Buenos Aires,
Agencia AP

«Los argentinos tienen que estar tranquilos de que nosotros vamos a defender los intereses del país», expresó Capitanich en declaraciones a radio «Mitre», de esta ciudad.

El funcionario destacó que los representantes argentinos en la disputa judicial que se lleva a cabo en Estados Unidos mantienen una «actitud de diálogo para favorecer una negociación en condiciones justas y equitativas».

Las tratativas entre el gobierno argentino y los «fondos buitre» continúan sin llegar a un acuerdo tras otra semana de reuniones en Nueva York.

El abogado Daniel Pollack, nombrado por el juez estadounidense Thomas Griesa como mediador entre las partes, dijo que prevé «más comunicaciones antes del 30 de julio», cuando el país caería en una situación de default.

Ayer, luego de un nuevo encuentro, la delegación argentina decidió volver al país para solicitar «nuevas instrucciones» de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que pasará el fin de semana en su residencia de la provincia patagónica de Santa Cruz.

«Estamos siendo agredidos por capitales especulativos de forma absolutamente inmerecida, porque venimos cumpliendo rigurosamente, como nunca lo hizo la República Argentina», expresó la jefa de Estado en un acto público realizado ayer.

Argentina reiteró que no puede cumplir la sentencia dictada tiempo atrás por el juez Griesa, que ordenó abonar mil 330 millones de dólares en un solo pago y en efectivo a los «fondos buitre» que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, tal como sí hizo el 92.4 por cientos de los bonistas.

El gobierno argentino sostiene que en caso de pagar lo fijado por el juez estaría incumpliendo la cláusula RUFO, que hasta fin de este año le impide realizar con los acreedores un mejor acuerdo que el que ya aceptaron los bonistas la reestructuración de la deuda.

En caso de ofrecer mejores condiciones a los acreedores, el restante 92.4 por ciento de bonistas que accedieron en los canjes estarían en condiciones de reclamar un trato igualitario.

Argentina depositó el dinero en el Banco New York Mellow (BONY) para cumplir con un pago de la deuda reestructurada, pero Griesa ordenó congelar los 539 millones de dólares y rechazó embargarlos como pidieron los «buitres».

El pago debió realizarse a fin de junio, pero el país cuenta con un plazo de gracia de 30 días, que vence a fin de este mes.

Diario La Hora
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