Las autoridades dieron a conocer este caso de defraudación aduanera. Foto La Hora/José Orozco

Por Lourdes Arana/Manuel García
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presentó una denuncia en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, S.A., encargada de la operación de los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”, por la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario, según dio a conocer hoy en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, en conferencia de prensa este lunes.

De acuerdo con la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional Central de la SAT, entre 2017 y 2019, el contribuyente tuvo ventas por el valor neto de Q427,330,530.70, provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito, sin embargo, no reportó tributos.

FECI: “LA BARATA”, SIN REPORTAR MÁS DE Q150 MILLONES EN DOS AÑOS

Según dio a conocer el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, la entidad mercantil no pagó más de Q150 millones en los últimos dos años en tributos.

Al revisar los reportes de impuestos, el mismo asciende a cero quetzales, en lo que respecta a las ventas que se han realizado mediante la utilización de tarjeta de crédito como medio de pago.

La defraudación al fisco asciende a un monto estimado de Q.150,420,347.07 desglosado de la siguiente forma: Q43,587,714.39 de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Q106,832,632.68 de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sandoval indicó que el involucramiento de la FECI se dio porque no se descarta la participación de algún funcionario en estos hechos, pero advirtió que es prematuro aún decirlo.

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SIN REPORTES A LA SAT

Por otro lado, la entidad mercantil, se ha negado en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT, por lo que no ha sido posible realizar la auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de la defraudado, derivado de la naturaleza del negocio, dieron a conocer las autoridades.

FECI PIDE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA REPRESENTANTE POR DELITOS TRIBUTARIOS

La FECI requirió el control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios. También se solicitó la autorización judicial para requerir información a entidades bancarias, añadieron.

Además, se pidió autorización para realizar las diligencias de allanamiento, inspección y registro de bienes inmuebles, secuestro de evidencia (en formato físico o digital) y para extracción de información en dispositivos electrónicos, así como autorización para entregar la información que se obtenga, a los personeros que designe la SAT, para continuar con la auditoría.

Por otro lado, se dio a conocer que existe una orden de aprehensión en contra de Francisco José Barrios Hernández, representante legal y vinculado a la propiedad del comercio, por el delito de defraudación tributaria y a requerimiento de la SAT, el órgano jurisdiccional decretó la medida cautelar de intervención, habiendo discernido el cargo a quien fungirá en dicha calidad.

Francisco Barrios es señalado de los delitos de defraudación tributaria, según resaltó el MP, dichos delitos afectan seriamente las posibilidades de combate a la pobreza, desnutrición, falta de vivienda entre otras graves carencias que padece nuestra población.

SAT DETERMINARÁ SI HUBO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS TRIBUTARIOS

Mientras que el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Díaz Reyes, explicó que «se hizo una investigación secreta» a nivel tributario para detectar la defraudación de la cadena de supermercados.

Díaz resaltó que aparentemente se estructuró una serie de empresas para evadir el pago de impuestos el cual lo calcula en cero. “La SAT detectó el desarrollo de un esquema de creación de compañías para auto facturarse, lo que implica en un delito de apropiación indebida de tributos y por eso la petición de captura de los representantes legales y la intervención de la empresa”.

Agregó que “la investigación empieza y efectivamente habrá una diligencia para determinar si los sistemas y personal de la SAT que participó en auditorías anteriores debió haberse dado cuenta de lo que estaba pasando”.

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