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El Centro Administrativo de Gestión Penal es el primer eslabón del secuestro del sistema judicial

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El Centro Administrativo de Gestión Penal es el primer eslabón del secuestro del sistema judicial

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Aunque pasa inadvertido como cualquier otra unidad del Organismo Judicial (OJ), el Centro Administrativo de Gestión Penal (CAGP) es en realidad un punto de confluencia de poder e intereses, donde coinciden todas las entidades del sector justicia, y en buena medida se define si una causa avanza, o caso contrario, se queda engavetada. Se concibió como una “buena idea”, pues pretendía elevar el control sobre la distribución de casos y la recepción de primeros memoriales, pero con el tiempo se fue deformando hasta llegar a ser conocida como “la oficina de congestionamiento de causas”.

POR JODY GARCÍA
jgarcia@lahora.com.gt

Concentra 300 mil casos que no han sido distribuidos, quedando en la impunidad

Juez Penal reconoce que hay abogados que pagan para que les asignen a un juzgado determinado

Asignación de juzgado es clave porque de ello depende qué tribunal de sentencia llevará el debate y qué sala conocerá en segunda instancia

Previo a la implementación del modelo de gestión oral por audiencias, el poder jurisdiccional de un proceso penal se concentraba en el CAGP, donde todavía hoy inicia el largo recorrido de cientos de expedientes judiciales en el sistema de justicia; el personal de la instancia se encarga de recibir los memoriales iniciales y por medio de un sistema “aleatorio” indica qué juzgado conocerá cada causa.

Sin embargo, con el tiempo la unidad que una vez fue el Centro de Servicios Auxiliares, se fue transformando en un modelo de hacinamiento burocrático donde trabajan 106 personas, cuando lo necesario son solo 30, y carga con más de 300 mil procesos archivados, que no se sabe por qué permanecen ahí.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dicen que  Gestión Penal, con el tiempo, se fue transformando en uno de los focos de corrupción más “duros” del OJ, ya que es lugar propicio para la manipulación de los procesos, donde se tejen redes para hacer llegar casos a jueces específicos –para conveniencia de algunos– y donde se fuga la información.

La cooptación que se ha hecho de la unidad se justifica de la siguiente manera: Al asignar a dedo a un juzgado, se tiene la posibilidad que desde la primera instancia el proceso esté controlado; en caso el juez sea honrado y no sea parte del juego, se abre la posibilidad que los jueces de instancia sí se presten y si estos también actúan de acuerdo a la ley, se tiene a la sala de apelaciones respectiva.

Los Tribunales de Sentencia y Salas de Apelaciones ya están asignados para juzgados específicos, es decir, si un juzgado recibe un proceso, ya sabe qué tribunal de sentencia llevará el debate y ya se sabe qué sala conocerá en segunda instancia, explicando la cooptación del CAGP y de los procesos de postulación y elección de autoridades judiciales.

Por ello, es que se ha insistido en la necesidad de premiar a los buenos jueces y magistrados. Vea el trabajo, LA IMPORTANCIA DE PREMIAR A LOS BUENOS JUECES. (15/11/12)

POSIBILIDADES PARA LA CORRUPCIÓN
En CAGP fueron identificadas dos posibilidades básicas para la corrupción: La primera, que puede permitir la alteración en el sistema de asignación de casos a jueces, y la segunda, que da un espacio en el que nadie en la instancia se hace responsable de los procesos judiciales, por lo que estos se engavetan sin razón aparente, retrasando así la justicia.

Además, se daba el problema de la filtración de información; un ejemplo de esto es que el Ministerio Público presentaba en Gestión Penal una solicitud de allanamiento de morada y la información permanecía entre 5 y 6 días en la unidad previo a ser remitida al juzgado correspondiente, lo que facilitaba la filtración de datos. Sin embargo, con la implementación de la Gestión Oral por Audiencias se logró reducir el problema.

Ante esta situación, la CSJ y el OJ le solicitaron a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, que hiciera un diagnóstico del funcionamiento de la Unidad, para dimensionar sus problemas e implementar soluciones.

Al finalizar el proceso, hasta los miembros de la Comisión resultaron sorprendidos cuando descubrieron que las deficiencias no afectaban solo al OJ, sino a todo el sector justicia, porque en el CAGP confluyen causas de interés para el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, el Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil; razones suficientes para determinar que allí se concentra una gran cantidad de poder.

