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¿Quiénes son los funcionarios y empleados penitenciarios?

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¿Quiénes son los funcionarios y empleados penitenciarios?

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Con el argumento de que revelar los nombres de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP), existe el riesgo de vulnerar la seguridad y la protección de dichas personas, las autoridades no develan la identidad de sus empleados, sin embargo, ese hermetismo se ha prestado para que denuncias anónimas cobren fuerza y en otros casos, para alentar la corrupción que embarga al sistema.

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

Es importante preservar la vida de los miembros del SP, pero ¿Qué marca la línea entre la seguridad y la falta de transparencia?

Carlos Schwartz, exsubdirector del SP, fue destituido el 14 de mayo de 2010, luego de varias denuncias recibidas a la redacción de La Hora, que alertaban que esta persona extorsionaba a los propios privados de libertad. La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Gobernación (Mingob).

En aquel momento, las autoridades penitenciarias se reservaron el nombre del sindicado, aduciendo que revelar la identidad del funcionario podría vulnerarlo, no obstante, ante el escándalo desatado por las constantes preguntas, prefirieron dar a conocer el nombre del empleado quien posteriormente fue destituido.

Otra denuncia similar fue recibida hace algunas semanas por fuentes que pidieron no ser identificadas, donde se indicaba que Elvia Yolanda Álvarez Veliz, quien funge como titular de la Subdirección de Recursos Humanos del SP, era supuestamente la hermana del pandillero recluido en la cárcel de El Boquerón, Randy Manolo Álvarez Veliz, quien según los archivos de presidios estaba detenido desde el año 2005, por los delitos de asesinato y motín de presos, pero que el pasado 29 de noviembre recobró su libertad.

La información revelada por los informantes, indicaba que debido al parentesco consanguíneo que aparentemente existía entre la empleada penitenciaria y el pandillero, se continuaba permitiendo el ingreso de objetos ilícitos, y supuestamente había “privilegios” para los internos de esa cárcel, por eso era necesario denunciar esa información.

Con el afán de corroborar la información, La Hora, a través de la Unidad de Acceso a la Información y del propio SP, solicitó la información de la empleada penitenciaria, no obstante de forma inicial el SP argumentó que debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de esta institución no podían revelar la identidad de la aludida, pero posteriormente se indicó que como la intención era transparentar las acciones de presidios darían a conocer la información.

Pese a la intención de transparentar, la respuesta a la solicitud requerida por este vespertino, derivado del análisis emitido por la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección del SP, se determinó que la información requerida era reservada, por aparte la Subdirección de Recursos Humanos informó que respecto a los nombres de las personas que ocupaban los puestos de directores en diferentes Centros de Detención y la Jefatura de Recursos Humanos, no era posible proporcionarlos, en virtud que era considerada como reservada, únicamente se proporcionaba la fecha en que asumieron los cargos los funcionarios.

“Atendiendo a lo establecido en el artículo 23, numeral 9 del Decreto 57-2008, del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública y lo preceptuado en el Acuerdo Ministerial número 451-2009 Artículo 1, se clasifica como reservada, la información relacionada con nombres de los funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en la Dirección General del Sistema Penitenciario, dependencia del Ministerio de Gobernación, en virtud que, dar a conocer esta información vulnera la protección y seguridad de la misma”, indicaba.

Por varios días se intentó obtener una entrevista con el director de la institución, Luis González, pero supuestamente por las visitas que realizaría a los diferentes centros carcelarios del país, previo a las fiestas de fin de año, no fue posible obtener una respuesta con los respectivos argumentos.

En su lugar, fue consultado el portavoz, Rudy Esquivel, quien reiteró que el Acuerdo Ministerial 451-2009, clasifica cierta información como “reservada”, sin embargo, dijo que por la intención de transparentar las acciones del SP daría a conocer algo de la información requerida. El funcionario negó el parentesco de la funcionaria con el pandillero de la Mara Salvatrucha.

“En aspectos de garantizar situaciones de transparencia en los procedimientos en los cuales el Director General está muy sabido y es parte de la política la cual él está ejecutando, se tiene a bien dar a conocer, que la autorización expresa y la consulta específica en este caso a la funcionaria, se descarta totalmente cualquier relación con la persona en privación de libertad antes mencionada, esto obviamente confirmado con las autoridades superiores, con la funcionaria y obviamente es una situación lamentable de un homónimo”, indicó Esquivel.

PERFIL
De acuerdo con representantes de la sociedad civil, este y otros casos deben ser abordados de forma seria, pues en los centros carcelarios se gesta la corrupción que puede pasar por el director, el subdirector, el empleado administrativo y el guardia.

Ana María de Klein, de la organización Madres Angustiadas, dice que debe existir una verificación estricta de todos los funcionarios y empleados penitenciarios, pues de ello depende que mejore la situación del SP.

