Hay que ver el origen del problema

Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.com.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Mientras el editorial de Prensa Libre analiza hoy el potencial que el emprendimiento individual tiene para catapultar el desarrollo del país, en el mismo medio el columnista Juan Carlos Zapata advierte que hace falta “certeza sobre cómo la justicia va a resolver sobre una disputa comercial”, haciendo referencia al patético resultado que Guatemala presenta en el informe Doing Business del Banco Mundial con relación al clima de negocios, donde quedamos muy mal parados en cuanto a las deficiencias del Sistema de Justicia. Y se le ocurre que hay que reformarlo, pero específica y exclusivamente en cuanto a la creación de tribunales especializados en temas mercantiles para reducir los tiempos para lograr resoluciones.

Por supuesto que Zapata tiene razón al señalar que no puede haber emprendimiento próspero si existe ese valladar de que el inversionista no pueda confiar en un método eficaz para la solución de conflictos comerciales que se dan frecuentemente en ese tipo de relaciones. Y también en que la creación de juzgados especializados pueden agilizar los trámites, pero pasa por alto el origen y la esencia del problema, que está en la cooptación de todo nuestro Sistema de Justicia por parte de grupos de poder que operan en las ya conocidas comisiones paralelas de postulación donde, de verdad, se pactan y arreglan las magistraturas para mantener un modelo viciado al servicio de sucios intereses en los que el poderoso tiene siempre derecho de picaporte para entrar y operar en el Sistema de Justicia.

El tema de fondo está en la existencia de un régimen de impunidad bien alimentado y estimulado por perversos intereses. En teoría no tendría nada que ver con el clima de negocios ni con la solución de conflictos comerciales porque apunta a cuestiones de más envergadura como pudimos ver en el fallido esfuerzo por luchar contra la corrupción. Pero hay que ser ingenuo para pensar que un sistema podrido se va a concentrar únicamente en lo que interesa a quienes lo diseñaron y alientan, puesto que al abrir la puerta a la aplicación antojadiza de la ley para facilitar la impunidad, se abren todas las puertas del infierno y eso es lo que nos ha ocurrido en Guatemala.

Por ello era tan importante la reforma constitucional al Sector Justicia porque no podemos depender de que, como sugiere Zapata, el próximo Gobierno ayude a crear tribunales especializados. El próximo Gobierno no tiene nada que ver con la administración de justicia pues ello es competencia del poder judicial y mientras el mismo siga cooptado, por más esfuerzos y emprendimientos que haya el país seguirá careciendo de la certeza jurídica que tanta falta hace, según las palabras del mismo columnista que es importante operador del empresariado del país.

Creo haber escuchado a algunos empresarios que dicen que con parches no vamos a ningún lado y por eso sorprende que se hagan propuestas que pasan por alto el origen y raíz del problema de la certeza jurídica. Los creadores del régimen de impunidad no midieron que tendría efectos en todo lo que tiene que ver con aplicación de la ley, aunque ahora, por lo visto, están sintiendo sus perniciosas consecuencias.

Diario La Hora
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