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Mujeres viven inseguras en el ámbito público y el privado

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Mujeres viven inseguras en el ámbito público y el privado

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Aunque hace más de seis años que se aprobó la Ley contra el Femicidio y Violencia contra la Mujer, las estadísticas de muertes violentas contra las mujeres reflejan que aún hay mucho por hacer contra este flagelo

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POR REGINA PÉREZ
lahora@lahora.com.gt

Tan solo en el primer semestre de 2014 la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha registrado al menos 400 muertes violentas de mujeres, casos que tienen distintos orígenes y que reflejan la vulnerabilidad en que vive la mitad de la población.

La tarde del jueves 3 de julio, Patricia Samayoa, quien era funcionaria de la Municipalidad de Guatemala e investigadora social, fue asesinada en una farmacia ubicada en la zona 1 de la ciudad Capital, por uno de los guardias de seguridad que resguardaban el negocio.

El asesinato de Samayoa generó conmoción entre las personas que la conocían, a quien reconocían como una académica destacada y como una persona que ayudó a otras mujeres de las zonas periféricas de la ciudad a conocer sus derechos y a buscar su desarrollo.

Las mujeres con quienes trabajó también manifestaron su aprecio por Samayoa, de quien indicaron aprendieron sobre sus derechos, a levantar la voz contra el maltrato, conocer sobre las instituciones a las que podían acudir si eran víctimas de violencia y como una gran educadora.

Samayoa fue una víctima de la violencia en el país, de las 400 muertes de mujeres en el primer semestre de 2014, según cifras de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); fue un crimen que “denota la fragilidad en el sistema de seguridad, especialmente cuando se trata de mujeres” señaló la entidad.

Samayoa fue víctima de la inseguridad y delincuencia que hay en el país, uno de los más violentos en la región centroamericana. Pero en el ámbito privado las mujeres guatemaltecas también sufren violencia y sus vidas corren peligro a manos de sus esposos, novios y exconvivientes, como demostró el caso de Estefanía Javier Ibáñez, cuya muerte violenta ocurrida en junio pasado en Cobán, Alta Verapaz, apunta como principal sospechoso a su novio y prometido, Jason Armando Yanez, de 24 años.

Yanez reportó el supuesto secuestro de Javier Ibáñez por hombres armados en la salida hacia San Juan Chamelco, Cobán, Alta Verapaz, el 15 de junio. Horas más tarde el cuerpo de su novia fue encontrado a orillas del Río Escondido de San Juan Chamelco, en terrenos que eran propiedad de su familia. Según las autoridades, Yanez es sospechoso de haber disparado en el rostro a su esposa, cuyo cuerpo presentaba signos de violencia.

Otro caso similar es el de Mitzie Alejandra Sánchez, cuyo cadáver fue encontrado en estado de putrefacción en el interior de un vehículo en la vía 5, ruta 1 de la zona 4 el pasado 3 de julio. Sánchez había sido reportada por su esposo Banny Yhans Zambrano Llamas como secuestrada. Según los investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida.  Zambrano presuntamente planeó el asesinato y fingió el secuestro de su cónyuge para realizar el cobro de Q500 mil en concepto de un seguro de vida que la víctima había adquirido, dejando como beneficiario al detenido.

Según cifras del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), el año 2013 cerró con 748 muertes violentas de mujeres. De acuerdo con los registros de la organización desde 2008 y 2009 no se reportaba un nivel de incidencia similar ya que en 2010 y en 2011 se mostraron descensos sostenidos y por debajo de las 700 víctimas (695 y 660 muertes violentas de mujeres).

Los departamentos que mayor muerte de mujeres registran en 2014 son Guatemala, con 158 muertes de mujeres hasta mayo, Escuintla, con 45 casos y Petén, con 20; también Jutiapa, con 14 muertes. El único departamento en donde hasta mayo de este año no se había reportado ni una sola muerte violenta de mujeres es Sololá. En Sacatepéquez se registró una víctima mientras que en Baja Verapaz y Totonicapán han ocurrido dos muertes.

ÁMBITO PRIVADO: MÁS AGRESIONES 

Giovanna Lemus, directora de GGM, dijo que está documentado que el lugar en donde más mujeres han perdido la vida por violencia en su contra es en el ámbito privado; hoy tenemos más conocimiento de estos hechos que antes sucedían en el silencio, en las últimas dos décadas hemos avanzado sustancialmente pero todavía hace falta mucho por hacer indicó Lemus.

Según la activista a través de varios mecanismos elaborados por las entidades las mujeres tienen más conocimiento de que la violencia no es natural y es una violación a sus derechos y pueden denunciar, pero todavía falta mucho para hacer en las instituciones del Estado, para que den una respuesta oportuna e inmediata.

“Como sociedad tenemos una responsabilidad y por eso las organizaciones de mujeres por décadas hemos luchado para que esa violencia se conozca y se prevenga y para hacer acciones coordinadas con el Estado” indicó.

Lemus lamentó que a veces los funcionarios que dirigen las instituciones no comprenden la dimensión del problema y es ahí donde hay una limitación que se ve reflejada en todas esas historias de mujeres cuyas muertes pudieron haber sido prevenidas pero que el Estado no ha actuado de manera más eficiente e inmediata para evitarlo.

Maya Alvarado, directora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) señala que en países como Guatemala las mujeres se encuentran por debajo de la condición social incluso de hombres que también viven en la marginalidad; si vas a un área marginal, el hombre con menos poder en esa área tiene más poder que cualquier mujer, indica.

