Fiscalización debe ser redoblada ante cuestionados nombramientos

Gobernadores son clave para definir obras del LGO

POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt

A partir de su juramentación, los gobernadores electos el pasado jueves por el presidente, quienes representarán en todos los departamentos del país, su principal reto, de acuerdo a analistas, será el manejo transparente de los Q13.3 millones designados al Listado Geográfico de Obras, que hasta hoy ha sido una de las principales fuentes de corrupción en la administración pública. Las alarmas se encendieron, luego de que se revelara que algunos de los designados por el mandatario fueron contratistas y financistas de su campaña.

_Nac2_1bLa Gobernación es la encargada de convocar y organizar los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), y una tarea fundamental de los mismos es la planificación de los proyectos a ejecutar con los fondos de los Consejos, la cual se hace a través del Listado Geográfico de Obras, explica Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

El analista señala que los recursos que se financian con los fondos de los Codedes han sido la “gran piñata de la corrupción por muchos años”, por lo que se necesita una mejor fiscalización por parte de la representación ciudadana en dichas entidades y de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que hasta ahora ha sido negligente, tolerante, y cómplice con el manejo anómalo de los recursos del LGO.

Álvaro Pop, del Organismo Naleb, explicó en la mayoría de casos hay pactos entre alcaldes y gobernadores, y esto hace que la representación comunitaria sea ignorada, y que la planificación de las obras responda a dinámicas políticas clientelares.

Pop vincula estas dinámicas al financiamiento privado de partidos políticos. “Nosotros hemos hecho propuestas que van de manera radical a la eliminación de la posibilidad del financiamiento privado, porque nos guste o no, el financiamiento privado, por muy pequeño que sea, abre la puerta a que haya toda una serie de compromisos que tienen que cumplir los políticos en su oportunidad y esto tiene que ver no solo con obras, sino con licencias y permisos que los gobernadores autorizan para beneficio de las personas que en este caso, pudieron haber sido financistas del Gobierno o los alcaldes”, indicó.

En cuanto a la elección de excontratistas del Estado y financistas de campaña para gobernadores, Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, señaló que a su criterio el Presidente “debió evaluar más profundamente, porque sí hay un conflicto de interés cuando la persona que está designando tiene intereses privados, ya sea como financista o ya se como contratista”.

Además, para Medina, el problema también reside en que la institución encargada de fiscalizar el manejo de fondos públicos por los Codedes, ha demostrado su incapacidad para hacerlo. “La mayor parte del trabajo de la CGC ha sido hasta hoy: uno, reactivo; dos, en materia documental y no de proceso económico; tres, solo sobre los temas en los que tiene interés. Hasta ahora la CGC no ha dado una claridad sobre un ejercicio que permita que el ciudadano tenga confianza en que los recursos han sido bien utilizados”, explicó.


LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO

Papel de Gobernadores en Consejos
* Presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural.
* Velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución, para lo cual el Ministerio de Finanzas Públicas deberá remitir oportunamente la información que corresponda.


LEY DE CONSEJOS DE DESARROLLO

Funciones de los Consejos Departamentales:
* Proponer al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural la distribución del monto máximo de recursos de preinversión e inversión pública, provenientes del proyecto de presupuesto general del Estado para el año fiscal siguiente, entre los municipios, con base en las propuestas de los Consejos Municipales de Desarrollo, presentadas por los alcaldes respectivos.
* Conocer e informar a los Consejos Municipales de Desarrollo, a través de los alcaldes respectivos, sobre la ejecución presupuestaria de preinversión e inversión pública.