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Hospital Roosevelt: Impera inseguridad y es escenario de delitos

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Hospital Roosevelt: Impera inseguridad y es escenario de delitos

El robo de un recién nacido, la violación de una niña y los indicios sobre distribución y consumo de narcóticos en el Hospital Roosevelt encabezan la lista de los delitos que se cometen en este nosocomio.

El robo de un recién nacido, la violación de una niña y los indicios sobre distribución y consumo de narcóticos en el Hospital Roosevelt encabezan la lista de los delitos que se cometen en este nosocomio. Los hechos hablan por sí­ solos, pero no se descarta la existencia de otros casos que quedan en la impunidad.

Mariela Castañon
mcastanon@lahora.com.gt

En el Hospital Roosevelt se han cometido delitos graves, que involucran a trabajadores de distinta jerarquí­a; desde médicos hasta guardias de seguridad y enfermeras estarí­an envueltos en actos ilí­citos, según indican los registros de las autoridades hospitalarias y policiales.

Conocer estos casos ha llevado tiempo, debido a que las autoridades prefieren hablar con “cautela” sobre las situaciones de trascendencia que han ocurrido dentro del centro asistencial, aunque estos hechos ya han llegado a las autoridades y a conocimiento del público.

Uno de los casos de mayor impacto ocurrió el pasado 6 de junio de 2010 en la Sala de Maternidad. Entonces, una mujer vestida de enfermera engañó a Marí­a Leticia Ispaché Reyes, una joven madre de 28 años, para que le entregara a su bebé con el argumento de que debí­a inyectarle una vacuna.

Minutos antes, Hugo Adalberto Bachés Trigueros, un albañil de 30 años -padre del niño- habrí­a salido a comprar una pijama para el recién nacido.

Doña Leticia, quien se encontraba sola, le entregó el niño a la supuesta enfermera creyendo que se trataba de un protocolo de atención médica. Se cree que la delincuente ya habí­a estudiado el lugar y las circunstancias previas a cometer el delito. La mujer huyó con total impunidad y hasta hoy se desconoce su paradero y nunca más se supo del bebé.

El Ministerio Público (MP) y la Policí­a Nacional Civil (PNC) iniciaron la investigación del caso y el pasado 13 de agosto capturaron a un guardia de seguridad, una supervisora y una enfermera del hospital.

Entre los sindicados aparece Adalberto Baten, el guardia, quien fue ligado a proceso al igual que la supervisora y la enfermera Ana Reyes, puesto que las dos últimas se cree que permitieron la estadí­a de la delincuente en el hospital -una persona vestida de enfermera-, que no laboraba en la institución.

La fiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, informó que a los sindicados se les concedió una medida sustitutiva y están en libertad esperando la celebración de la audiencia. “En este caso los sindicados están ligados a proceso por sustracción e incumplimiento de deberes. Se decretó la apertura a juicio pero no se ha celebrado la audiencia”, refirió la jefa del MP.

En este caso continúa la investigación de la mujer que robó al niño, debido a que ésta no ha sido ubicada.

EN DEPRESIí“N

En una vivienda de alquiler ubicada en la ciudad de Guatemala, se recupera la niña de 12 años quien habrí­a sido ví­ctima de abuso sexual por parte del médico Diego Augusto Gordillo Quintana, de 28 años, quien constitucionalmente goza de la presunción de inocencia. Al galeno se le sindica por el delito de violación agravada; este habrí­a violado a la niña cuando la menor necesitaba atención médica, según las autoridades.

Los allegados de la niña indicaron que la ví­ctima no habla; únicamente llora todo el tiempo y ha perdido el apetito desde que sufrió abuso sexual.

La fuente, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, refiere que esto se debe a que la afectada no ha recibido atención psicológica por parte de especialistas, pero al parecer tampoco la quiere, pues la experiencia vivida con el médico en el Roosevelt no le permite confiar plenamente en quien supuestamente le brindará ayuda, concluye.

El hecho se suscitó el pasado 27 de diciembre, cuando la niña llegó al nosocomio con dolencias estomacales para ser atendida, sin embargo, el galeno aparentemente aprovechó la situación para cometer el delito, dice el reporte de las autoridades. Actualmente el acusado está recluido en el Sector 1 del Preventivo para Varones de la zona 18.

En su momento, Ludwin Ovalle, ministro de Salud, informó que Gordillo Quintana fue despedido desde el momento de su captura e indicó que el Ministerio Público (MP) tení­a a su cargo la investigación para confirmar tal extremo.

El MP indica que la investigación avanza; ya se han escuchado las declaraciones testimoniales, se han recabado las pruebas cientí­ficas y se espera el perí­odo de investigación para pedir la apertura a prueba.

