FECI presenta segunda investigación de La Línea: habrían defraudado Q14.3 millones

La FECI develó este día la segunda parte del Caso La Línea, indicando que hubo un conjunto de funcionarios y trabajadores de la SAT, que pudieron incurrir en una defraudación aduanera. Foto: La Hora/José Orozco

POR REDACCIÓN LA HORA
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) develó este día la segunda parte del Caso La Línea, indicando que hubo un conjunto de funcionarios y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que pudieron incurrir en una defraudación aduanera.

La primera parte de esta investigación fue presentada en 2015 por la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la cual están acusados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. De momento, se reportan 26 allanamientos y seis detenidos.

De dichas pesquisas surgieron las nuevas indagaciones, en las cuales la unidad de investigación del Ministerio Público (MP) explicó que se determinó la existencia de un grupo de tramitadores y agentes aduaneros que facilitaron el contacto de los importadores con “La Línea”.

“Esto a través del suministro de un número telefónico, en el cual se realizaban las negociaciones correspondientes al pago de sobornos o ‘colas’ a cambio de liberar los contenedores de las aduanas del país”, añadió la FECI.

Es de resaltar que esa sección del Ministerio Público (MP) señaló que un grupo de importadores tenía contacto con una red de tramitadores aduaneros, que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos de los que les correspondía cancelar.

INTEGRANTES

Las pesquisas de la Fiscalía establecen que tramitadores, coordinadores de rampa y vistas aduaneros se comunicaban y respondían directamente, y de manera jerárquica a otro grupo de personas particulares que no formaban parte de la SAT, que tiene a su cargo las aduanas del país.

“Se determinó que este grupo externo de personas particulares realizaban diferentes acciones para influir al interior de la SAT, con el único objetivo de que los vistas aduaneros realizaran ajustes de manera irregular a los importadores, a cambio de un cobro de ‘cola’ o soborno”, añaden las pesquisas.

Los vistas aduaneros, añadió la FECI, cumplían un papel muy importante, ya que ellos eran los funcionarios que realizaban la verificación falsa de los contenedores que les permitía elaborar un ajuste irregular al impuesto a pagar por parte de los importadores.

“Los coordinadores de rampa como jefes superiores inmediatos coordinaban, supervisaban e instruían a los vistas aduaneros para que realizaran esa verificación falsa a los contenedores previamente negociados”, mencionó la unidad de investigación.

OBJETIVO DE LA ESTRUCTURA CRIMINAL

Según la unidad del MP, el objetivo de esta estructura criminal era organizarse para obtener ganancias ilícitas a través del control del sistema de aduanas, particularmente de la sede Central, Puerto Quetzal y Santo Tomás.

“La modalidad delictiva utilizada, ofrecía al importador un método para cancelar impuestos menores de los debidos, a cambio de un soborno, generando con ello un perjuicio significativo al erario público y unas ganancias ilícitas para todos los miembros de la organización criminal”, agregó la FECI.

Según la FECI, el objetivo de esta estructura criminal era organizarse para obtener ganancias ilícitas a través del control del sistema de aduanas. Foto: José Orozco/La Hora

La forma de operar de esa estructura, indican las investigaciones, era cambiar de calidad de la mercancía en la declaración de importación y colocaban una cantidad más baja, además, se tenía reportes internos dentro de la organización criminal.

Así también, las pesquisas precisan que ese grupo contaba con la posibilidad de negociar y determinar el cobro en concepto de ajustes de impuestos y de cobros ilícitos, como también la documentación de reuniones entre miembros de la estructura externa y la interna.

COORDINADORES, CONSOLIDADORES Y DESCONSOLIDADORES

La FECI sostiene que coordinadores o supervisores de rampa, se desempeñaban como intermediarios entre el encargado de La Línea en la Aduana Santo Tomás de Castilla, y los vistas, para que estos tuvieran el control sobre las declaraciones de mercancías o contenedores.

“La investigación determinó que los coordinadores o supervisores de rampa, eran los encargados de recibir los montos de dinero equivalente al porcentaje que le correspondía a su turno respectivo, dinero que era entregado en efectivo, personalmente por el encargado externo de La Línea”, afirmó la Fiscalía.

En el caso de la aduana de Santo Tomás de Castilla, el encargado externo, era, expuso la unidad del MP, Jorge Alfredo Guillén Sagastume, cuyo dinero debía ser repartido a cada vista aduanero para su turno respectivo.

De igual manera, las averiguaciones detallan que se involucraron en estos procesos consolidadores y desconsolidadores. Los primeros se encargan de contratar en nombre propio servicios de transporte internacional de mercancías.

Los segundos son los encargados de realizar la actividad que permite el ingreso de mercadería al territorio guatemalteco, por medio de la desagrupación de lo contenido en los embarques previamente consolidado, bajo un mismo documento de transporte.

“Se estableció la existencia de tres sistemas empresariales que operaron alrededor de empresas desconsolidadoras, las cuales fueron utilizadas para trasladar carga hacia Guatemala, desde Panamá o Miami, para su importación”, refirió la FECI.

“Cada empresa estaba controlada por un individuo que orquestó su asociación a la organización criminal La Línea, obteniendo beneficios económicos recíprocos, para egresar negociados sus contenedores de las aduanas”, detallan las pesquisas.

La FECI sostiene que coordinadores o supervisores de rampa, se desempeñaban como intermediarios entre el encargado de La Línea en la Aduana Santo Tomás de Castilla. Foto: La Hora/José Orozco

En esa línea, las investigaciones también dicen que los consolidadores pudieron haber manipulado facturas presentadas como respaldo del contenido de los contenedores consolidados, “al extremo de crearlas por completo, con mercancía, cantidades y precios que no corresponde a lo importado”.

LOS REDITOS

Según detalló en la conferencia de prensa el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, en total se cobraron al menos Q5 millones 127 mil en concepto de “cola” y la defraudación al Estado asciende a Q14 millones 315 mil 429.49.
Sandoval añadió que dentro de los medios de investigación, se realizó un trabajo de seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, así como declaraciones en calidad de anticipo de prueba como la del colaborador eficaz Jorge Alfredo Guillén Sagastume.

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Según Sandoval, se determinó la existencia de tres sistemas empresariales desconsolidadores que eran utilizadas para trasladar cargas hacia Guatemala. En ese sentido, señala a 3 personas, dentro de las que se identificó a William Campbell, Selvyn Abdiel Palma y Salvador Montenegro Brol.

Agregó que se manipularon facturas y en algunos casos ellos mismos elaboraban esos documentos y simulaban que una empresa guatemalteca era quien hacía la compra. Con ello, conseguían pagar impuestos aplicados pero bajos, así como falsos valores unitarios.

El Jefe de la FECI, menciona se encontraron evidencias a través de comisiones ilícitas, así como manuscritos que vinculan a una de las empresas referidas, la cual se identifica como Marmota, S.A.

SEÑALADOS

EMPRESAS ALLANADAS