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A recuperar el derecho a la vida

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A recuperar el derecho a la vida

Las noticias sobre violencia en Guatemala son continuas, desafiando nuestra capacidad al estupor. Al asesinato el 14 de julio de Juan Carlos Martí­nez Gutiérrez, fiscal auxiliar de la Fiscalí­a de Delitos Contra la Vida, quien investigaba la ejecución extrajudicial de tres miembros salvadoreños del PARLACEN, de los policí­as acusados de este crimen y de la muerte del zar de seguridad de Berger, siguió la noche del 15 de julio el asesinato premeditado del Lic. Mario Calderón, Decano de la Facultad de Humanidades de la Usac. Han sido éstas dos noticias sumamente impactantes y alarmantes, tanto en el paí­s como internacionalmente

Lic. Raúl Molina

Menos alarmante para la prensa, pero igualmente dramática, es la hemorragia constante de nuestro capital humano. Según la PNC, 60 trabajadores del servicio de transporte colectivo, entre choferes y ayudantes, han muerto este año por hechos de violencia criminal. El movimiento social sigue siendo constantemente golpeado: Sergio Garcí­a, del Sindicato de Trabajadores de Salud (mayo 13); Francisco Tepeu, de Winaq (junio 22), fue el número 20 en ser asesinado desde que las comunidades de San Juan Sacatepéquez se enfrentaran a los planes de la cementera; Balvino Sánchez (julio 7), en la lucha campesina del CUC, fue muerto cuando conducí­a su vehí­culo. A ello hay que sumar la muerte constante de mujeres (3,500 en los últimos 6 años), que en términos de “feminicidio” hace de Guatemala un paí­s paria en la comunidad internacional, así­ como el señalamiento permanente de actos de “depurací­ón social” contra jóvenes, niños y mujeres.

Es claro que el derecho a la vida se irrespeta en Guatemala y que el Estado es responsable, a veces, por la participación directa de fuerzas de seguridad en los actos de represión o de abuso, y las más de las veces, por su incapacidad de brindar protección a la población. Recordemos que la razón de ser de todo Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos; los gobiernos sucesivos de Arzú, Portillo, Berger y Colom son así­ culpables de permitir que Guatemala se aproxime cada dí­a más a ser un “Estado fallido”, incapaz de brindar mí­nimas condiciones para el desarrollo de la vida normal de los habitantes.

Ante esto no podemos quedar indiferentes. No basta lamentar lo que ocurre y presentar condolencias a los familiares de las ví­ctimas. No hay consuelo, si no hay justicia; no hay esperanza si ante cada hecho violento se profundiza la sensación de impotencia. Y la responsabilidad no es solamente del Estado; es tiempo de que la sociedad civil participe enérgicamente y obligue al Estado a responder. Es cierto que puede haber más ví­ctimas y que algunas de ellas podrí­amos ser nosotros mismos; pero hay que recuperar la vigencia plena del derecho a la vida. Desde el exterior, por no tener participación polí­tica directa, no nos queda sino acudir a las instancias con fortaleza moral -la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, la Iglesia Católica y las otras Iglesias, la Usac y las otras universidades y el movimiento social, en su conjunto-para que convoquen a un congreso de Estado y sociedad civil que proponga soluciones justas al grave problema de la violencia y la inseguridad ciudadana. De nuevo, el derecho a la vida vuelve a ser inevitable punto de partida para salvar a Guatemala.

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