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El retorno de la limpieza social

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El retorno de la limpieza social

Durante meses, un promedio que supera los diez muertos diarios han dominado las estadí­siticas de violencia en Guatemala, los cuales, además, presentan señales de tortura, sí­ntoma de la existencia de grupos de limpieza social.

El inicio de esta historia ha quedado marcado en el subconsciente del guatemalteco: la muerte de tres diputados al Parlacen, la posterior captura de cuatro agentes de la Dinc implicados en la muerte de los parlamentarios, y la ejecución de estos agentes dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Jorge Raúl Sente
jsente@lahora.com.gt

La circunstancia de que fueron policí­as los implicados en el asesinato, destapó el hecho de que dentro de los grupos de seguridad del Estado existen grupos de limpieza social, que incluyen las esferas policí­acas, como ejecutores materiales de la limpieza social, así­ como la complicidad del Ministerio Público, al ser incapaces de resolver crí­menes en donde la culpabilidad de los sospechosos es muy evidente.

Desde que ocurrió la muerte de los parlamentarios y la ejecución de los agentes, la aparición de cuerpos con señales de violencia que eran lanzados desde vehí­culos, o ejecutados en el lugar donde se les hallaba, ha mermado, haciendo buen uso de aquel refrán que dice: “hazte fama, y acuéstate a dormir”.

Las estadí­sticas desde la muerte de los diputados señalan que únicamente se registran un promedio de dos muertes diarias atribuidas a la delincuencia común, contrastando con el promedio existente hasta ese dí­a, que oscilaba entre 14 y 18 muertes diarias, de las cuales, al menos unas 12 presentaban indicios de violencia extrema, como torturas, tiros de gracia, que necesariamente señalan a grupos entrenados para la realización de los hechos.

La falta de acción por parte de las autoridades policiales, las que en repetidas ocasiones han sido señaladas que dentro de sus filas se escudan y esconden los que integran los llamados escuadrones de la muerte.

La aceptación de la renuncia del Director de la Policí­a Nacional Civil (PNC) por parte del Presidente de la República deja un espacio que hasta la fecha no ha sido llenado, luego la renuncia del director de presidios, lugares donde en los últimos dí­as se ha registrado la muerte de tres reclusos y 9 más que resultaron con heridas de bala luego de protagonizar un amotinamiento, primero en la cárcel de El Infiernito ubicada en Escuintla, luego en la cárcel de Pavoncito, ubicada en Fraijanes.

Lugares donde se han localizado armas de fuego, demostrando que existe complicidad por parte de los guardias del Sistema Penitenciario, aunque lo nieguen en repetidas ocasiones.

Son acontecimientos que señalan una falta de control dentro de las instituciones involucradas en el resguardo de la seguridad pública.

Según declaraciones de la recién nombrada ministra de Gobernación Adela de Torrebiarte, está estudiando la posibilidad de que la persona que asuma el cargo de Director de la PNC tiene que ser alguien que tenga carrera dentro de la institución policiaca, cosa que es bien recibida por los elementos que integran ese cuerpo de seguridad.

Diversas organizaciones que luchan en pro de la protección de los derechos humanos en repetidas ocasiones se han pronunciado, indicando que urge una depuración dentro de las filas de la institución policiaca, cosa que ha sido bien recibida por el actual gobierno.

Los habitantes de sectores donde se descubrí­an los cadáveres dan un respiro de alivio ante la merna de este tipo de ejecuciones, e indican que siempre existe la posibilidad que este tipo de muertes se vuelva a dar al iniciar de forma oficial la convocatoria para las elecciones generales.

La propuesta de tres instituciones: la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de su rector Estuardo Gálvez; la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, por medio de su titular Sergio Morales, y la Iglesia Católica, por medio de monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño, se encamina no a una depuración, sino a una refundación, lo cual implica una revolución dentro de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, quien antes se dio a conocer como la lí­der de Madres Angustiadas, que exigí­an con fuerza el cese de la violencia, tí­midamente ha expresado que sólo el diez por ciento de la Policí­a debe ser depurado.

Para Carlos Gardel, el famoso cantante de tangos, veinte años no son nada; pero para los grupos de limpieza social, un mes es poco, porque precisamente ése fue el perí­odo que duró el “descanso” de esta práctica. En esta semana, el número de muertos diarios ha aumentado; varios de ellos presentando señales que indican limpieza social.

