Inicio Guatemala Reportajes y entrevistas Dos posturas antagónicas sobre una polémica candidatura presidencial

Dos posturas antagónicas sobre una polémica candidatura presidencial

por -
0 886
Dos posturas antagónicas sobre una  polémica candidatura presidencial

Ilustracin_tema

Ocho años han transcurrido desde que los integrantes del máximo tribunal en materia constitucional en Guatemala decidieran, por mayorí­a, aprobar la candidatura presidencial del exdictador y actual legislador Efraí­n Rí­os Montt. Hoy, el proceso se repite con otro nombre: Sandra Torres Casanova, exprimera dama de la Nación y precandidata por la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional (UNE-Gana).


La cuenta regresiva para que la coalición UNE-Gana trasladara a la Corte de Constitucionalidad (CC) su batalla legal y polí­tica para inscribir a Torres Casanova como candidata a la Presidencia llegó a su fin.

Esto, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara definitivamente el amparo interpuesto por la exesposa del actual presidente de la República, ílvaro Colom.

Siete magistrados, recién electos, analizarán los argumentos de la exprimera dama de la Nación para optar a la Presidencia y resolverán en definitiva si su candidatura atenta o no contra el artí­culo 186 de la Constitución vigente.

En las siguientes lí­neas se presentarán las posturas, antagónicas, de dos exmagistrados de la CC que votaron en el 2003, en el histórico proceso legal y polí­tico iniciado por Rí­os Montt para ser inscrito como candidato presidencial, el cual concluyó con su participación en las elecciones presidenciales. A continuación se esgrimen los antecedentes del caso.

HISTí“RICO PROCESO

El 4 de julio de 2003, la CSJ denegó a Rí­os Montt la posibilidad de participar en las elecciones de ese año como candidato a la Presidencia de la República. El 14 del mismo mes, la CC tomó una decisión inapelable y declaró, en una apretada votación –cuatro a favor y tres en contra– con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el exdictador Rí­os Montt, lo que le permitió ser candidato presidencial en las elecciones del 9 de noviembre de aquel año electoral.

La CSJ decidió por unanimidad de sus magistrados, el 4 de julio. Con esa resolución avaló la decisión del TSE, no obstante, la CC revocó todas las resoluciones y ordenó su inscripción como candidato.

“Esta Corte ordena dejar sin efecto ni valor legal el amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia”, se lee en la resolución emitida por la CC aquel 14 de julio de 2003.

El fallo dejó sin efecto el amparo que la CSJ habí­a otorgado al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual habí­a dejado en suspenso la participación de Rí­os Montt en las elecciones.

Entonces, las acusaciones contra Rí­os Montt por las acciones ejecutadas por el Ejército eran muchas, pues años antes se interpuso una denuncia en su contra por el delito de genocidio ocurrido según la delación del 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, perí­odo en que Rí­os Montt fungió como presidente tras el golpe de Estado contra Romeo Lucas Garcí­a.

Los magistrados que votaron a favor de la inscripción de Rí­os Montt fueron: Mario Ruiz Wong, Francisco Palomo, Cipriano Soto y Manuel Flores. Contra aquella inscripción votaron: Juan Francisco Flores, Rodolfo Rohrmoser y Saúl Dighero.

EXPULSAN FALLO

Mario Fuentes Destarac, ex presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), interpuso en 2006 una acción legal en la que solicitó a la nueva CC que eliminara de la jurisprudencia aquel fallo, que consideró violatorio a la Carta Magna.

“Fundamentalmente fue porque la sentencia de amparo que dictó la CC en aquella oportunidad era una sentencia que no se ajustaba a lo que establecí­a la Constitución, lo que hice fue que le pedí­ a esa Corte que esa sentencia fuera expulsada de la jurisprudencia constitucional porque violaba flagrantemente la Constitución”, explica hoy Destarac.

El abogado refiere que, tras la aceptación del recurso legal que promovió, “no se puede citar como precedente la sentencia de amparo de Rí­os Montt porque esa sentencia fue expulsada de la jurisprudencia constitucional”.

Además, explica que bajo ninguna circunstancia puede invocarse ese fallo como un antecedente para que la CC volviera a fallar en el mismo sentido.

“Como no es un antecedente jurí­dico no tiene ninguna validez, porque la jurisprudencia para eso está”, dijo, y subrayó: “indudablemente no puede ser citado como precedente jurí­dico y como precedente histórico no tiene ninguna validez ni puede ser de ninguna manera acogido por ningún tribunal”.

