POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

La extorsión es uno de los delitos más extendidos en el país, que mantiene su origen en las cárceles de Guatemala, donde prevalece la corrupción y el descontrol sobre los 20 mil privados de libertad.

Entre 2012 y 2015, el Ministerio Público (MP) conoció 28 mil 283 denuncias, de las cuales 28 mil 085 correspondían al delito de extorsión y 198 a obstrucción extorsiva de tránsito.

Sin embargo, detrás de cada número existe una familia o un gremio de trabajadores que vive en zozobra, ante los cotidianos hechos de violencia que han llegado incluso hasta cobrar vidas.

La Hora entrevistó a Raúl Figueroa, fiscal de Sección Adjunto de la Fiscalía contra las Extorsiones del MP para conocer el origen de este delito, los desafíos para investigar, el abordaje de las pesquisas y las muertes de las personas a causa de este flagelo.

La Hora. ¿Cuántas denuncias reciben anualmente por el delito de extorsión?

Raúl Figueroa. Estamos divididos por Fiscalías, cada una de las Fiscalías tiene diferentes cantidades de denuncias. En lo que respecta a la Fiscalía contra las Extorsiones a nivel capital, en 2015 se recibieron mil 270 denuncias. Guatemala es el departamento que recibe el mayor número de denuncias, pero a nivel nacional recibió un promedio de 5 mil 986 denuncias.

L.H. De las más de 5 mil denuncias recibidas ¿todas corresponden al delito de extorsión?

R.F. En muchos casos no siempre corresponde al delito de extorsión, las personas denuncian por deudas o por negación de asistencia económica. El esposo denuncia que le están haciendo exigencias, pero no dice de qué forma, y en el transcurso de la investigación se sabe que no es extorsión, por eso se creó la Fiscalía contra el Delito de Extorsión para que la víctima acuda ante nosotros a presentar la denuncia.

L.H. ¿Qué porcentaje sí correspondía a extorsión, de acuerdo con las denuncias recibidas en 2015?

R.F. Un 90 por ciento.

L.H. ¿Qué desafíos encuentran para investigar las extorsiones?

R.F. El apoyo posterior por parte de la víctima, porque se hacen operativos, se captura, pero después no tenemos víctimas para continuar con los casos. Hay Tribunales de Sentencia que al momento de llevar a una persona a juicio son de la idea que si no hay víctima, no hay delito, a pesar de que es un delito de acción pública, dicen que si no viene nadie a presentar la denuncia no pueden condenar, porque no hay nadie que diga que fue defraudada en su patrimonio. Hemos implementado que si la víctima no va a debate hay otras posibilidades para obtener condenas.

L.H. ¿Han alcanzado sentencias condenatorias?

R.F. Se han obtenido pocas sentencias absolutorias, son más sentencias condenatorias, porque hemos implementado que la misma Ley nos da la facultad de cómo actuar. La víctima declara a través de videoconferencia o a través de anticipo de prueba y eso nos ayuda a que la sentencia sea condenatoria.

Algo que la población cuestiona es por qué ingresan 1 mil denuncias y condenan a 100, pero lo que se ha hecho es que se han unificado varias denuncias. Tenemos que a 50 víctimas las llama el mismo preso, se le condena una vez, pero por las 50 personas, no se le condena 50 veces. Puede ser que se imponga una sanción por cada denuncia, pero aquí sale como si fuera solo un caso.

L.H. A pesar de los esfuerzos que hacen, en el país diariamente mueren personas extorsionadas ¿Qué sucede con las investigaciones?

R.F. En el caso de los transportistas puede ser que sean víctimas, pero no han denunciado. Corremos el riesgo de que si no tenemos víctimas no tenemos a quién llevar ante un juez. Lo que se ha hecho con la nueva administración de Gobierno es tener mejor relación con el Ministerio de Gobernación y por esa razón sacaron más gente a la calle para prevención.

Otro problema que no se ha logrado detener completamente es el Sistema Penitenciario. El mayor número de llamadas sale de las cárceles, desde ahí dan las órdenes.

L.H. ¿En qué porcentaje salen las llamadas de las cárceles?

R.F. Ha bajado un poco, antes se decía que era en su totalidad, ahora podríamos decir que es en un 70 por ciento, desde ahí están dirigiendo a estructuras en la calle, se ha logrado minimizar un poco.

L.H. ¿Cómo se estima que el 70 por ciento de las extorsiones se cometen desde las cárceles?

R.F. Porque contamos con diferentes bases de datos donde se activan ciertos números, ahí se puede determinar de dónde se está generando la llamada extorsiva y cuántas llamadas generan en cierto tiempo.

L.H. ¿Cuáles son las cárceles desde donde sale el mayor número de extorsiones?

R.F. El Preventivo de la zona 18, las cárceles de Fraijanes y El Boquerón.

L.H. Antes se decía que el porcentaje de llamadas de extorsión que provenían de las prisiones era del 90 por ciento, ¿cómo se redujo a 70 por ciento?