ENTREVISTA

Samayoa: “La refundación de la PNC deben empezarse ya”

Ricardo Marroquí­n

rmarroquin@lahora.com.gt

Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, aseguró que la crisis de seguridad que atraviesa el paí­s responde a la incapacidad de investigación del Ministerio Público y a la falta de interés polí­tico del Gobierno para desarticular los grupos paralelos de poder.

¿Cuáles considera que son las principales causas de los altos í­ndices de violencia que se reportan en Guatemala?

Son varios factores: la falta de respuesta del Ministerio Público al sistema de justicia a través de la incapacidad e ineficacia en materia de investigación y persecución penal, y la corrupción y la tardanza que existen en los procesos judiciales que no permiten garantizar una justicia pronta y cumplida al ciudadano. La justicia no llega a toda la ciudadaní­a, lo que implica altí­simos niveles de impunidad.

¿Cómo ha sido este proceso de debilitamiento del Estado en materia de seguridad?

El sistema polí­tico se ha ido corrompiendo y ha permitido que las redes de poder del crimen organizado alcancen altos puestos de mando para debilitar a las instituciones del Estado. Un Estado débil y disfuncional no permite generar una estructura fuerte de gobernabilidad que garantice el orden. De ahí­ que surja todo tipo de violencia. Guatemala no sólo sufre la violencia como asesinato, sino diversas formas desde el trato entre las personas hasta la ausencia de un servicio de salud o de educación.

¿Qué hechos hacen pensar en la existencia de grupos paralelos involucrados en hechos delictivos?

Si alguien niega la existencia de aparatos clandestinos de seguridad o cuerpos ilegales, es porque está negando lo evidente. La cosa es sencilla, cuando vemos ejércitos privados de finqueros que pasan baleando campesinos como fue en Nueva Linda y la Moca, vemos las pruebas de existencia de los cuerpos ilegales.

¿Cuál es la función de estos grupos?

Son estructuras operativas de un poder, que se dedican a realizar el trabajo sucio necesario para que el poder paralelo pueda seguir ejerciéndolo. Los que están atrás son personas ubicadas en la sociedad. Lo que hay que combatir es a los jefes y no sólo a los sicarios. Estos grupos constituyen un poder acostumbrado a ejercerlo de forma violenta. No sólo son los narcotraficantes, históricamente han sido utilizadas por otros grupos de poder como los finqueros, porque no han aprendido a utilizar el diálogo y la legalidad para relacionarse con los campesinos.

¿Podrí­a pensarse que existe una polí­tica estatal de ejecuciones extrajudiciales?

Desde hace algunos años se estigmatizó a los jóvenes pobres por la manera en que se vestí­an o peinaban, entonces, se le adjudicó a los pandilleros la responsabilidad de toda la violencia. Termina persiguiéndose a todo el que tiene el estigma. Cuando en un asesinato participan agentes de Estado, o son cometidos por personas individuales, toleradas o protegidas por agentes del Estado, o cuando la institución no investiga, estamos ante casos de ejecuciones extrajudiciales. Estamos ante una polí­tica de Estado en donde se tolera la ejecución de personas estigmatizadas como un acto de desesperación ante la impunidad.

¿Qué opinión le merece la propuesta de la CICIG impulsada por Copredeh para desarticular los grupos paralelos?

Es un instrumento, no la solución, que necesita de otros recursos, como una reforma fiscal en donde se le garantice al Estado los fondos necesarios para impulsar cambios en materia de seguridad, infraestructura, educación y salud.

¿Qué cambios son necesarios para el buen funcionamiento de la CICIG?

Requiere la depuración del Ministerio Público y de la Policí­a Nacional Civil. La CICIG no podrá funcionar con estas dos instituciones si está incrustada la corrupción. Este proyecto debe entrar dentro de un marco de voluntad polí­tica de cambio, que esperamos surja de la crisis actual. Es preocupante que el CACIF y el empresariado no vean este tiempo como un momento en que las cosas van mal.

¿Qué podrí­a esperarse del actual Gobierno a diez meses de entregar la administración del Estado?

Ahora, la clave es la continuidad. La refundación de la PNC debe empezarse ya. Adela de Torrebiarte tiene un apoyo generalizado que es inusual para un ministro de Gobernación. Lo peor que puede pasar es que no realice los cambios en las instituciones. No puede nombrar a un director involucrado en denuncias de corrupción o de abuso de poder. Debe cumplir con los cambios por los que ella ha apostado. Los partidos polí­ticos deben ver el tema de la seguridad como una necesidad del paí­s y no como un tema electoral.