El dí­a del suceso La Hora trató de obtener la versión del acusado en el sótano de la Torre de Tribunales donde permanecí­a en espera de ser escuchado por un juez, sin embargo, al observar a representantes de este vespertino se escondió y no quiso emitir declaración alguna.

SOSPECHAS

En informes confidenciales, testigos refieren que todos los dí­as pasadas las 2000 horas se observan vehí­culos blindados, tipo picop, en las afueras del hospital, al que se acercan médicos, residentes y universitarios. En el informe se consigna que las autoridades suponen la adquisición de narcóticos.

Claramente se observa cuando de los distintos automotores los galenos reciben un paquete que esconden y lo ingresan a las instalaciones del centro asistencial, refieren las fuentes que piden anonimato.

Pasada la medianoche se ha observado a fumadores en el pasillo de la Sección de Emergencia. Los testigos dicen que se trata de trabajadores del hospital que se encuentran bajo efectos de algún alucinógeno.

La Fiscal General del MP, por su parte, dice que investigarán el caso; aunque no cuenta con información relacionada a esta denuncia, dice que están dispuestos a indagar sobre esas anomalí­as.

CREAN COMISIí“N

El viceministro de Salud, Guillermo Echeverrí­a, indicó que tras la violación de la niña se creó una Comisión de Verificación para evitar anomalí­as que vinculan a algunos trabajadores de la red hospitalaria.

De esa cuenta, indicó que “el Ministerio de Salud Pública ha conformado una comisión que va a darle seguimiento a este tipo de denuncias para evitar el acoso y el maltrato a pacientes y cualquier trabajador o trabajadora del servicio de salud”

“Se ha solicitado que la comisión esté conformada por un grupo de los residentes del paí­s, de esa manera al momento en que haya una denuncia esta será investigada en conjunto entre la comisión que nombren los residentes y los personeros del Ministerio que van a trabajar”, refiere el galeno.

En relación a la distribución de narcóticos, Echeverrí­a dice que investigarán las denuncias. Admite que hace algún tiempo ya se conocí­a algo al respecto de la denuncia.

“Desde hace mucho hubo una denuncia de este tipo que fue investigada y no se pudo comprobar con certeza si era un trabajador del hospital el que traficaba con drogas. Esta investigación, que fue a lo interno del hospital, nunca llegó a conclusión alguna”, indicó el funcionario.

Sin embargo, al investigado le fue rescindido su contrato para evitar que siguiera creciendo este tipo de especulaciones. Nosotros no podemos tolerar ninguna de estas denuncias. Si nosotros tenemos una denuncia concreta, haremos nuestros procesos para investigar si es cierto o no que existe el tráfico de estupefacientes en el hospital”.

SANCIONES

Los recientes hechos en el Hospital Roosevelt han provocado reacciones. El Colegio de Médicos ha solicitado una investigación exhaustiva, principalmente en el caso de la niña que fue violada, para determinar las sanciones a tomar luego de confirmarse esta situación.

Carlos Mejí­a, presidente de la Junta Directiva de esa institución, refirió que las sanciones, además de las responsabilidades penales, pueden llevar hasta la suspensión de la licencia si se llegara a comprobar el delito en que incurrió el sindicado.

“Esperamos que se siga el proceso para determinar si es culpable o no, y luego de eso habrá sanciones las cuales pueden ser graves. Lo que el código contempla es amonestación privada, amonestación pública y también retiro de la licencia”, refirió el médico.

Según Mejí­a, se pronunciarán por este caso mediante un comunicado manifestando que no toleran ningún tipo de abuso contra los pacientes, sean estos de violencia o actos en contra del pudor. Eso está tipificado en el Código Deontológico como una falta grave, por otro lado, pero nosotros no somos un ente con las capacidades de investigación. Es el MP el encargado de investigar para luego conocer a través de los juzgados si es susceptible de una aplicación de ley penal, indicó el directivo de la junta.

Según el entrevistado, no se descarta que otros hechos dentro del hospital queden en la impunidad y tras conocer este suceso, hace un llamado a las universidades para fortalecer varias áreas en los aspirantes a médico.

“Nosotros hemos recomendado dos cosas desde el año pasado: que en los planes de estudio de las facultades se incluya una formación ética más intensa, haciendo énfasis en el respaldo y las sanciones legales que pueden existir, concluyó Mejí­a.

“Nosotros hemos recomendado dos cosas desde el año pasado: que en los planes de estudio de las facultades se incluya una formación ética más intensa, haciendo énfasis en el respaldo y las sanciones legales que pueden existir”.

Carlos Mejí­a

Colegio de Médicos