A FAVOR Y EN CONTRA

La Hora recogió los argumentos de dos de los abogados que aquel 2003 fungí­an como magistrados de la CC y cuyos votos fueron antagónicos, pues uno se pronunció a favor y otro en contra de la inscripción de Rí­os Montt como candidato a la presidencia.

Francisco Palomo, exmagistrado que votó a favor de la inscripción de Rí­os Montt expuso: “Los argumentos utilizados son básicamente: la irretroactividad de la ley, ya que la Constitución se emite cuando ya habí­an sido los hechos que se le endilgan al general Rí­os Montt, entonces, como la Ley no tiene efecto retroactivo, el argumento era que a partir de la vigencia de la Constitución, es que existí­a la prohibición, no se podí­a ir para atrás porque como repito, la ley no tiene efectos retroactivos”.

Según el abogado entrevistado, la CC que antecedió a la que él integró, ya se habí­a pronunciado en ese sentido a través de los abogados Edmundo Vásquez Martí­nez y Héctor Zachrisson Descamps, quienes votaron a favor de la inscripción del general Rí­os Montt. “Esos mismos argumentos más otros que nosotros analizamos fueron los que se utilizaron”, dice.

Palomo añadió que otro argumento vertido en su resolución fue que, ante el hecho que elegir y ser electo es una garantí­a constitucional y la prohibición de haber sido jefe de Estado están planteadas en el mismo cuerpo legal, “prevalece aquella disposición que es más favorable al ciudadano, no la que es peor para él”.

Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado que votó en contra de la inscripción de Rí­os Montt, explica que fundamentó su resolución considerando que las prohibiciones constitucionales aplican para lo colectivo y no en lo personal.

“Yo voté en contra y argumenté que las prohibiciones constitucionales son de orden público; consecuentemente se aplican con toda la fuerza de ley y no puede argumentarse violación de derechos humanos”, indicó Rohrmoser.

A decir del abogado constitucionalista, su voto contra aquel amparo se fundamenta en las constantes resoluciones de los tribunales internacionales de derechos humanos que refieren que: “en el conflicto de derecho individual-derecho colectivo, prevalece el interés colectivo”, expresó.

SIN JURISPRUDENCIA

Respecto a la resolución que expulsó de la jurisprudencia aquel fallo, Palomo opinó: “Simplemente todos los fallos que tienen que ver con la polí­tica son fallos polí­ticos. Esa expulsión fue acogida por la CC en su momento y ya no es jurisprudencia pero de que existió el fallo que valió en su momento, eso es indiscutible porque el general Rí­os Montt participó en las elecciones”.

Rohrmoser dijo: “Yo no lo hubiera hecho, porque el fallo está emitido y punto, sinceramente hubiera votado en forma contraria, porque no hay facultades de la CC para expulsar la jurisprudencia. Simplemente ahí­ está, porque jurisprudencia implica tres fallos en un mismo. Para mí­ la CC reaccionó a un interés popular con relación a que el fallo era manifiestamente contra la ley y la Constitución y dijo que ni que se tome en cuenta, pero el error se cometió y se han cometido otros”.

A PROFUNDIDAD

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, expresidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios y actual catedrático universitario de derecho, fue consultados sobre por qué se da divergencia de opiniones cuando en un acto jurí­dico se analiza un mismo hecho.

Al respecto el exmagistrado respondió: “No deberí­a haber un voto tan disperso y menos en un punto que es tan sencillo”.

A criterio de Fernández Molina, la diferencia en criterios que interpretan un punto de ley puede ser porque “influya en la decisión de alguno de los jueces, criterios que rebalsen o excedan el análisis puramente jurí­dico”.

Pero el exmagistrado apunta que ese voto dispar no es muy común, y que aunque el mismo se ha dado en tribunales colegiados y se aplica el voto razonado.

Posteriormente se le preguntó si las acciones de origen polí­tico pueden generar esa divergencia de criterios a lo que respondió: “Sí­ se da, en la medida que pueda, alguno de los magistrados que conocen, creer que el ámbito de conocimiento va más allá de lo que es la simple comisión o no de una lesión constitucional, en el sentido que se evoquen cosas como la democracia se excederí­a el análisis puramente jurí­dico por aceptar y admitir otros criterios que no son estrictamente jurí­dicos: en ese sentido se contamina la mezcla y hay dispersión de votos”, expuso el exmagistrado.

“Indudablemente no puede ser citado como precedente jurí­dico y como precedente histórico no tiene ninguna validez ni puede ser, de ninguna manera, acogido por ningún Tribunal”.
Mario Fuentes Destarac, expresidente de Cedecon
Sobre el fallo de la CC que favoreció a Rí­os Montt