“Si bien hay perfiles, reglamentos, no hay una supervisión adecuada para regular si están cumpliendo -los empleados-, hemos visto desacatos, decisiones que no son legales, debería de exigirse como responsable, principalmente al director, que supervise los reglamentos existentes, porque el SP ha causado tantos problemas, por el tipo de gente que tiene, deben ser muy estrictos y ejercer un buen trabajo”, dice De Klein.

La entrevistada opina que la intervención del Viceministerio de Seguridad, es oportuna para que averigüe lo que sucede a lo interno de los centros y tome las decisiones correctas cuando detecte una anomalía.

“La exigencia debe subir hasta el Viceministerio de Seguridad, sería conveniente que el Ministro supervise lo que está pasando, lo diga públicamente e intervenga, para asegurarse que las cosas sean dentro de la legalidad y si hay indicios dentro del comportamiento de cualquier funcionario que tome las medidas necesarias para destituirlo, porque si se corre el riesgo de que haya gente que es corrupta, implica que los internos siguen entrando celulares, amenazando, haciendo lo que quieren”, dice la entrevistada.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), por aparte refiere, que las acciones del SP deben transparentarse, al mismo tiempo, debería existir un marco que regule cualquier situación.

“Debe existir un marco legal regulatorio, puesto que hay una ambigüedad bastante grande de la forma en que funciona el SP, por otro lado, debiera garantizarse que para el nombramiento de las personas que tienen que ver con reos, deben pasarlo a una serie de exámenes psicológicos y técnico profesional para determinar si son las personas idóneas”, indica Polanco.

El director del GAM, explica que muchas de las personas contratadas en esta institución desempeñan ciertos puestos por “compadrazgos, por pertenecer al mismo partido, o por tener vínculos con altos funcionarios de la Cartera de Seguridad”.

El entrevistado manifiesta que este problema es grave, por ello, se debe atender para evitar que no se siga corriendo el riesgo de que se infiltre el crimen o la delincuencia común, a través de los empleados y directores de los centros.

EVALUADOS
Rudy Esquivel, por aparte, señala que los empleados penitenciarios son evaluados constantemente, no solo cuando ingresan a laborar a la institución, sino que a lo largo del tiempo que permanecen prestando sus servicios.

Según expresa, hay varias formas de evaluar al personal, a través de las diferentes unidades a las que pertenecen.

“Los procedimientos de seguimiento, cada persona está regulada, en relación al servidor público, que está contratado bajo el renglón 011 o 022, obviamente hay un período en el cual el personal está a prueba en relación a su desarrollo, eso puede ser de tres a seis meses en lo que él o ella puede estar desempeñado sus labores, pero obviamente está bajo observancia en relación a lo idóneo en su desempeño”, explica el portavoz.

SALARIOS
Un factor que es de suma importancia dentro del SP es una política apropiada de remuneración salarial para los funcionarios y agentes con el afán de tratar de hacer menos tentadora la corrupción.

Un trabajador del SP que pidió no ser identificado dijo “es importante que podamos contar con mejores salarios, porque para muchos guardias el dinero que ofrecen en sobornos es para vivir mejor o incluso asegurar su futuro. ¿Si eso les dan a los guardias, qué no le podrán dar a las altas autoridades? Es necesario que se castiguen a los corruptos y se alienten a los buenos miembros del SP que todos los días nos entregamos a un trabajo digno”, concluyó.

JULIO RIVERA CLAVERÍA
“Hay que replantear todo el esquema del SP”

Julio Rivera Clavería, quien fue nombrado como encargado de la Inspectoría General (IG) del Mingob, en noviembre del año pasado, admite que aunque el SP ya cuenta con su propia Inspectoría, es necesario replantear todo el esquema a lo interno de la institución, pues la corrupción continúa.

“En el tema del SP desde luego que se van a tener controles estrictos sobre todo el personal, especialmente de seguridad y administrativo, porque yo insisto, no puede ser posible que los celulares, los chips, el licor y las drogas caminen solos, todo eso llega porque hay altos niveles de corrupción y eso implica replantear todo el esquema a lo interno del SP”, indica el funcionario.

Según el entrevistado uno de los objetivos de la IG es mantener el control, supervisar, investigar, inspeccionar y hacer inteligencia no solo en todas las direcciones de la Cartera del Interior, sino que especialmente en aquellas que ya tienen su propia inspectoría, como la PNC y el mismo SP, este último “la tiene pero solo de nombre”, dice.

Rivera Clavería agregó que las dependencias que no tienen Inspectoría como las empresas de seguridad privada, la Dirección General de Migración y de Inteligencia Civil serán creadas próximamente.

“Debe existir un marco legal regulatorio, puesto que hay una ambigüedad bastante grande de la forma en que funciona el SP, por otro lado, debiera garantizarse que para el nombramiento de las personas que tienen que ver con reos, deben pasarlo a una serie de exámenes psicológicos y técnico profesional para determinar si son las personas idóneas”
Mario Polanco
Director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)