Hasta su mejor aliado les cuestiona

Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.com.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Oscar Clemente Marroquín
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Estados Unidos ha jugado un papel importante en Guatemala siempre, pero en los últimos años, a partir del esfuerzo del presidente Morales por evitar la acción de la justicia en contra suya y de sus familiares, ha sido evidente que rindió buenos frutos la astuta decisión de trasladar la Embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén, respaldando así la decisión que antes tomó el presidente Donald Trump, puesto que el silencio de Washington fue fundamental para que este gobierno se sintiera alentado a enfrentarse a Naciones Unidas por el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El cabildeo realizado en Estados Unidos se orientó a explicar que lo que ocurría con Morales en Guatemala era muy parecido a lo que sufría Trump con las investigaciones de Robert Mueller y esa victimización facilitó acercamientos que redundaron en la tolerancia ante lo que estaba ocurriendo en nuestro país en términos de desmantelar la lucha contra la corrupción y la impunidad. El tono utilizado para referirse a la controversia ha sido extremadamente diplomático, lo que se ha interpretado como una aceptación de los abruptos pasos que ha ido dando el régimen en Guatemala.

Pero ayer se conoció el informe del Departamento de Estado que anualmente se emite para analizar la situación de los derechos humanos y en el mismo se hace énfasis en que la impunidad sigue siendo un grave problema en Guatemala, lo mismo que la corrupción que se beneficia por esa falta de aplicación de las leyes. El informe destaca los esfuerzos que se realizaron hasta mayo del año pasado en investigar la corrupción y buscar el castigo para los corruptos, dejando en evidencia que tal empeño ha sufrido marcado retroceso en el curso del año 2018, analizado en el informe.

Y es que la verdad no se puede tapar por mucho esfuerzo que se haga y por ello un informe como el que hace el Departamento de Estado sobre el tema de Derechos Humanos no podía ignorar la realidad guatemalteca y en su elaboración se hace un detenido análisis de los tropiezos que venimos sufriendo como consecuencia de la insensata decisión del gobierno de centrar todo el ejercicio del poder únicamente en el empeño por desmantelar la lucha contra la corrupción, luego de haber logrado revertir la política que venía dictando el accionar del Ministerio Público. Controlado ese ente investigador del crimen, al punto de reducirlo a un triste papel de vigilancia, según la insistente expresión de la Fiscal General, era necesario acabar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala para ponerle la tapa al pomo y ya vimos como en el Caso Botín Registro de la Propiedad el tribunal fue el primero en disponer que la CICIG sea apartada del proceso luego de la expulsión que fue ordenada por el Presidente. Y no es casualidad porque en ese caso están vinculados su hijo y su hermano.

Párrafo aparte merece el cambio que hubo en Estados Unidos al variar la distribución de fuerzas en el Congreso con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, factor que tendrá efectos importantes que ya empiezan a sentirse.