Gobierno estima que decreto para impedir corte de servicios puede ser inconstitucional

Alberto Pimentel Mata, Ministro de Energía y Minas. Foto La Hora/Archivo

POR HEDY QUINO Y DENIS AGUILAR
lahora@lahora.com

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, dijo a su salida de una citación en el Congreso, que esa cartera analizó el Decreto 15-2020, normativa que buscaría para evitar los cortes energía eléctrica, agua potable e Internet durante la crisis por el COVID-19, estudio que fue enviado al Presidente Alejandro Giammattei, para que él pueda tomar una decisión informada de los posibles efectos de la aplicación de ese decreto, según indicó.

“Encontramos a priori que el decreto contiene algunas falencias que valdría la pena corregir. Por ejemplo, cuando asegura que no debería haber cortes de servicios, en apariencia, algunos tipos de usuarios, como las grandes empresas que consumen más de 110 kilovatios hora por potencia al mes, podrían acogerse a este beneficio, cuando claramente no es ese el espíritu”, afirmó Pimentel.

Además, el ministro detalló: “Al tratar de forma distinta a las empresas del sector eléctrico, respecto a las otras empresas prestadoras de servicios contenidas ahí, podría adolecer de alguna constitucionalidad”.

Por último, Pimentel declaró que en Presidencia un equipo sigue analizando el Decreto 15-2020, hasta el momento no se ha tomado una decisión con respecto a la sanción o el veto, asimismo, informó que el 4 de mayo vence el plazo para emitir la sanción.

SOLICITAN PUBLICACIÓN DE LEY

Mientras que la Alianza por las Reformas hizo un llamado al presidente Alejandro Giammattei a que se sancione el Decreto 15-2020, para evitar los cortes energía eléctrica, agua potable e Internet durante la crisis por el COVID-19.

El llamado de la Alianza se da luego de varias semanas de que dicho Decreto fue aprobado de urgencia nacional por 141 diputados, pero que a la fecha no ha sido sancionado por el Ejecutivo.

“El Decretó no ha sido sancionando por el presidente hasta hoy, es una medida justa, rápida y equitativa para ayudar a las familias que atraviesan una situación económica difícil”, dijo la Alianza en una publicación en sus redes sociales.

En tal sentido, la Alianza por las Reformas pidió la sanción y la publicación del Decreto 15-2020 en el Diario de Centroamérica, para así apoyar a la población guatemalteca.

Diputados de las bancadas de oposición, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Semilla, BIEN y Winaq también le han pedido al mandatario la publicación de este decreto en el Diario Oficial para que este entre en vigor.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, también ha hecho esta misma petición al mandatario.

DECRETO 15-2020

El Decreto 15-2020, ley de medidas adicionales de protección para población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19, prohíbe a las empresas de agua, luz, teléfono, cable e internet, suspender por falta de pagos estos servicios a la población vulnerable, durante el estado de Calamidad Pública.

Además, establece que estas empresas no deberán cobrar a los usuarios ningún tipo de recargo, como mora e intereses. Asimismo, otorgaron convenios de pagos hasta en 12 cuotas, a aquellos que no estén en capacidad de pagar la facturación.

La normativa contempla otorgar préstamos a las empresas de agua y cable, que concedieron convenios de pago a sus usuarios.

Tres fuentes del legislativo que pidieron no ser citados por nombre, expresaron que esa disposición de conceder préstamos solo a empresas de agua y cable responden a que hay diputados dueños de empresas que prestan estos servicios, en especial de cable y a ello respondió tal adición en la ley.