El Ejecutivo decretó un Estado de Sitio que busca acabar con cualquier manifestación opositora al proyecto minero en El Estor, Izabal. Foto: Twitter/HsilvAvalos

El Foro de Organizaciones Sociales y Especializadas en Seguridad (Foss), en el marco del Estado de Sitio decretado esta semana en el Estor, Izabal, puntualizó que la vía más favorable para resolver conflictos territoriales es a través del consenso entre las partes y el fortalecimiento integral de las instituciones de seguridad. Por otro lado, señalaron que los Estados de Excepción han sido poco efectivos para estos fines.

El domingo fue publicado el decreto gubernativo 9-2021, el cual establece un Estado de Sitio en El Estor durante 30 días como respuesta a los conflictos entre las fuerzas de seguridad estatales y poblaciones aledañas al proyecto minero Fénix. El mismo es discutido esta tarde en el Congreso de la República, en donde se aprobará, improbará o modificará la medida.

 

ESTADO DE SITIO DEBILITA EL ESTABLECIMEINTO DE LA PAZ

Para el Foss, uno de los principios fundamentales que sostiene la seguridad democrática y la seguridad integral, radica en el fortalecimiento y perfeccionamiento constante de las instituciones civiles de seguridad, cuyos procesos consolidan al poder civil, donde cada institución tiene su función es complementaria y constitucional.

En ese sentido, una sociedad debe promover la cultura de paz, mediante el diálogo y entendimiento de los valores democráticos.

Por el contrario, los Estados de Sitio han demostrado poca eficacia en la garantía de seguridad en los territorios, según los miembros del Foro. “Está demostrado que los Estados de Sitio, implementados por gobiernos anteriores, no resuelven los problemas de seguridad ni la conflictividad social”, expresaron.

El Estado de Sitio fue implementado por el mandatario Alejandro Giammattei. Foto: Red de Comunicadoras Indígenas Jun Na’oj

El uso reiterado de estas medidas representa, según Foss, el debilitamiento del Estado Constitucional de Derecho. En esta línea consideraron necesario reformar la Ley de Orden Público (1975), porque es “obsoleta e ineficaz”.

A la vez, expusieron que los Estados de Sitio son utilizados para justificar “graves perturbaciones a la paz”, evidenciando que los recursos ordinarios de diálogo y negociación son insuficientes. “No deberíamos tener en vigencia tres estados de excepción a la vez, constituyendo una afectación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Tratado Marco de Seguridad Democrática para Centroamérica”, puntualizaron.

Sumado al uso excesivo de la medida de orden público refirieron que el Estado ha desmantelado las vías para instaurar la paz como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), creada para la gestión de la conflictividad agraria; y la Secretaría de la Paz (SEPAZ), para la atención a la paz y las víctimas.

Asimismo, distinguieron que la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH), encargada de la política de derechos humanos del ejecutivo, se encuentra sin presidente; Se ha manifestado la intención de cerrar la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), institución civil de seguridad presidencial.

 

EL ESTADO HA SIDO INCAPAZ DE SOLUCIONAR CONFLICTOS

La aplicación del Estado de Sitio denota para el Foss una carencia de estrategia y capacidad de manejar la situación por la ruta pacífica. En una situación de conflicto con bases históricas consideraron vital la intervención del Estado bajo un plan conjunto.

Atendiendo la división constitucional de los poderes del Estado, en la que radica la delegación del ejercicio de la soberanía, el Foro instó en un principio al poder judicial a garantizar el acceso a la justicia, a la independencia e imparcialidad judicial, beneficiando a la población en su conjunto, no a intereses particulares.

Al Organismo Ejecutivo, sugirieron evitar el uso de estados de excepción, pues se debe garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan los protocolos del uso de la fuerza y mantengan los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, disponer de las medidas necesarias de control y disciplina sobre sus elementos, evitando los abusos de poder sobre la población y poner en marcha protocolos para evitar los riesgos de contagios frente a la pandemia que azota el país.

Asimismo, los otros poderes del Estado deben realizar su función de pesos y contrapesos y evitar la utilización de los Estados de Sitio. Remarcaron que todas las decisiones deben estar apegadas al Estado de Derecho y, al fortalecimiento de la seguridad democrática.

De manera conjunta con las sugerencias anteriores, enfatizaron la importancia de fortalecer todos los mecanismos de la institucionalidad de la paz para el diálogo, atención a la conflictividad de cualquier tipo, evitar el uso de la fuerza y evitar los ataques al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para fortalecer la cultura de paz.

LA INTIMIDACIÓN NO SERÁ UNA VÍA EFECTIVA

Por último, la agrupación sostuvo que debe prohibirse cualquier actividad de vigilancia, intimidación o amenazas que atenten contra la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos, por parte de personas individuales u organizaciones.

El desmantelamiento del crimen organizado debe darse mediante el uso ordinario y permanente de las fuerzas de seguridad con las herramientas legales existentes y la articulación adecuada entre las instituciones de seguridad y justicia. “Por lo cual, es importante cesar los estados de sitio vigentes y evitar seguir incurriendo en el debilitamiento del ordenamiento democrático”, declararon.

 

Jeanelly Vásquez
Estudiante de periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y entre ratos podcaster. Creo en el feminismo y la lucha por la igualdad social; me interesa la política, medio ambiente y derechos humanos. Estoy comprometida con concienciar a mi generación sobre la importancia de una participación ciudadana activa.
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