Lázaro Murcia, comisionado a cargo del monitoreo, explicó que el mismo se realizó a través de entrevistas a todo el personal de la unidad. Con las mismas evidenciaron malos procedimientos, personal con funciones administrativas realizando notificaciones judiciales, y un trabajo tan mal distribuido, hasta el punto en que una sola persona fue contratada para engrapar resoluciones.

LOS HALLAZGOS
El acuerdo de creación de Gestión Penal establece una organización sencilla basada en un coordinador, un subcoordinador, un departamento de Registro e Información y un departamento de Notificación y Archivo.

Sin embargo, en el Poder Judicial existen varias visiones de esa organización, una de la Cámara Penal, una diferente publicada en la página web del OJ y otra del CAGP. (Ver recuadro: Una instancia y tres estructuras).

Pese a haber sido creado para recibir primeros escritos, actualmente trabajan en varios procedimientos judiciales: exhortos y despachos provenientes del interior de la República y la Torre de Tribunales; devolución de vehículos;  consignaciones; grabación de audiencias en CDs; recepción de memoriales y documentos de tribunales; trámite de expedientes para notificar; recepción de citaciones a reos, órdenes de libertad y aprehensiones, sorteo de Tribunal de Sentencia por reenvío; sorteo de Tribunal de Sentencia y recepción de causas nuevas.

Estas funciones arrojaron problemas operativos como falta de coordinación con entes externos; burocratización de algunos procedimientos; diversidad de sistemas de registro; prevalencia de registros manuales (libros),  indefinición de roles y funciones en puestos de jefaturas de área, delegación indebida de funciones, en algunos casos, distribución de trabajo por juzgado, subutilización de personal; escasos mecanismos de control (tiempos, carga de trabajo, etc.); inexistencia de filtros para recepción de expedientes para notificar; pocos perfiles profesionales, y procedimientos que no describen intervención de jefaturas, entre otros.

Por aparte, los trabajadores entrevistados indicaron que los aspectos generadores de problemas son entre otros, como la falta de insumos y personal para laborar, deficiencias en el sistema informático y  errores provenientes de entes externos.

No obstante, de los hallazgos de procedimientos se desprenden derivaciones más graves como estancamientos de las causas por ineficiencia en las notificaciones y fugas de información como se mencionaba al principio, entre otras.

Carlos Aguilar, juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, indicó que Gestión Penal es más conocida como la oficina de “congestionamiento de causas”, pues a su criterio “hay un desorden” y “hemos tenido problemas, pues hay procesos que  se atrasan porque no los envían cuando los pedimos, y entonces tenemos que fijarles plazos para que cumplan”.

“Se ha sabido que se extravían folios de procesos, y creemos que tampoco hay una distribución equitativa en todos los juzgados; hay abogados que pagan para que se les asigne un proceso a un juzgado que ellos quieren, hay fuga de información y cuando se han solicitado diligencias urgentes de procesos importantes que de allí mismo informan”, dijo.

“No está funcionando bien y se le hizo saber a la Cámara Penal”, aseguró Aguilar.

El juez también recordó un incidente suscitado hace años. En una ocasión el MP presentó un recurso de apelación alrededor de las 10:00 de la mañana, y el mismo día, aproximadamente tres horas después –en un tiempo sorprendente–, el abogado de la otra parte presentó en Gestión Penal un memorial donde solicitaba que no se aceptara la solicitud, “e incluso conocía los argumentos mucho antes de que el mismo llegara al juzgado.

“Coincidentemente al día siguiente subieron los dos memoriales, fue evidente que alguien de allí llamó al abogado, le dio hasta copia para que pudiera accionar”, relató.

Ana María Elena, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, dijo que en años anteriores se evidenciaba más fuga de información y atraso en expedientes, sin embargo, agregó que con la oralidad los procesos “se han transparentado”.

Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP) explicó que la relación con Gestión Penal es principalmente en cuanto a ejecución de órdenes de libertad y traslado de reos. Una de las principales situaciones con las que se evidencian problemas, manifestó, es el tiempo en que las órdenes tardan en llegar.

