reportado 12,771 casos por delitos sexuales, de los cuales el 73% es por el delito de violación sexual.

En 2008 se registraron 2 mil 553 casos; en 2009 fueron 2 mil 932; en 2010, 3 mil 517, y en el 2011 3 mil 769 casos, por agresiones sexuales.

La estadística también señala que el 62 % de las víctimas son mujeres mayores de edad, y que 31% de las agraviadas son niñas y adolescentes.

Un 7% de los casos ingresados por ese delito, son por abusos a hombres, incluyendo adolescentes y niños.