FECI plantea antejuicio contra magistrado Rojas por caso vinculado a Gustavo Herrera

Ranulfo Rojas (último de izquierda a derecha) hasta hace poco era magistrado de la CSJ. En la foto, junto a otros magistrados en el Congreso de la República. Foto La Hora/archivo

Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este jueves una solicitud de retiro de inmunidad contra el magistrado Vocal I del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y hasta hace poco magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, para que pueda ser investigado por los delitos de obstrucción de la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por presunta vinculación en el caso Fénix relacionado a Gustavo Herrera.

Según los indicios presentados por esa Fiscalía, el magistrado del TSE, Ranulfo Rojas, pudo haber cometido esos delitos cuando fungía como oficial del Ministerio Público (MP), al tener control sobre expedientes que “tienen como común denominador” al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y una estructura liderada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo.

Rojas Cetina pudo haber retardado intencionalmente las acciones penales dentro del caso en beneficio de los sindicados, ya que, al no avanzar los procesos, la determinación de la responsabilidad penal quedó impune en favor de estos, explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

“El magistrado Rojas Cetina dentro del marco de sus atribuciones como agente fiscal del Ministerio Publico, realizó en distintos tiempos dentro de los expedientes asignados, actos encaminados a promover impunidad a los actores, tal es el caso que inobservó el mandato constitucional que en todo momento debe de garantizar el Ministerio Publico en cuanto a velar por el estricto cumplimiento de las leyes y garantizar el debido proceso”, argumentó el MP.

La entidad agregó que: “Los expedientes sobre los cuales el magistrado Rojas Cetina tuvo poder de decisión por haber ejercido el cargo de agente fiscal, tienen como común denominador al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la estructura liderada por Gustavo Adolfo Herrera Castillo, lo que presume que sus acciones estuvieron dirigidas a retardar intencionalmente las acciones penales dentro del proceso en beneficio de los procesados, ya que al no avanzar los procesos, la determinación de la responsabilidad penal quedó impune en favor de los mismos”.

El magistrado Rojas Cetina, también prestó servicios profesionales al IGSS, por lo que la FECI considera necesario ahondar más en la investigación a efecto de determinar el tiempo, modo y lugar en los cuales pudo haber estado relacionado con el querellante y los procesados; al levantarse la inmunidad a Ranulfo Rojas, se podría establecer si tuvo alguna participación en estos hechos, añadió.
“Esto adquiere sentido, ya que previo a ser fiscal del Ministerio Publico, el magistrado Rojas Cetina, prestó servicios profesionales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo que hace necesario ahondar más en la investigación a efecto de determinar el tiempo modo y lugar en los cuales pudo haber estado relacionado con el querellante y los procesados y al levantarse la inmunidad del magistrado Rojas Cetina, se podrá establecer sin lugar a dudas, si tuvo alguna participación en los hechos relacionados”, remarcó en el comunicado.

Asimismo, destacaron que el delito de obstrucción de justicia por parte de cualquier funcionario público o ciudadano afecta particularmente la labor de investigación y persecución penal del Ministerio Público, constituyéndose en uno de los principales escollos en el combate a la corrupción e impunidad.

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ANTECEDENTES

Según las investigaciones de la FECI y en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se determinó la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.

Éstas se realizaban mediante operaciones y personas que fueron detectadas desde 2003, pero no sentenciadas por ese delito, incluyendo varios actos realizados por personas que, a lo interno del Organismo Judicial, Ministerio Publico y otras dependencias del Estado, realizaron una serie de actos que estuvieron encaminados y dirigidos a garantizar impunidad en los involucrados, explicó el MP.