“En el caso de la ejecución de libertades, los reos firman en los juzgados en horas de la mañana, y logran dejar la prisión minutos antes de la medianoche; durante este lapso, la misma pasa por múltiples revisiones judiciales, requiriendo más tiempo en el CAGP”, explicó.

BUROCRACIA
Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), informó que se ha evidenciado que uno de los grandes problemas del CAGP, son las formas del despacho judicial que se vuelven excesivamente burocráticas.

Además, mencionó que la falta de disposición de la aplicación de la oralidad, ha hecho que se haga más retardado el proceso de justicia, pues es ahí quienes aún se niegan a dejar el sistema escrito.

Esta situación también se reveló en el monitoreo de la Comisión de Justicia, ya que se descubrió que pese a ingresar la información al sistema informativo, los trabajadores continuaban trabajando en libros de memoriales. Otro problema es que las personas encargadas aún no se implementan a versiones mejoradas del sistema, pues se acostumbraban a uno y no mostraban interés en mudarse el siguiente.

Por aparte, Cinthya Fernández, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), dijo que en la última evaluación realizada a la entidad, evidenciaron que no se había avanzado en cuanto a su organización interna,  al control de los expedientes, y que las denuncias de malas acciones que daban lugar a corrupción eran bastante altas.

“Cuando los mecanismos no funcionan, dejan espacios abiertos para que se genere corrupción, por lo que considero que como todo, en el OJ se está en una constante necesidad de cambio”, concluyó.

LA REINGENIERÍA
César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señaló que dentro de la política judicial se diseñó una estrategia de reorganización de los tribunales y de los órganos administrativos relacionados con la justicia penal, a efecto de hacer las correcciones para mejorar el cumplimiento de los plazos judiciales, hacer más transparentes los procesos y cerrar cualquier espacio que pueda ser “oscuro” o ajeno a los  controles que se ejercen desde el Centro de Informática y Telecomunicaciones del Organismo Judicial (CIT).

“Todo está diseñado también en la búsqueda de cambiar la cultura y los métodos de trabajo judicial, que aunque teníamos la oralidad, pertenecían al sistema escrito y predominaban los memoriales”, consideró.

Para solucionar la situación, el CAGP, con apoyo de los laboristas, a partir del próximo 30 de noviembre será objeto de una restructuración donde será denominado y trasformado a Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal.

El mismo establece que Gestión Penal ahora tendrá las funciones de recepción de causas nuevas y su distribución equitativa en el sistema aleatorio; organizar y efectuar las comunicaciones y notificaciones de los procesos, provenientes de los órganos jurisdiccionales penales, sujetos al plazo legal; recibir y devolver bajo su responsabilidad el expediente.

Además se instituye que el órgano funcionará las 24 horas, en dos turnos, para aprovechar la capacidad y el tiempo de las 106 personas que laboran allí.

El próximo 30 de noviembre la CSJ publicará el Acuerdo 46-2012, que le da una nueva vida a la entidad.

OJ
JUZGADOS LIQUIDADORES

En el CAGP existen 307 mil 509 procesos dentro del archivo físico, que no han sido distribuidos. Rosario González, subjefa de Gestión Penal, dijo que “no es que estén archivados, pues están en constante movimiento”; sin embargo, por orden de la Cámara Penal serán distribuidos en un plazo de tres años, pues “no pueden estar allí”, según indicó el magistrado César Barrientos.

Según  consideró el magistrado, han de haber casos muy graves que se han beneficiado de este sistema, pues si se guardan 300 mil procesos, “son 300 mil casos en impunidad, ya que ese no es un archivo legal”.

De estos expedientes hay 3 mil 300 que ingresaron en el año 1998, hasta 14 mil 850 ingresados en lo que va del 2012.

Para subsanar la situación, la Cámara Penal estableció un programa para sacar 10 mil expedientes por año. Hasta el momento van aproximadamente 30 mil, y se trabajan procesos desjudicializadores, donde se extraen expedientes porque ya prescribieron o se envían a juicio.

“Cuando los mecanismos no funcionan, dejan espacios abiertos para que se genere corrupción, por lo que considero que como todo en el OJ, se está en una constante necesidad de cambio”.
Cinthya Fernández
ASIES