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García Laguardia: Todas las reformas constitucionales han sido de mala fe

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García Laguardia: Todas las reformas constitucionales han sido de mala fe

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Según experto de trayectoria nacional, el tiempo que se daría de parte del Organismo Ejecutivo a sectores organizados convocados para socializar la propuesta de reforma constitucional, para que emitan su opinión, sería reducido, además de ser muchos los artículos que se querría modificar.

POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt

Jorge Mario García Laguardia, experto constitucionalista, expresidente de la Corte de Constitucionalidad, exprocurador de Derechos Humanos e historiador, entre otras cosas, refirió que las reformas a la Carta Magna que se quiere emprender de parte del gobierno de Otto Pérez Molina se deben discutir sin prisas y en completa apertura a todos los sectores de la población.

García Laguardia expuso que, desde su perspectiva, en la historia de Guatemala, “todas -las reformas constitucionales- han sido de mala fe y con intereses muy específicos”.

En ese sentido agregó, que las primeras modificaciones de la historia, en el siglo XIX, sirvieron para declarar presidente vitalicio a Rafael Carrera y que posteriormente, en el periodo Liberal, las reformas constitucionales estuvieron orientadas a impedir elecciones, ampliar el periodo presidencial y establecer la reelección cuando estaba prohibida.

El experto calificó la historia de las reformas constitucionales de Guatemala como “desastrosa” y que para la Constitución vigente, se ha intentado reformarla en dos ocasiones, de las cuales solamente una tuvo éxito, que fue la de 1993.

APRESURADA

Según García Laguardia, la reforma de 1993 fue “apresurada y sin consultas a nadie”, que se realizó durante la presidencia de Ramiro de León Carpio, quien fue designado por el Congreso de la República tras la salida de Jorge Serrano.

El experto hace énfasis en que el “pretexto” de esa reforma fue depurar los organismos del Estado, específicamente el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esos poderes “nunca fueron depurados”, pues tanto en el Parlamento como en el Organismo Judicial, aún están varios de los miembros que debieron salir en ese entonces, según indicó.

Lo que pasó sobre la mesa y que “no se discutió nunca”, según el experto, “fue suprimir el derecho que tenía el banco central de financiar al Estado en momentos de crisis o necesidad, para que fueran los bancos privados los que le pudieran prestar al Estado”, lo cual “ha sido un negocio multimillonario”, agregó.

Según García Laguardia, “esa era la causa fundamental para esa reforma”.

Por aparte, el intento de reforma de 1999 se prestó a confusión por la cantidad de modificaciones que implicaba, indicó.

REFORMA ABSURDA

El experto consultado agregó que es “absurdo” intentar reformar 51 artículos, según la propuesta gubernamental. Y que, además, han aparecido asesores presidenciales para el tema de la reforma que son “viejos burócratas, que han trabajado desde los gobiernos militares hasta la fecha, con todos los gobiernos y con todos los partidos y que se representan a ellos individualmente,  pero que no representan a ninguno”.

Señaló que las reformas deben hacerse con todas las consultas a toda la población y sectores interesados, pero “eso no se hace en 15 días ni con la prisa con que se está tratando de hacer ahora”. “Me parece muy sospechosa esa prisa”, destacó.

Una reforma constitucional, no debe realizarse con ninguna prisa, señaló, pues debe hacerse con consultas a todos los sectores implicados de la población, “absolutamente a todos, no solo a los empresariales y poderosos de este país, sino también a los sindicatos, maestros, estudiantes, universidades, indígenas. A todo mundo. Y eso no se hace en quince días. No debe hacerse en quince días. No puede hacerse en quince días”, resaltó.

Desde su perspectiva, la consulta debe ser amplia, larga y muy cuidadosa para reforma el texto constitucional.

Por último, destacó que “la Constitución no necesita reformas, necesita cumplirse nada más y necesita desarrollarse como está indicado”. Pues en su articulado se establece y ordena dictar la ley de comunidades indígenas y luego de 27 años el Congreso no la ha emitido y así habría varias, citó como ejemplo.