R.F. Por los bloqueadores. No es que no funcionen, en algún momento funcionan, y eso es lo que nos ha disminuido el porcentaje. Las empresas de telefonía fueron a verificar que sí había señal en algunos lugares y tomaron las medidas, eso disminuyó un poco.

L.H. ¿Cómo abordaron el delito de extorsión con la gestión anterior?

R.F. En la gestión anterior tratamos de abordar el tema, pero también apoyamos con requisas. Lo que pasa es que cuando llegábamos después de una requisa, había teléfonos otra vez, ahí veíamos que la gestión no daba los resultados que esperábamos.

L.H. ¿Cómo funciona la línea 1574 o contra extorsiones?

R.F. Nosotros le llamamos call center y se implementó el año pasado en la Fiscalía. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y es atendido por personal calificado para dar cierta asesoría a la víctima. Es un número para informar, no para denunciar, ahí la víctima llama y dice que está sufriendo extorsión, sí hay necesidad se le envía equipo de seguridad y la traen para que presente la denuncia.

L.H. ¿Quién atiende esa línea? y ¿cuántas llamadas reciben diariamente?

R.F. Tenemos PNC y MP trabajando al mismo tiempo. Recibimos 20 o 25 denuncias pero no todas son de extorsión, muchas veces las personas denuncian otra cosa.

L.H. ¿Ha contribuido la Superintendencia de Telecomunicaciones en cuanto a lo que le compete, que es sancionar a las empresas de telefonía que incumplan con implementar soluciones técnicas en centros de privación de libertad?

R.F. Esas sanciones no se dan a conocer a la opinión pública, nosotros creemos que sí, pero no hay certeza.

L.H. ¿Qué tipo de coordinación mantienen con la PNC para atender el delito de extorsión?

R.F. Nosotros trabajamos con varios grupos de la Policía, entre ellos, el grupo de la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, que tiene todas las denuncias individuales. Aparte, tenemos un grupo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabaja las estructuras. Existe buena relación.

L.H. ¿Cuántos perfiles criminales han identificado en las extorsiones?

R.F. Algunos son pandilleros, otros son imitadores que se hacen pasar por pandilleros, pero son personas particulares. Hemos tenido varios casos, uno se autodenominaba Juan Olivares y su grupo era un hermano y su esposa. Él decía que era un gran pandillero, en tres meses de investigación logramos unificar 30 denuncias, pero la cifra negra era de mil 500 personas que no denunciaron.

L.H. ¿Estos grupos siguen usando la banca para cometer extorsiones?

R.F. Sí, se ha minimizado, pero siempre se ha dado, los bancos dicen que dan un servicio pero si la víctima no dice que es extorsionada, proporciona el servicio. Se tienen reuniones con la Intendencia de Verificación Especial, ellos están anuentes a reportar todas las transacciones sospechosas a la Fiscalía de Lavado para que se inicien procesos también.

L.H. ¿En qué aspectos cree que deben mejorar interinstitucionalmente?

R.F. Tenemos que llegar a la conclusión que tenemos que velar por el país y no por institución, tenemos que pensar que si queremos mejorar no es solo responsabilidad del MP, Gobernación o la PNC, somos un conjunto que, aunque cada quien hace funciones diferentes, el fin es el mismo, que es minimizar o terminar con ciertos fenómenos criminales.

L.H. ¿Qué llamado le hacen a la ciudadanía para que colaboren con ustedes en las investigaciones?

R.F. Que denuncien y confíen en las instituciones, no todas son como un ciudadano dijo una vez, que creía que el MP trabajaba en piedra. Contamos con los insumos para determinar si la llamada es de un centro carcelario, es repetitiva o, de repente, ya sabemos quién está llamando.

L.H. ¿Qué filtros hay sobre los fiscales que trabajan en esta Fiscalía? ¿Cómo saben si están trabajando adecuadamente?

R.F. A través de la gestión de la Fiscal General, se busca que las personas que ingresen sean calificadas y pasen diferentes pruebas para que sea la persona idónea en el puesto y no que venga porque no funcionó en otro lado. Se busca que quienes trabajan contra las extorsiones estén realmente comprometidos y no que vengan a vacacionar, porque como la víctima espera resultados, el trabajador también debe esperar resultados de cómo ganar un caso.

_Repo6_2a«Algo que la población cuestiona es por qué ingresan mil denuncias y condenan a 100, pero lo que se ha hecho es que se han unificado varias denuncias. Tenemos que a 50 víctimas las llama el mismo preso».

«En la gestión anterior tratamos de abordar el tema, pero también apoyamos con requisas. Lo que pasa es que cuando llegábamos después de una requisa, había teléfonos otra vez, ahí veíamos que la gestión no daba los resultados que esperábamos».

«Denuncien y confíen en las instituciones, no todas son como un ciudadano dijo una vez, que creía que el MP trabajaba en piedra, contamos con los insumos para determinar si la llamada es de un centro carcelario, es repetitiva o de repente ya sabemos quién está llamando».

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