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La soberaní­a nacional, el CICIAG y el CICIG

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La soberaní­a nacional, el CICIAG y el CICIG

No hace muchos dí­as que mi amable anfitrión, el presidente del Consejo de Administración del Diario La Hora, Oscar Clemente Marroquí­n Godoy, escribió un editorial sobre el importante asunto de la aprobación de un convenio internacional con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Alfonso Bauer

En el editorial, Oscar Clemente manifestó su preocupación por el hecho de ceder en parte soberaní­a del Estado, al vincular a una institución internacional con el Ministerio Público (MP), institución encargada de auxiliar a la administración pública y a los tribunales de justicia, pero con funciones autónomas y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del paí­s y ejercer la representación del Estado. (Artí­culo 251 de la Constitución Polí­tica de la República). Indudablemente que él tiene razón, pero también la tiene al plantear la disyuntiva entre el imperio de la impunidad o la disminución del ejercicio de la soberaní­a nacional y, finalmente se pronuncia por la majestad de la justicia y el abatimiento de la impunidad.

La cuestión es un problema nacional, respecto del que me permitiré, gracias a la amplitud de la dirección de La Hora ?Tribuna, no mostrador? exponer algunas ideas y opiniones.

En primer lugar, la reciente suscripción (en diciembre del año pasado) del convenio en Nueva York, entre el Vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, y el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, que crea la mencionada Comisión, es un acto que no puede desligarse de otro, que fue su antecedente. Me refiero, al Convenio para el establecimiento de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.

Al menos, nominalmente ambos compromisos apuntan a diferentes finalidades: el convenio último apunta a la IMPUNIDAD, en tanto que su antecedente, a escuadrones de la muerte, bandas gangsteriles y paramilitares, a las cuales el Convenio designaba discretamente como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Sabido es que este Convenio no fue aprobado por el Congreso de la República, porque en el mismo, así­ como en instituciones oficiales de Seguridad como el Ejército Nacional y la Policí­a Nacional Civil y otras fuerzas públicas, hay grupos de delincuentes, contrabandistas, coyotes migratorios y sicarios de profesión infiltrados y no les convení­a que el Gobierno de Guatemala recibiera el apoyo de las Naciones Unidas para extirparlos.

En segundo lugar, al no haber sido aprobado por el í“rgano Legislativo, el Ejecutivo no pudo nunca ratificar el primer Convenio. Como consecuencia de ese fracaso decidió emprender los pasos necesarios para la creación de esta nueva Comisión Internacional contra la Impunidad, así­ denominada, pero que en su cláusula se asumen compromisos para combatir aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Es mi criterio, que si el primer Convenio no fue posible llevarlo a la realidad por las circunstancias mencionadas supra, este segundo Convenio correrá la misma suerte: muerte prenatal. ¿Por qué? Porque en éste se pone énfasis en el combate a la IMPUNIDAD y en la actualidad, y desde hace varias décadas, nuestro paí­s ha sido el paraí­so de la impunidad. En los tres organismos del Estado dignatarios, funcionarios y empleados públicos que se han enriquecido ilí­citamente, cometido abusos de autoridad, crí­menes contra la vida humana, muy rara vez son sancionados penalmente. La negligencia, por no decir encubrimiento, de las autoridades de justicia, incluida la Corte Suprema y de fiscalización como los tribunales civiles, penales, etc. la Contralorí­a General de Cuentas, el Ministerio Público y la Fiscalí­a General de la Nación. En el orden de las garantí­as constitucionales, la Corte de Constitucionalidad, la cual ha omitido resoluciones contra la impunidad. Y en el de la economí­a nacional, por ejemplo, la ineficiente actuación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); pero, también ha quedado demostrada la complacencia con delincuentes de cuello blanco, como consecuencia de la quiebra de dos bancos, de las autoridades del Banco de Guatemala, de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos.

Esa es cruda realidad. Eso elementos deshonestos y con poder polí­tico no van a permitir que el Convenio del CICIG se implante.

En tercer lugar, respecto a que el auxilio de ONU para el combate de la Impunidad serí­a una garantí­a, perdóneseme, pero yo la pongo en duda, después de la í­mproba actuación de agentes de la Oficina Internacional de Migración (OIM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), actuación en Guatemala, por cierto nada transparente.

Por último, Oscar Clemente, usted puede estar tranquilo respecto a la disminución de la soberaní­a nacional, si se ratificara el convenio de la Comisión contra la Impunidad, pues ésta ya casi no existe desde que en Guatemala, para construir unas escuelas, unas clí­nicas en el campo, y perforar unos cuantos pozos y combatir a los narcotraficantes (que en EUA no lo son), el Congreso de la República desde el año 2002 hasta la fecha viene autorizando la presencia de efectivos militares de tierra, mar y aire de los EUA, que se limitaban a sólo 100 individuos, pero ya se autorizaron a 1000 militares del íguila Calva y 7000 expertos gringos para cuidar nuestras áreas protegidas, además de haber quedado sometida nuestra patria al plan de dominación polí­tica y económica de los EEUU, a través del Plan Puebla Panamá y el DR-CAFTA y el ALCA.

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