Según Alvarado, en el tema de parejas, muchas relaciones se entablan en el marco de esas condiciones de poder, las mujeres están supeditadas en el tema económico, por ejemplo; también hay un mandato para los hombres de ser proveedores, en países como Guatemala donde hay mucho desempleo ellos no pueden cumplir siempre sus roles de género y a veces la reacción es violenta, no es justificante pero se pueden explicar los fenómenos indicó la directora de UNAMG. 
No obstante Alvarado agrega que el sustento de la violencia contra las mujeres es su condición social de género que hace que sean las más vulnerables por condición política, social y económica.

DENUNCIAS EN TRIBUNALES

La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer entró en vigencia en 2008, ese año solamente ingresaron 849 casos al Organismo Judicial y solo uno recibió sentencia. A medida que pasaron los años más denuncias llegan al sistema de justicia y hay más sentencias. Por ejemplo en el 2013 ingresaron 7,374 casos y se dieron 1523 sentencias. En lo que va del 2014 han ingresado 4,455 casos y se han dictado 897 sentencias, esto según datos del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ).

Rodolfo Díaz, abogado de la Fundación Sobrevivientes quien lleva un caso de femicidio conocido como El Sauzalito, explica que los Tribunales de Femicidio le dan la perspectiva de género a las denuncias, algo que les ha faltado a algunos juzgadores para visualizar el problema.

Por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica, si el juez no está sensibilizado con el tema de violencia de género muy difícilmente podrá emitir una sentencia condenatoria, indicó Díaz.

Según el abogado, los juzgadores son capacitados con perspectiva de género para poder evidenciar qué tipo de violencia sufrió una mujer, ya sea violencia psicológica, económica o la muerte violenta de una mujer por cuestiones de misoginia; es la gran diferencia en relación a la competencia de otros tribunales, dijo. 

Maya Alvarado indica que la Ley contra el Femicidio sacó la violencia contra las mujeres de lo privado y lo convierte en un tema social; la violencia en general es una construcción social y lo que sucede en cada familia es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, por lo que si un esposo violenta a su esposa no es un tema privado sino es una problemática social porque es una conducta aprendida en la sociedad, señaló.

En Guatemala se han implementado Tribunales de Femicidio en la ciudad capital, Chiquimula, Izabal y Quetzaltenango.

ESTADO AÚN NO ASUME RESPONSABILIDAD 

Alvarado considera que después de la aprobación de la Ley contra el Femicidio el Estado no ha asumido su responsabilidad de capacitar a los jueces sino que lo han  hecho las organizaciones de mujeres; no se trata solo de crear leyes sino las condiciones para que estas leyes se implementen, señaló la activista. 
La directora de UNAMG considera que ha habido avances pero que no resuelven el problema porque no se trata solo de sancionar sino de prevenir los hechos y ante esto el Estado y la sociedad son responsables.

Por su parte Lemus indica que hasta ahora los avances de la Ley contra el Femicidio son haber fortalecido los centros de apoyo integral para mujeres conocidos como CAIMUS y las instituciones del Estado, sin embargo lamenta que la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVIH) que en un tiempo tuvo un papel fundamental no esté funcionando en la actualidad. 

Tenemos una situación grave en ese sentido porque todas las instancias del Estado que la CONAPREVIH promovió como el MP, el OJ, los juzgados especializados y fiscalías, funcionan, pero el ente al que le correspondió hacer esa coordinación está ausente ahora, indicó.

Lemus indicó que la violencia contra la mujer es un problema que hay que abordarlo desde su justa dimensión para tener estrategias de intervención; la violencia de género necesita un abordaje diferente, hemos tratado de reencauzar acciones ya que lo que interesa es preservar la vida de las mujeres para realizar acciones conjuntas porque es una situación grave y las muertes que pueden ser evitables siguen en aumento y el Estado no se pone a la altura de la problemática, indicó.

“TENÍAN PROBLEMAS DE PAREJA”

Lesly del Rosario López Véliz de 21 años, y sus dos hijas, Angela Nicole López Veliz y Stefany Jazmin Toj López de 6 y 3 años respectivamente, fueron asesinadas el 3 de febrero de 2013 frente al lote 30 “D” en la Colonia Sauzalito, Chinautla. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público (MP) el principal sospechoso de este triple crimen es Luis Roberto García Pérez, de 23 años, quien era conviviente de la víctima.

Minutos antes del asesinato García subió a López y a sus dos hijas a un vehículo Mazda, color gris, que manejaba, junto con dos menores de edad; posteriormente, al llegar a la dirección indicada le dijo a López que se bajara con sus dos hijas tras lo cual uno de los menores disparó en contra de las tres mujeres. Según la información recabada, López Veliz estaba embarazada cuando ocurrió el asesinato.

A Luis Roberto García se le sindica del delito de femicidio por haber tomado parte directa en la ejecución de los actos propios del delito, haber facilitado los medios para trasladar de un lugar a otro al victimario y a sus víctimas y haber esperado a que se realizara la consumación del delito para esperar a la persona que disparó a las mujeres.

Según la investigación del MP López Veliz era conviviente de García con quien tenía “problemas de pareja” y ese mismo día le había enviado mensajes de texto en donde le había manifestado que “lo empezaba a odiar” y que ya no creía en él y que le daba asco. Por ello su conducta se encuadra en el delito de femicidio cometido en agravio de las tres mujeres y del feto, explica la acusación.

Rodolfo Díaz, abogado de la Fundación Sobrevivientes que lleva el caso indica que hubo femicidio porque Lesly López tenía una relación de convivencia con el acusado.

“Como sociedad tenemos una responsabilidad y por eso las organizaciones de mujeres por décadas hemos luchado para que esa violencia se conozca y se prevenga y para hacer acciones coordinadas con el Estado”, indicó.
Giovanna Lemus
GGM